“El Mercosur es un sujeto de derecho internacional y los Estados parte está obligados por sí mismos a cumplir el Tratado de Asunción y otros textos fundacionales”, asevera textualmente una resolución votada de forma unánime por los diputados del Parlasur horas antes de conocerse la suspensión de Venezuela del bloque regional, en la que instan a los países miembros a “resolver sus diferencias y controversias a través de los mecanismos institucionales previstos”. La reacción del Parlasur, muy crítica ante la decisión decretada ayer por los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, denuncia a la vez la “situación irregular del funcionamiento institucional del Mercosur” en relación a los ataques que sufrió la administración de Nicolás Maduro desde que se hizo cargo de la presidencia pro témpore del organismo. Mas explícito, el presidente del Parlasur, Jorge Taiana, aseguró a PáginaI12 que “la decisión de suspender a Venezuela es un ataque al pueblo venezolano, a las autoridades de ese país, al Mercosur como herramienta de integración de los pueblos y al proceso de integración latinomericano en su conjunto”.

El señalamiento del Parlasur sobre la situación “irregular” en el Mercosur no es casual, y se inscribe en el proceso abierto desde la destitución de Dilma Rousseff y la posterior asunción de Michel Temer. El canciller de ese país, José Serra, dejó en claro que el Mercosur es “un lastre” para su país y, en paralelo, calificó al gobierno de Maduro como un “régimen autoritario”. Desde Caracas dijeron ayer que la decisión viola no sólo el tratado de Asunción -con que se fundó el Mercosur en 1991-, sino también el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto y el propio tratado de adhesión del país al Mercosur, de 2006.

En línea con esos argumentos, el Parlasur pidió a los países miembros que “preserven y protejan” la institucionalidad y “resuelvan sus difererencias a través de los mecanismos normativos vigentes”, es decir, que se abra una instancia de diálogo. La resolución exige también “normalizar de manera inmediata el funcionamiento del Mercosur”.

El comunicado emitido ayer por las cancillerías de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay apela en los argumentos de la decisión a la Convención de Viena sobre tratados internacionales pero no hace alusión alguna a la normativa vigente del Mercosur. “Es realmente vergonzoso”, sentenció en diálogo con este diario el Presidente la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Guillermo Carmona. “Los cancilleres aseguran que Venezuela incumple con el Mercosur, pero son Brasil y Argentina los que desde hace meses violan sistemáticamente los principios básicos impulsando la apertura comercial con el Pacífico”, sostuvo, y agregó que el comunicado “es una brutalidad desde el punto de vista del derecho internacional”.

El mecanismo utilizado para la suspensión de un país del bloque fue en el caso de Paraguay -tras el golpe institucional que derrocó al gobierno de Fernando Lugo- el protocolo de Ushuaia, que habla del “compromiso democrático”. Ese mismo mecanismo no se utilizó en el caso del derrocamiento de Rousseff en Brasil. “Temer y Macri tenían la decisión tomada de expulsar a Venezuela desde mucho antes. Lo que han hecho ahora es buscar un pretexto falaz para lograrlo”, afirmó Carmona, para quien el organismo “se convirtió en el nuevo club de la derecha”.

“Lo que ha ocurrido es ilegal”, coincidió el vicepresidente de la comisión de Relaciones Internacionales del Mercosur, Daniel Filmus. “Fue una decisión unilateral de los cancilleres que se inscribe en una ofensiva de los gobiernos de Temer y Macri contra el Mercosur”, sostuvo.