Desde Santa Fe.

El gobierno de Miguel Lifschitz "incumple su deber de detectar, prevenir, sancionar y erradicar la tortura en la provincia y reparar y rehabilitar a las víctimas". La acusación fue planteada esta semana en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá, en la que el ministro de Justicia Ricardo Silberstein tuvo que dar explicaciones por la "violencia institucional" contra niños, niñas y adolescentes pobres de Rosario y Santa Fe, las "detenciones ilegales" y "torturas" que sufren y su confinamiento en "lugares no aptos". Es un "fenómeno estructural y generalizado" que "genera gravámenes irreparables y exige respuestas urgentes y concretas", dijo la abogada del Ministerio Público de la Defensa, María de los Angeles Cáceres. Los chicos "son víctimas del ilegítimo accionar estatal, que se agrava por la ausencia de un adecuado control político y judicial". El descargo de Silberstein no logró rebatir el informe ni las pruebas que presentó la Defensa y dejó dudas ante preguntas del presidente de la CIDH James Cavallaro y de sus dos vicepresidentes.

Santa Fe debió comparecer ante la CIDH por la denuncia que promovió el defensor provincial Gabriel Ganón, quien no pudo asistir por razones obvias, aunque Silberstein se permitió una chicana sobre su ausencia. Lo representaron Cáceres y su colega Marcelo Marasca. Rosario/12 ya informó que la CIDH también trató la situación de Ganón, aunque no era el eje del debate.  La audiencia completa está disponible en la web oficial.

Los abogados de la Defensa denunciaron la "reiteración de detenciones ilegales de niños, niñas y adolescentes" y hasta "detectaron casos en que los apresan sin que exista una situación de flagrancia comprobada ni orden judicial". Y plantearon tres casos emblemáticos: 

  • BF. Un niño de 15 años que sufrió "persecuciones, detenciones ilegales, allanamientos de igual carácter, amenazas y agresiones" de la Policía. Ante la inacción oficial, el 24 de diciembre de 2015, la Defensa solicitó una medida cautelar a la CIDH que la concedió el 23 de mayo de 2016 y exhortó a Santa Fe a "proteger la vida y la integridad física" del chico. El 4 de noviembre, BF fue nuevamente "detenido ilegalmente", por lo que la Defensa presentó un hábeas corpus para que se cumpla con la cautelar de la CIDH, pero la jueza lo rechazó "in límine" y dejó en "total desprotección" al niño.
     
  • DS. Otro chico de 15, detenido el 1º de junio de 2016 por la Policía para su "resguardo" (sic). La Defensa interpuso un habeas corpus, el juez ordenó cesar la persecución, pero como se incumplió la orden, la Defensa planteó un segundo habeas corpus que fue rechazado "con el argumento de que el hostigamiento y amenazas respondían a la facultad de vigilancia" de la Policía. "Ante la falta de una protección judicial efectiva por parte del Estado, el 16 de noviembre, la Defensa solicitó una nueva medida cautelar ante la CIDH".
     
  • EM. Es un pibe de 16 años, que el 6 de marzo de 2016 estaba detenido en el IRAR de Rosario. Al día siguiente, recuperó su libertad, pero la Policía lo detuvo en su casa con una orden judicial que "lo acusaba de haber cometido robos la noche anterior, cuando se encontraba privado de su libertad y bajo custodia del Estado. También por este hecho se presentó una medida cautelar ante la CIDH".

"Estos hechos demuestran un patrón común que se replica en muchos casos", dijo Marasca. "El Registro Provincial de casos de torturas llevado adelante por la Defensa pública la tortura a niños, niñas y adolescente en conflicto con la ley es una práctica generalizada, estructural y extendida".

Silberstein dijo "no hay ningún menor de 16 años en toda la provincia preso ni detenido en comisaría, todos son atendidos por el Ministerio de Desarrollo Social", pero Cáceres lo desmintió. "No es cierto". Y mencionó los casos de una niña de 14 años detenida por dos móviles policiales, a quien "le buscaban droga en su mochila" y el de "nene de 8 años detenido por agentes policiales y trasladado a una subcomisaría".

 

Santa Fe debió comparecer ante la CIDH por la denuncia que promovió el desplazado defensor provincial Gabriel Ganón.

 

El ministro admitió que hay "68 chicos de 16 a 18 años en establecimientos de puertas cerradas, la mayoría imputados por homicidios" y comparó esa cifra con la cantidad de habitantes de la provincia ("es el 0,02 por ciento") y los 180 mil chicos de esa edad que viven en Santa Fe ("el 0,04 por ciento"). Posiblemente, sea una de las ratios más bajas de menores sujetos a regímenes de establecimientos de puertas cerradas", ponderó. 

El presidente de la CIDH volvió después sobre ese punto: "la afirmación de que hay 68 jóvenes, de hecho niños, en condiciones ilegales de detención.  Lo que entendí es que eso representaba el cero coma cero de la población. Si son 68 personas en condiciones ilegales, son 68 casos a ser trabajados. ¿O entendí mal?", preguntó Cavallaro.

Silberstein le respondió que "ninguno de los 68 menores de 16 a 18 años están de manera ilegal en establecimientos de puertas cerradas. Han sido dispuestos a través de un proceso legal y de una resolución judicial".