Carta de lectores

Casco

Ante el intento de intimidación realizado contra el equipo de abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud por parte del médico Raúl Félix Rodríguez ‑del Instituto Médico Legal‑ y sus abogados, en el marco de la causa donde se investiga la desaparición forzada de Franco Casco; la familia de Franco y las organizaciones sociales, políticas, partidarias, sindicales y de derechos humanos que venimos acompañando la lucha por esclarecimiento y justicia manifestamos nuestro repudio y nuestra solidaridad con los compañeros que ponen su profesión al servicio de las causas populares.

Desde los primeros momentos de la investigación denunciamos las irregularidades en la intervención del Instituto Médico Legal. Por eso solicitamos la realización de una nueva autopsia, que fue autorizada por el Juzgado Federal a cargo de la investigación. La misma dio resultados disímiles a las conclusiones arribadas por el IML de Rosario, señalando la presencia de lesiones traumáticas compatibles con la aplicación de tormentos, torturas y golpes a Franco durante su detención en la Comisaría séptima.

Todas las manifestaciones públicas vertidas por la querella se sostienen en las constancias obrantes en el expediente, y han sido puestas a consideración del Juzgado que entiende en la causa.

La intimidación y solicitud de cese en las acusaciones penales por parte del IML a un letrado de una de las querellas viola numerosas garantías constitucionales y convencionales insertas en numerosos tratados y pactos internacionales que garantizan la protección e inmunidad tanto para la familia, testigos y abogados de las familias víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Dicha garantía y protección alcanza a las declaraciones y planteos tanto judiciales como públicos hechos por los abogados. Es la familia por sí misma y también sus abogados quienes se manifiestan públicamente y demandan investigación, identificación de los culpables, sanción, condena y justicia por sus seres queridos.

No es esta la primera causa de violencia estatal en la que se cuestiona la intervención del Instituto Médico Legal de Rosario.

Asamblea por los derechos de la niñez y juventud