El Gobierno anunció una reforma tributaria que, en la práctica, ya comenzó con medidas que se han tomado a partir de diciembre de 2015. Las autoridades nacionales tienen una visión “ofertista” de cómo salir del estancamiento. Esto significa que apuesta para recuperar el crecimiento económico a facilitar las inversiones por la vía de reducir gastos a los supuestos inversores. Estos gastos son, principalmente, el pago de salarios (para cuya reducción se anuncia también una reforma laboral) y el pago de impuestos. En especial el pago de impuestos de los sectores más acaudalados o concentrados de la economía.

En los últimos años, tanto en los medios masivos de comunicación, como en vastos sectores académicos, a los que se han sumado las más altas jerarquías del gobierno, se ha instalado la idea de que la población argentina soporta una enorme “carga fiscal”. Resulta entonces pertinente, realizar una comparación en el ámbito internacional, con una muestra de países de América latina y Europa, para verificar el comportamiento relativo de nuestro país en términos de presión fiscal y, lo que resulta más ilustrativo, la mayor o menor participación de la imposición progresiva (que es la que responde al postulado de que pagan más los que más tienen) para, en efecto, determinar quién soporta esa “carga fiscal”.

Según la OCDE, si no contamos los aportes y contribuciones a la seguridad social que, a nuestro juicio no constituyen un impuesto, nuestro país en 2015 tenía una presión fiscal consolidada del 28,3 por ciento del PBI. En Brasil, era del 23,7 de su producto, en Chile de 19,2 y en Colombia de 18,2 por ciento. Si tomamos de ejemplo a algunos países europeos, observamos que en Francia el guarismo es similar al argentino (28,6 por ciento), Italia y Bélgica se ubican en torno al 30 por ciento, en Suecia era del 33,5 y en Dinamarca del 46,5 por ciento.

¿Qué propone el Gobierno? Reducir la carga tributaria de los que más tienen para reemplazarla por un endeudamiento creciente que será pagado por todos los argentinos.

Entre 2015 y 2016 el aporte tributario de los impuestos progresivos ha pasado de representar un 34,2 por ciento del total de la recaudación consolidada a un 28,6 por ciento. La disminución ha sido de 108.400 millones de pesos como consecuencia de las reformas regresivas introducidas. Esta es la muestra de hacia dónde irá la reforma tributaria del gobierno. Disminuir la recaudación global reduciendo la utilización de impuestos progresivos (Ganancias, Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y Retenciones a las Exportaciones).

Una vez más, la comparación internacional puede ser ilustrativa. En Chile la imposición progresiva representa un 42 por ciento del total, en México un 45, en Colombia un 44 y en Brasil esta hace veinte años en torno al 30 por ciento. En Europa, se destaca Dinamarca que desde hace dos décadas viene sosteniendo un índice por arriba del 65 por ciento o Bélgica que se mantiene en torno al 60 por ciento. Otros países como Alemania, España e Italia, se ubican dentro de la franja del 50-55 por ciento y Francia y Suecia presentan valores del orden del 50 por ciento.

En el caso del impuesto a las Ganancias, que en todas los casos analizados es el tributo progresivo que mayor proporción de recursos aporta al fisco, en Argentina en promedio, en 2012-2015 representó el 22,6 por ciento del total de la recaudación consolidada, cuando en Brasil fue el 27,4 por ciento, en Chile el 38,4, en Colombia el 36,9, en México el 48,4 y en Uruguay el 29,1 por ciento. Esos guarismos, en los países europeos alcanzan el valor del 50 por ciento en Alemania y Bélgica, en torno al 45 en España, Italia y Suecia y el extremo es Dinamarca con el 63 por ciento.

Sin embargo, pese a estas evidencias, las reformas que encaró la alianza gobernante, han “liberado” ingresos que han ido a parar a las manos de los deciles de mayor ingreso y riqueza de la población, generando un retroceso en el avance parcial logrado en los años previos. Así, una reforma que ponga en línea nuestro sistema tributario con el que poseen otros países, requiere de cambios muy diferentes a los instrumentados en este último tiempo. Implicaría una imposición progresiva muchísimo más fuerte, en cabeza del impuesto a las Ganancias, llevándolo a un 10-12 por ciento del PBI (en sintonía con los valores europeos), y otro tanto en los tributos que gravan la riqueza (Bienes Personales, Inmobiliarios, entre otros), para también allí, al menos, triplicar el valor actual y alcanzar un 3 por ciento del PBI como ocurre, sin ir más lejos, en Uruguay. 

Nuestro país necesita que los impuestos directos y progresivos se constituyan en la base del sistema tributario. Dado que la estructura tributaria es la expresión fiscal de las relaciones de hegemonía en una sociedad, una mayor imposición directa será el reflejo de la consolidación de una sociedad más democrática e igualitaria. Lamentablemente la reforma que propondrá el gobierno va a ir exactamente en el sentido opuesto.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrantes del Foro Universitario de Estudios Fiscales (FUEF).