Dueños y directores de empresas contratistas y proveedoras de obra pública, explicaron a este diario la situación del sector y sus principales preocupaciones. Cuáles son, en territorio bonaerense, las obras emblemáticas cuya continuidad se ve amenazada.

"Prácticamente todas las empresas contratistas de obra pública nacional enviaron telegramas de despido a sus empleados en los últimos días, eso está confirmado. Pero nadie tiene todavía el número exacto de nuevos desempleados", explica Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argenitna de la Construcción (Camarco). 

Días antes, Weiss se había manifestado contrario al "modelo chileno" que promueve el presidente electo Javier Milei, similar al de participación público privada (PPP), que fracasó en tiempos de Macri, porque el costo financiero superaba al costo de las obras. "En ningún país la obra privada supera el 10 por ciento" del total. 

Aunque las empresas manejan los listados de despidos con reserva, las fuentes consultadas por Buenos Aires/12 coinciden en que se trata apenas de la primera tanda de un proceso, que no saben hasta dónde llegará. El ritmo de las obras se había ralentizado un poco en los meses anteriores, pero ahora directamente se paralizaron. “La explicación es simple. Primero, el presidente electo anunció que discontinuará la obra pública. Nadie sabe exactamente qué significa eso, pero no preanuncia nada bueno”, explican.

“Luego, está la cuestión de los plazos, los montos y la inflación. Lo que se trabajó en noviembre se factura en diciembre y, en condiciones normales, se cobra en febrero, pero con un cambio de gestión, eso se puede extender a marzo o abril”, explica. “Hay consultores que hablan de 20 puntos de inflación en diciembre y otro tanto o más en enero. En estas condiciones, cuando cobramos, perdimos plata”.

Esta situación es extensiva, tanto a los principales proveedores y contratistas de obras viales (Rovella Carranza, Coarco, JLR, Roggio y Zubdesa entre otras), que contrata tanto la Dirección de Vialidad Nacional como la empresa pública Corredores Viales, como en obras de agua y saneamiento, que contratan AySA y el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA).

La expectativa de algunos jugadores es que Guillermo Francos, próximo ministro y un histórico del Grupo América, interceda por ellos, ya que el poderoso Eduardo Eurnekian tiene también intereses en el sector.

Efecto multiplicador o recesión autoinflingida

Estas obras justamente, las viales e hídricas, son las que tienen un mayor efecto multiplicador a nivel económico, por ser intensivas en mano de obra. “Cada obra que se frena es un motor económico que se apaga”, grafican. “El que cobra su quincena, la gasta en el comercio local. Cuando deja de cobrar, se resiente todo el ecosistema”. 

La obra pública emplea a 300 mil trabajadores de manera directa y el doble de indirectos. Multiplicado por familia tipo, son 1,2 millones de argentinos y casi medio millón de bonaerenses los que dependen de ella. 

La provincia de Buenos Aires tiene más de 500 obras viales, entre las que están en curso y los proyectos preaprobados, entre los que se encuentran, por ejemplo, el ensanche y repavimentación de la ruta 3 en el partido de La Matanza, el acceso a la ciudad de Bahía Blanca, el anillo de circunvalación de Tres Arroyos y varios tramos de la ruta 5. 

A la vez, hay obras y proyectos de ampliación de la red de agua y cloacas en distintos puntos como Guaminí y Daireaux, Carmen de Areco y nuevas perforaciones para proveer agua corriente a 25 de mayo. Estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostienen que por cada dólar invertido en agua y saneamiento se ahorran 30 en salud, por la reducción de enfermedades e infecciones gastrointestinales. Aún así, pesa sobre ellas un enorme signo de pregunta.

Empresarios y trabajadores del sector son los primeros afectados por el anuncio de la gestión entrante, pero no los únicos. El freno de la obra pública se sentirá primero en las localidades donde esta inyectaba sus recursos, pero poco a poco su efecto se irá extendiendo por el territorio, bajo la forma de una recesión provocada. 

Este último es, justamente, el argumento central del comunicado emitido por la UOCRA nacional. "La industria de la construcción es un sector clave para el desarrollo del país, dinamizador de actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que genera más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos. La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como la Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico en materia de infraestructura que contribuya al desarrollo de nuestra economía y cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas".

La estrategia del sindicato, que sus voceros revelaron a Buenos Aires/12, consiste en que las decisiones de movilizar las tomen los secretarios generales de las regionales donde hay despidos. Por ahora, la mesa nacional acompaña con un comunicado. 

El secretario general, Gerardo Martínez, fue de los primeros en reunirse con Milei durante la campaña. El presidente electo admira el modelo de indemnizaciones del sector y aspira a generalizarlo, si logra reunir las voluntades necesarias en el congreso.

Ninguno de los empresarios ni dirigentes del sector arriesga una opinión, acerca de si esto será un parate temporario o la norma durante la gestión Milei. A la vez, coinciden en que es mucho más costoso y problemático parar y reiniciar una obra que seguir construyendo, aunque sea a menor ritmo.

“Primero, porque con este nivel de inflación, se requiere una redeterminación de precios, que es un procedimiento siempre engorroso. Luego, porque se desarman los equipos de trabajo y hay que salir a armarlos de nuevo“. La preocupación de fondo, confiesan, es que Milei trabe las redeterminaciones y juegue a que la inflación vuelva los contratos inviables.

La mayoría de las empresas tiene deudas bancarias a tasas altísimas y el cumplimiento de esas obligaciones está calzado con los pagos de la obra pública. O, al menos, lo estuvo hasta acá. El nuevo escenario obligará a duras refinanciaciones. A pesar de que estas dificultades son generalizadas, nadie imagina una nueva ola de concentración, de empresas grandes comprando chicas.

“El que tiene una empresa grande tiene un problema grande, el que tiene una empresa chica tiene un problema chico, pero no conozco a nadie que quiera más problemas de los que ya tiene”, sostiene un empresario, con un humor ácido.

Obras a la vista

La plataforma Mapainversiones.gob.ar fue desarrollada por la gestión que encabeza el ministro Gabriel Katopodis, como herramienta de control ciudadano, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

De allí se desprende que de diciembre de 2019 a la fecha, con dos años de pandemia de coronavirus, se realizaron en total más de 8000 obras a nivel nacional, de las cuales 3200 son bonaerenses. La proporción, 40 por ciento, coincide con el peso demográfico de la provincia. 

Al pasar el mouse por el mapa de la provincia, se confirma que hubo obras nacionales en cada uno de los 135 distritos que la integran, con independencia de la filiación política de su intendente.