Sonia Ivanoff, abogada del lonko de la comunidad mapuche de Cushamen, Facundo Jones Huala, cuestionó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal por la restricción a sus visitas en la Unidad 14 de Esquel. No pudo verlo ayer el obispo apostólico de Aysen, Chile, Luis Infanti de la Mora, como tampoco el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel.
“El lonko Facundo Jones Huala, preso por la recuperación ancestral de sus tierras, está sufriendo un encarcelamiento político, pero el Estado no lo reconoce. Me voy muy decepcionado con las autoridades y con el Ministerio de Seguridad por no haberme dejado ingresar para visitar a este joven mapuche que lo único que hizo fue poner en práctica el artículo 75 (de la Constitución) que habla del reconocimiento de sus territorios”, dijo Pimentel en un mensaje grabado en la puerta de la unidad penitenciaria.
“El año pasado hubo un juicio por un pedido de extradición a Chile, que fue declarado nulo por diversas irregularidades, entre ellas por la tortura a testigos –dijo Jones Huala en una entrevista reciente con Páginai12–. Fui liberado y esa causa está ahora en la Corte Suprema. Pero me volvieron a detener en junio por la misma causa, no se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, lo cual demuestra que es un hecho político. Mi detención se dio el mismo día de la reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet. La misma prensa oficialista dio cuenta que hablaron de la situación mapuche y de mi extradición. Nuestra lectura es que se trata de un montaje político y judicial.”
El juez federal Gustavo Villanueva analiza la prueba para ver si avanza o no el juicio de extradición contra Jones Huala, iniciado por Chile por un incendio. Su abogada también lamentó que le hayan impedido proseguir sus estudios.
El 1 de agosto Santiago Maldonado desapareció en medio a la represión de la Gendarmería, tras un corte de ruta del que había participado y en el que la comunidad mapuche de Cushamen exigía la liberación de Jones Huala. El lonko, a través de su abogada, manifestó gran preocupación por las torturas que padecieron los testigos del caso, entre ellos Matías Santana, en ocasión del barbárico operativo encabezado el lunes 18 por el juez federal Guido Otranto, durante el cual Santana y otros peñi (hermanos) permanecieron en el piso con las manos precintadas en la espalda durante doce horas. Ayer Santana denunció a ese juez, con el patrocinio del abogado Pimentel, de la APDH.
