La reforma laboral implementada por el gobierno de Brasil avanza sobre los derechos sociales obtenidos por los trabajadores en el último siglo y medio. Eliminación de horas extra, inestabilidad en las horas de trabajo y su paga, dificultad para acceder a la justicia laboral, la ausencia de responsabilidad patronal frente a los accidentes de trabajo, reducción de horario de almuerzo, pago voluntario de la cuota sindical, son algunos de sus puntos explícitos. Sin embargo, el más grave es que “lo acordado valga sobre lo legislado”, una forma elegante de señalar que la empresa le puede hacer firmar al trabajador cualquier condición de trabajo y salario, violando todas las normas laborales.
Ese retroceso social en Brasil es señalado como un ejemplo a imitar por parte del establishment argentino. “Viendo la reforma laboral brasileña, Argentina puede imitarla, salirse del Mercosur o resignarse a perder millones de empleos”, tuiteó el gerente y accionista minoritario de la empresa Mercado Libre (radicada en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos), Marcos Galperín. Desde el gobierno le bajan el tono al proyecto de reforma señalando la vía del gradualismo y enfatizando que el problema no es tanto el salario sino las cargas sociales y otros adicionales.
Al respecto, los datos de costo laboral recopilados por la organización corporativa The Conference Board señalan lo contrario. El costo laboral en el sector formal de la industria argentina por una hora de trabajo fue 9,97 dólares más elevado que en Brasil entre 2014 y 2015. De esa diferencia, 9,45 dólares se explica por los salarios, 1,34 dólar por beneficios (aguinaldo, vacaciones) y sólo 0,51 dólar por aportes a la seguridad social. En la comparación con México, el costo laboral unitario argentino fue 12,89 dólares más caro, de los cuáles 11,43 dólares corresponden a salarios y sólo 1,47 dólar a aportes para la seguridad social. Con esa información, está claro que la opción “gradualista” es sólo una estrategia para evitar el rechazo de la población hacia la reforma. La política gubernamental es ir primero por las “mafias” (instituciones) que regulan el mundo laboral: sindicatos, fuero laboral, convenios colectivos. Para, ya con el campo despejado, poder avanzar sobre el objetivo real: el salario.
Tal como señala Galperín, defender el salario argentino en el marco de un acuerdo de libre comercio con un Brasil que avanza sobre los derechos sociales de sus trabajadores, se vuelve cuesta arriba. Pero “imitarla” implica avanzar en una carrera de competencia regional por el empobrecimiento recíproco, que terminaría por derrumbar el mercado regional y desalentar las inversiones, dado que nuestra ubicación geográfica no es adecuada para una inserción exportadora a la “china”. La alternativa a una disolución del Mercosur es la incorporación de aranceles compensatorios al dumping social implícito en la nueva regulación laboral brasileña. Una estrategia que no está en la agenda liberal de los gobiernos de Argentina y Brasil.
@AndresAsiain
