Producción: Tomás Lukin

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El ejemplo boliviano

Por Juan Ignacio Balasini y Mariano Beltrán *

En la última década Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento y mejores resultados distributivos en América Latina. Creció un promedio de 5 por ciento entre 2006 y 2015, el desempleo llegó a 4 por ciento el año pasado y los niveles de pobreza extrema y desigualdad se redujeron. Esto logros convivieron con una visible caída en la deuda externa pública que pasó entre 2005 y 2015 desde un 52 al 17 por ciento del PIB y un elevado volumen de reservas internacionales. La sólida posición externa de Bolivia hizo que el impacto del desgaste de la demanda global y el desplome de los precios de los principales productos de exportación del país fuera moderado. En efecto, en 2015 Bolivia creció un 4,8 por ciento y crecerá un 4,5 por ciento en 2016, según la CEPAL.

Quizás uno de los elementos más importantes de la experiencia boliviana fue la convivencia de una administración macroeconómica alejada de los preceptos de la ortodoxia con medidas orientadas a otorgar a la sostenibilidad macroeconómica una importancia clave. Uno de los hechos económicos más relevantes ocurridos en Bolivia en los últimos años fue la nacionalización de la explotación de sus recursos naturales. Con el proceso iniciado en 2006 el Estado pasó a controlar todas las etapas de la producción hidrocarburífera y minera. Estas decisiones arrojaron como resultado un notable incremento en los ingresos del fisco y, consecuentemente, en el tamaño del Estado boliviano. Una cuestión importante respecto de las expropiaciones es que en 2015 el gobierno anunció que la “era de las grandes nacionalizaciones” había concluido, dando entender que las mismas fueron consecuencia de decisiones estratégicas y no de una política deliberada contra ciertos sectores económicos.

A principios de cada período, las autoridades del Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB) definen el Programa Fiscal-Financiero (PFF), que establece objetivos anuales de crecimiento e inflación. En el PFF se estipulan además una meta para el déficit del sector público y los límites al financiamiento a través del BCB. En un contexto en el cual la inflación se ubica cerca de la banda inferior fijada por las autoridades (4,2 por ciento anual en junio), el BCB se encuentra embarcado actualmente en una política de flexibilización monetaria. Como “contrapeso” de las políticas expansivas, se instrumentaron una serie de medidas no tradicionales para evitar una excesiva fuga de capitales, como por ejemplo el incremento de la comisión por transferencias al exterior que realizan los bancos.

Un punto a destacar respecto de la política del BCB es que el hecho de tener un objetivo de precios no equivale a afirmar que Bolivia tiene “metas de inflación”, dado que no se apoya en la tasa de interés como único instrumento de política para operar sobre la demanda agregada. Por el contrario, tanto el banco central como el resto de los órganos de gobierno ejecutan una variedad de políticas que de manera complementaria buscan controlar la inflación. Una de ellas es la administración del tipo de cambio, que se utiliza explícita pero no exclusivamente como ancla nominal. La estabilización de precios no solo recae en variables monetarias, ya que el Poder Ejecutivo acompaña activamente a través de disposiciones que buscan influir en la producción, el transporte y la comercialización de bienes.

El rol del BCB no se circunscribe a la administración del ciclo económico. Por un lado, en virtud de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros de 2013, hacia fines de 2018 el 60 por ciento de la cartera de los bancos debe estar orientada al crédito productivo o a la vivienda social. A su vez, el BCB otorga financiamiento para proyectos orientados a reducir la elevada dependencia que tiene el país de los precios de commodities, entre los que se destacan aquellos vinculados a la industrialización del litio, el desarrollo de la industria petroquímica y la generación de energía eléctrica.

Uno de los aspectos a destacar del caso boliviano es el carácter idiosincrático de las medidas aplicadas. Esto quiere decir que es difícil pensar que este tipo de modelos pueda “copiar y pegarse” en otras economías de la región sin mayores variaciones. Se debe resaltar, por ejemplo, que las características con las que se expresan el conflicto distributivo y la restricción externa son distintas en cada país, y el modo de conciliarlos desde el Estado difiere en cada caso. En Bolivia, la administración prudencial del sector externo implica a corto plazo articular las demandas de diferentes actores sociales. Esta estrategia, sin embargo, puede resultar redituable a mediano plazo si ex post se verifica un deterioro en las condiciones externas. En este sentido, una de las enseñanzas más importantes del caso boliviano es que un Estado presente no solo puede convivir con una economía en crecimiento, y además distribuir el ingreso progresivamente, sino que también es capaz de garantizar la propia sostenibilidad de este proceso.

* Instituto de Economía y Trabajo de la Fundación Germán Abdala. 


Brasil y el ajuste eterno

Por João Pedro Scalco Macalós *

El senado brasileño dio media sanción el martes al proyecto que incorporará a la Constitución Federal un “nuevo régimen fiscal”. La iniciativa congela por veinte años el crecimiento real de los gastos del gobierno imponiendo de modo permanente una política de austeridad que perjudicará a quienes más necesitan de los servicios estatales y comprometiendo la capacidad de intervención del Estado en la economía. El texto dispone que los gastos primarios –todas las erogaciones excepto las destinadas al pago de los intereses de la deuda pública– del Gobierno central solo podrán ser modificados para compensar la inflación del año anterior. Se establece así mediante un dispositivo constitucional que el total de los gastos primarios no podrán aumentarse, aunque el PBI y la población crezcan.

El diagnóstico detrás de la iniciativa es que la crisis brasilera se debe al crecimiento “descontrolado” del gasto público que, a su vez, resultó un endeudamiento explosivo que impide la recuperación de la economía. La solución, afirman, es el corte de los gastos primarios. Ignoran que, en las últimas dos décadas, Brasil fue uno de los países con los mayores superávits primarios del mundo. No se puede desvincular la política de altas tasas de interés de la dinámica de la deuda pública brasileña.

El proyecto implica necesariamente una caída del gasto per cápita en términos reales. Y, según el documento Austeridad y retroceso, el gasto primario del gobierno central se reducirá del 20 por ciento del PBI actual a niveles de alrededor del 12 por ciento. Como los gastos con salud y educación, siempre y cuando se respeten los nuevos mínimos constitucionales, serán poco más del 2 por ciento del PBI, todos los otros gastos estatales se reducirán a menos de 1 por ciento del PBI. Entre esos gastos que serán ajustados se incluyen los destinados a la asistencia social como el programa Bolsa Familia, los gastos militares o las inversiones públicas en infraestructura. En otras palabras, es un proyecto inviable sin que más cortes sean hechos en servicios esenciales.

Es clara la injusticia del proyecto que impone todo el peso de la crisis en la espalda de los más pobres, al mismo tiempo que no toca en la estructura tributaria regresiva. Además, por detrás de la retórica del equilibrio fiscal, se constitucionaliza el nuevo régimen fiscal –una doctrina económica– que condena los gastos primarios al mismo tiempo que ignora los efectos de los gastos financieros y con la deuda pública. El ajuste fiscal es impuesto con el rigor de la ley. Tal imposición de la doctrina económica como ley fue utilizada para casar el mandato de la ex–presidente Dilma Rousseff, que no logró cumplir la “meta fiscal”. Es sintomático que este proyecto sea impuesto tan rápidamente por un Gobierno que llegó al poder sin el respaldo del sufragio popular. Frente a las sucesivas fallas electorales, se impone el proyecto de austeridad permanente a través de la ley.

Si el proyecto se aprueba, lo que se verá será un énfasis mayor en los servicios privados en la oferta de servicios esenciales. La educación pública superior corre el riesgo de la “chilenización”. La insuficiencia de los servicios de salud clamará por una profundización del los prestadores privados, el mismo molde que en Estados Unidos y que están siendo propuesto por el nuevo Ministro de Salud. La precarización de las redes públicas de educación primaria afectara básicamente los que ya la utilizan, y no los que tienen acceso a los servicios privados.

El resultado será la profundización de la desigualdad. El desarrollo brasileño siempre fue desigual, tanto dentro de las ciudades, como también entre las regiones del país. La precarización de los servicios públicos afecta mucho más a las regiones más pobres como el Norte y el Nordeste que las regiones más ricas del Sur de Brasil. Afecta más a las periferias de las grandes ciudades que los barrios nobles. La virtual destrucción de los esquemas de asistencia social, que fueron responsables por la mitigación de la pobreza extrema en los últimos 13 años, puede significar una gran reversión de esta conquista. Los servicios públicos –con todos sus problemas– son esenciales para mitigar la desigualdad y lograr el desarrollo social e inclusivo. La pregunta que ignora la nueva política fiscal es: ¿Quién necesita de los servicios públicos?

* Maestrando en Economía de la Universidad de Campinas y Paris 13.