El titular de la Uocra-La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, se entregó anoche a la Justicia al final de un agitado día en el que se atrincheró por seis horas en la sede de su gremio, en un intento de evitar ser detenido. El pedido de captura fue librado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en una causa por presunta extorsión al Estado nacional. Al dirigente se le imputan además otros delitos, como lavado de dinero y asociación ilícita. 

A principios de este mes, la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, había denunciado al dirigente por extorsión a raíz de un tiroteo y una serie de presiones que retrasaron las obras de la estación del ferrocarril Roca en Parque Pereyra.

Los hechos que dieron origen a la causa empezaron con una disputa de la Uocra de La Plata con la seccional de Quilmes-Florencio Varela. Según la acusación, un grupo del sindicato platense entró a los tiros a un obrador de los trabajos de electrificación del ferrocarril, en la estación Pereyra, que realizaban obreros la otra seccional. El choque obligó a paralizar las obras. Después de algunas negociaciones, las seccionales llegaron a un “acuerdo” sobre quiénes iban a ejecutar el trabajo. 

Poco después de ese episodio, la seccional de Medina comunicó a la empresa concesionaria que se habían dado una serie de incrementos en los costos que debían ser imputados como “gastos extraordinarios” para poder continuar con las obras. Este es el punto donde la fiscal advierte el delito de extorsión. Para Cavallo, hubo una “sugestiva nueva exigencia dineraria” que carecía de toda “proporción”. La fiscal señaló que el Estado nacional ya había adjudicado a la empresa Coninsa SA la construcción de los andenes “en base al pliego oportunamente tramitado” por lo que “ya no era posible efectuar una nueva licitación para su construcción, no sin antes paralizar por varios meses nuevamente las obras, en desmedro del amplio abanico poblacional que utiliza el sistema ferroviario”. 

Medina también está siendo investigado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Otro de los hechos por los que fue denunciado refiere a su relación con la empresa de catering Abril, contratada para la provisión de los desayunos y almuerzos de los trabajadores en las obras, pero que se sospecha pertenece a allegados al dirigente, que lograba que fuera contratada por medios coercitivos.

Ante las versiones de que el dictado de la detención era inminente, el lunes a la noche el dirigente se refugió en la sede de su seccional y amenazó con “prender fuego la provincia” si era detenido. Durante la jornada de ayer, frente al edificio se reunieron miles de trabajadores de la construcción, que permanecieron quemando gomas en la calle. Medina dio una conferencia de prensa. “Tengo información sobre que el Presidente reunió a todo el gabinete para que me armaran una causa”, denunció. También sostuvo que la acusación tiene el objetivo de avanzar sobre las organizaciones gremiales y pidió el respaldo de la CGT. “No me voy a presentar ante una Justicia mentirosa. Porque hoy vienen por el Pata Medina pero mañana vienen por otro”, dijo.

Sin embargo, la conducción de la Uocra nacional tomó distancia, y en una solicitada señaló que “no convalida prácticas que no honren el legítimo e idóneo ejercicio de la función sindical” (ver solicitada aparte).

Medina ya había estado preso a principio de 2001, por los mismos delitos que se le imputan ahora, como presuntas amenazas, extorsión y coacción. Su seccional es conocida por sus violentos enfrentamientos con otras delegaciones de la Uocra por disputas sobre los cupos dentro de las obras. 

Junto con la orden de detención, Armella dispuso una treintena de allanamientos a propiedades del dirigente y edificios del sindicato. El juez también tiene su archivo: es el mismo magistrado que en 2012, a cargo del monitoreo del saneamiento de la cuenca del Matanza-Riachuelo, fue acusado de contratar empresas con sobreprecios para las obras. Por esas denuncias la Corte Suprema lo separó de su función en Acumar.

Anoche, Medina se entregó en su casa de Punta Lara –uno de los seis inmuebles de su propiedad–, que había sido rodeada por un impresionante operativo de seguridad. Lo trasladaron al penal de Ezeiza, desde donde hoy lo llevarían a Quilmes para su declaración indagatoria.