“Todas las medidas que adoptó el Gobierno fueron para desviar la investigación” denunció hoy Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, acerca de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado después de la represión en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. En diálogo con el programa Toma y Daca por Radio El Mundo (AM 1070) Chiller apuntó también contra Guido Otranto, el exjuez de la causa separado esta semana, al señalar que “realizó medidas pero incompletas o tarde”.
A casi dos meses de la desaparición de Maldonado, la Justicia admite como punto de partida aquello que tanto la familia como los organismos de Derechos Humanos, entre ellos el CELS, vienen sosteniendo desde el primer momento: “Ya está probado que Santiago estuvo en la comunidad, en el corte de ruta el día 31 y el día 1, que hubo un operativo extraordinariamente violento anunciado el día anterior por el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, sin orden de allanamiento, sin justificación por flagrancia. Es decir: recién ahora la Justicia confirma lo que venimos diciendo desde el primer día.”
Chillier criticó el rol que hasta ahora ha tenido el Ministerio de Seguridad. Un papel desproporcionado si se considera “que no es parte en el proceso, sino más bien debería actuar tan solo como auxiliar de la Justicia”. Sin embargo, “da la impresión de que controla la investigación. Esto es complejo teniendo en cuenta que está sospechada una fuerza que pertenece a su órbita tanto como algunos de sus funcionarios”.
Con respecto al juez Guido Otranto, recientemente apartado de la causa, Chillier consideró que “no fue eficaz”. En línea con las palabras de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en el comunicado con el que se está convocando a la manifestación del 1 de octubre, cuando se cumplan dos meses de la desaparición, el directivo del CELS dijo que “el Estado fracasa. No ha brindado ni verdad, ni justicia, a la familia ni a la sociedad”. Además haber arrojado en una entrevista con el diario La Nación que la hipótesis principal era que Maldonado se había ahogado “y que además la familia se entere por los medios” supone por parte del magistrado “una falta de sensibilidad grave”.
El accionar del gobierno tanto como el de la justicia ha permitido “seguir debatiendo de manera infame hipótesis promovidas desde el Ministerio de Seguridad, sin ninguna base fáctica en la causa”, como la versión de que había sido visto en Entre Ríos o que había sido apuñalado por un puestero en una estancia en Chubut.
Este comportamiento en el caso de la ministra Bullrich para Chillier no desentona con la que hasta ahora ha sido una forma recurrente de responder frente a otros casos de violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad: “Del mismo modo lo hizo frente al paradigmático hecho de represión feroz de Gendarmería de la murga Los Reyes del Ritmo a principios de 2016”. Entonces la ministra se plegó rápidamente a la versión de esa fuerza según la cual había habido un enfrentamiento. Sin embargo, a las pocas horas, “las fotos mostraron una represión brutal contra un grupo de niños”. A lo largo de su desempeño al frente de Ministerio, Bullrich ha optado por “dar siempre una respuesta corporativa, que es la peor respuesta posible”.
