Una multitudinaria asamblea contra “la muerte del cine nacional”. Ese acto cívico tuvo lugar anoche en un cine Gaumont repleto de trabajadores y referentes del mundo audiovisual que se mostraron en estado de alerta por una resolución que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) acaba de anunciar. Se trata de la resolución 942/2017, firmada por Ralph Haiek, presidente del ente rector de la actividad, que condiciona el acceso a créditos con cláusulas que los referentes del sector consideran “imposibles de cumplir”. Luego de una también masiva marcha que partió desde el Incaa y terminó en la sala oficial más importante del país, algunos de los máximos emblemas de la cinematografía nacional destacaron la importancia del reclamo. Uno de ellos fue el director Luis Puenzo, impulsor de la Ley de Cine aun vigente, que sostuvo con vehemencia y entre aplausos que “lo que le está pasando al cine argentino, por el lugar que éste tiene en el mundo, se convierte en una problema internacional” (ver aparte).

“Cada vez es más clara la falta de políticas del Incaa, que debería cuidar a las películas desde su inicio hasta su destino final, el de la exhibición. Propongo empezar de adelante para atrás, salir a pelear por la promoción, porque sin exhibición no es posible la producción”, sostuvo Puenzo, quien también atacó a la flamante resolución. En sintonía con su colega habló Adolfo Aristarain, que dijo que todas las políticas de esta gestión van “en contra de la cultura” y que “sin el apoyo del estado en la Argentina no se puede hacer cine” por las características específicas que tiene aquí el mercado. 

Con la presencia de otras destacadas personalidades del cine como Benjamín Avila, Fernando Spiner y los actores Lautaro Delgado, Osmar Nuñez y Luis Ziembrowski, entre muchos otros, y de representantes de todas las asociaciones que conforman la Mesa de Directores Cinematográficos Argentinos, la Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual, y la Coordinadora de Estudiantes de Cine de todo el territorio nacional (suman más de 16 mil), la comunidad audiovisual resolvió un plan de lucha que además de pedir por la derogación de la flamante resolución tendrá otros focos de acción. Las movidas comenzarán este domingo coincidiendo con la celebración de la Semana del Cine Argentino, organizada por el Incaa y el Ministerio de Cultura nacional. Allí se llevarán a cabo acciones de comunicación para desarticular las operaciones de prensa de los que ayer fueron definidos como “servidores de la posverdad”, en referencia a Luis Majul, que el fin de semana centró su programa en denuncias de corrupción del instituto que ya estaban en la justicia. 

En concreto, la cuestionada resolución publicada el pasado 18 de septiembre en el Boletín Oficial convierte a lo que hasta ahora se definía como “fomento a la producción” en “financiamiento”, lo que según los trabajadores transforma al ente en un “órgano crediticio más preocupado por recaudar que por sostener una actividad cultural”. Según se advierte en el decreto, también se modifica el modo en el que se otorgan los subsidios, de modo que sólo el 20 por ciento del total se adjudicaría a las productoras inmediatamente después de aprobado el proyecto, mientras que el resto del crédito se otorgaría una vez que las empresas den cuenta de esa serie de requisitos que los realizadores definieron como “descomunal”. De este modo, lo que teme la comunidad cultural es que sólo las productoras grandes, aquellas que puedan afrontar los costos de producción sin necesidad del apoyo inicial del instituto, van a poder filmar, comprometiendo a las más de 150 películas de pequeñas y medianas productoras que por año da el cine nacional.

“Todo esto pasa por medir el resultado del cine por la cantidad de espectadores, algo que es una mentira teniendo en cuenta que estamos en un sistema de distribución concentrado en cuatro empresas de capitales norteamericanos. Si sólo se privilegia a las productoras locales que venden más, se va a destruir a todo un sector audiovisual que trata temas con mucha profundidad”, expresó Fernando Krichmar, referente de Documentalistas Argentinos (DOCA) y uno de los que se puso al hombro la extensa jornada de ayer. Más temprano, en una conferencia de prensa que también convocaron los realizadores, el director había dicho que “con el criterio de lo que vende y lo que no, como país deberíamos producir sólo soja. Posiblemente sea la idea del gobierno, pero nosotros no lo podemos permitir porque el cine es patrimonio nacional de nuestro pueblo”.

Krichmar es uno de los referentes elegidos para conformar el próximo cuerpo del Consejo Asesor, el órgano de cogobierno del Incaa que actúa como garante del funcionamiento democrático en la asignación del Fondo de Fomento Cinematográfico y que no funciona desde junio porque Mauricio Macri no firma las designaciones correspondientes. Anoche, mientras se producía la asamblea en el Gaumont, desde el Incaa convocaron a los miembros designados a una reunión con las autoridades que se llevará a cabo el lunes en la sede del ente rector. Frente a esta convocatoria evidentemente surgida luego de la fuerte reacción del sector, la comunidad también votó por la realización de una movilización, que se hará fuera del edificio mientras se desarrolla el encuentro. 

En abril de este año la comunidad cinematográfica ya se había movilizado intensamente para alertar sobre el peligro que correría, con una eventual intervención del Incaa, aquel Fondo de Fomento Cinematográfico, que por ley vehiculiza la recaudación destinada a la producción y el fomento de la industria. El contexto de aquel momento alimentaba aquel temor, ya que por distintas presiones mediáticas y operetas el entonces titular del Incaa, Alejandro Cacetta, había sido forzado a renunciar. La reducción del Fondo de Fomento (todavía) no ocurrió, o al menos no de forma “oficial”, pero las movidas de esta última semana confirman que la nueva gestión del instituto tenía nuevos planes para el cine y no precisamente orientados a ampliar la oferta cultural. 

Más allá de lo puntual de la flamante resolución, los presentes en la asamblea y en la conferencia que se realizó a la mañana coincidieron en denunciar un “plan sistemático” para destruir la totalidad del cine nacional. Así, la subjecución presupuestaria, las operaciones mediáticas, el retraso en los pagos, el desmantelamiento de los distintos programas del Incaa y el vaciamiento del Consejo Asesor fueron algunos de los temas que aparecieron recurrentemente y que tomaron forma de pancartas en la masiva movilización.

“La situación de vaciamiento es total y no sólo refiere a la capacidad de producción. Todo se está viendo afectado por esta clara intención de eliminar todo aquello que no da ganancia, incluyendo nuestras funciones como trabajadores del Incaa y del sector audiovisual”, expresó temprano el delegado general de Ate Incaa, Camilo Moreira, que recordó los cuatro despidos de junio y volvió a pedir por su reincorporación. “El 31 de diciembre vencen los contratos de 300 trabajadores más que están empleados bajo distintas modalidades de precarización, por lo que nos mantenemos en estado de alerta hasta que nos garanticen su continuidad”, alertó. 

“Lo urgente ahora es derogar esta disposición pero luego de eso habría que revisar todo el Plan de Fomento, porque todo es un gran paquete para que no haya más cine nacional”, consideró por su parte Virna Molina, de la asociación Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI), quien se mostró muy preocupada por los que denominó intereses “oscuros y contradictorios” del instituto nacional. “Sobre la resolución, es más que evidente que está hecha por gente de leyes con el objetivo de asfixiar la Ley de Cine (la 24.377) y no por gente que hace cine. Nadie que trabaje en el mundo audiovisual podría haber redactado una cosa así, porque implica ponernos una soga al cuello a todos los que queremos realizar”, sentenció. 

El jueves por la tarde, la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, que surgió en 2015 a raíz de la grave crisis de la producción de ficción nacional, presentó un pedido de reconsideración en la mesa entrada del Incaa, que debería ser respondida por escrito por Haiek en las próximas horas. Luego de la movilización de ayer, los trabajadores de la industria esperaban que el funcionario llamara a una conferencia pública para explicar sus últimas decisiones y dar marcha atrás con la resolución. Consultados por PáginaI12, en caso de negativa, los referentes no descartaron continuar con “movidas artísticas, políticas y jurídicas” para frenar esta situación. “Si el gobierno no da marcha atrás, lo que conocemos como cine nacional simplemente no va a existir más”, sentenciaron.