Se presentó en la Justicia un tercer amparo para intentar frenar la reforma educativa impulsada por el ministerio de Educación de la Ciudad, cuyo rechazo suscitó la toma de más de 20 escuelas en el último mes. El Ministerio Público de la Defensa en conjunto con padres y madres de los alumnos, presentó un escrito acusando al Gobierno de impulsar la reforma conocida como Secundaria del Futuro de manera “inconsulta y apresurada, sin seguir los procedimientos legales y administrativos correspondientes, y sin dar información adecuada y precisa a todos los afectados”.
El amparo recayó en el juzgado Número 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurzo. Se trata del tercer intento de frenar la reforma por vía judicial. El primer escrito había sido presentado por el asesor tutelar, Gustavo Moreno, aunque la jueza Andrea Danas no hizo lugar al planteo. Moreno, en tanto, recusó a la jueza. El otro recurso fue presentado por un padre y está en manos de la jueza Cecilia Mónica Lourido, aún sin resolución.
“Esta reforma, donde no se conocen con mínima certeza los cambios y modificaciones propuestos en planes de estudio y sistema de evaluaciones, así como las características de las pasantías o prácticas profesionalizantes, genera grave incertidumbre sobre alumnos y padres frente a su futuro educativo”, señaló el Defensor Ramiro Dos Santos Freire. En la presentación judicial se recuerda que el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la participación y a la información de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, docentes, académicos).
Los padres representados corresponden a los colegios: Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”; Escuela de Danzas Nº 1 “Profesora Nelly Ramicone”; Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”: Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”; Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía E. Broquen de Spangenberg"; y Escuela Media “María Claudia Falcone”.
Los padres proponen que se formen mesas de trabajo que garanticen la adecuada información y la participación real de todos los interesados, y consideran necesario que se suspenda la implementación de la reforma durante el año 2018 para realizar un proceso participativo institucional y vinculante que incluya a estudiantes, docentes, familias y académicos.
“El valor de la educación en nuestra sociedad merece un debate público pluralista, con información oficial adecuada, completa y oportuna, que garantice que cualquier reforma que se implemente sea cuidadosamente estudiada y fundamentada, para que la escuela sea un lugar de construcción de ciudadanía y democracia”, concluyó Dos Santos Freire.
