La fiscalía había derivado a M. a Dovic porque “era una situación de altísimo riesgo y ella no había pedido medidas de protección”, cuenta la psicóloga Natalia López. M. tenía 25 años, una hija de 2 años en común con el victimario, con quien convivía; los padres de ella ya habían muerto. El organismo citó a la mujer, que no solía responder las convocatorias fiscales y a quien era difícil hallar. “Nos costó que viniera. Habíamos hecho un diagnóstico presuntivo considerando esa reticencia suya y pensamos que iba a ser un caso complejo. Cuando vino a la entrevista, explicó que no había pedido ninguna medida de protección porque no quería el imputado se enterara de la denuncia, y nos empezó a contar todo lo que tenía preparado”, recuerda López.
Con ayuda de sus amigas, M. tenía todo listo: una le prestó la garantía, otra dinero, alguna más la acompañó a reservar y alquilar un departamento. Cuando acudió a la cita con Dovic, tenía reservado hasta el flete. Iba a mudarse cuando su pareja y padre de su hija estuviera fuera de la casa, trabajando. Dijo a las expertas: “esperenme diez días, hasta que me mude y ahí sí quiero solicitar medidas de protección y restricción de acercamiento”. El día de la mudanza, recuerda Andrea Bonardo, coordinadora del organismo, “él se enteró, volvió y en medio de todo la amenazó”. “Habíamos trabajado con M. para que ese día estuviera acompañada, y el victimario cuando vio eso no pudo hacer nada, no pudo ir más allá. El violento es violento pero no es estúpido”, acota López.
