Más de veinte años pasaron, pero en los registros del Consejo Deliberante marplatense quedaron plasmados los enfáticos argumentos del entonces concejal Fabián Fernández Garello a favor de Alfredo Astiz, durante la sesión en la que este genocida fue declarado persona no grata en el municipio de General Pueyrredón. El actual fiscal general de Mar del Plata sostuvo entonces que “nos cabe de aquí en más impedir que sigamos revolviendo en el tacho el ‘efluente’ porque tenemos que pensar en un sistema democrático hacia el futuro”. Fernández Garello fue denunciado hace un mes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que lo acusó de crímenes de lesa humanidad originados en sus tareas de espionaje en la Policía Bonaerense durante la dictadura. “Estas actas muestran su desempeño político, que en pleno menemismo defendía la reconciliación con genocidas como Astiz y pedía olvidar el pasado, y evidencia una coherencia a lo largo de su vida”, dijo a PáginaI12 la directora general de la CPM, Sandra Raggio. El organismo había pedido su juicio político ante la Procuración y la Corte Suprema bonaerense.

La semana pasada Fernández Garello hizo su descargo ante el Máximo Tribunal y admitió haber actuado como agente en la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dippba) durante la dictadura, pero negó haber participado en los 17 episodios de espionaje que menciona la Comisión en su acusación, que está basada en los propios documentos de la Dippba del Archivo Provincial por la Memoria, que la CPM custodia por ley. PáginaI12 pudo saber que estas pruebas fueron bien ponderadas por sendos juzgados federales donde tramitan las causas que involucran al jefe de los fiscales marplanteses, entre otros represores: la referida al secuestro, tortura y asesinato de la militante del PST Ana María Martínez, y el expediente por el secuestro y tortura de militantes del Partido Comunista. El fiscal de esta última causa estaría evaluando la imputación concreta contra Fernández Garello.

Al momento de denunciarlo, desde la CPM precisaron también que su actuación como fiscal tampoco se había destacado por la defensa de los derechos humanos. “Este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años los casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, no cumplían con la acordada que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro”, dijo Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. “Claramente protegía el accionar policial ilegal, nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias”, agregó. En este sentido es que Raggio hablaba de la “coherencia” del fiscal.

Fue el actual juez de la Corte bonaerense Eduardo Pettigiani quien sacó a Fernández Garello de la policía y le dio empleo en la Dirección General de Administración cuando él era Secretario de Seguridad en tiempos de la gobernación de Eduardo Duhalde. Cuando Pettigiani fue candidato a intendente en Mar del Plata, Fernández Garello fue electo concejal del PJ. Tras la reforma de 1998 al Código de Procedimiento Penal provincial fue elegido, finalmente, fiscal general de la ciudad balnearia. Poco antes, en su paso por el Consejo Deliberante marplatense, no se privó de pronunciarse a favor de Astiz. “Indudablemente este señor ha sido actor de un proceso de violencia pero no ha sido el único, y qué tamaño debería tener la lista de aquellos que debiéramos declarar personas no gratas, me parece que el capitán (sic) Astiz ha sido objeto del repudio de cuanto cristiano está suelto en esta tierra”, dijo en el recinto Fernández Garello. Y calificó de “agresión ilegítima” al escrache que el ex capitán de Marina había sufrido poco antes en Bariloche. El entonces concejal se permitió expresar que “quizás debiera tener un familiar desaparecido para pensar de otra manera”, tras lo cual ratificó que votaba en contra de que Astiz fuera declarado persona no grata para no seguir revolviendo “el efluente”.