Fernanda Vallejos, primera candidata a diputada de Unidad Ciudadana en Buenos Aires
“La desigualdad vuelve a avanzar”
La economista advierte sobre las consecuencias de la política económica de Mauricio Macri, pero dice que su mayor preocupación es la reforma laboral que el Gobierno prepara para después de las elecciones del domingo.
Fernanda Vallejos, candidata de Unidad Ciudadana para Diputados.Fernanda Vallejos, candidata de Unidad Ciudadana para Diputados.Fernanda Vallejos, candidata de Unidad Ciudadana para Diputados.Fernanda Vallejos, candidata de Unidad Ciudadana para Diputados.Fernanda Vallejos, candidata de Unidad Ciudadana para Diputados.
Fernanda Vallejos, candidata de Unidad Ciudadana para Diputados. 
Imagen: Leandro Teysseire

“Estamos viviendo en estos días un deterioro de la calidad democrática e institucional de la Nación. Con la difícil historia que tenemos los argentinos creímos que era una etapa superada y sin embargo hoy tenemos presos políticos y esta situación que estamos viviendo con Santiago Maldonado”, aseguró en diálogo con PáginaI12 la economista Fernanda Vallejos, cabeza de lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. Orgullosa de sus cinco meses de embarazo, la economista advierte sobre los planes del macrismo para después de las elecciones del domingo porque se viene “una reforma en contra de los trabajadores. Una reforma integral que atenta contra el trabajo de los argentinos, contra el salario, contra los convenios colectivos”. 

–¿Entiende que en la votación del domingo se decide entre dos modelos? 

–Hay dos proyectos de Nación distintos y a cada uno de estos proyectos les corresponde un modelo económico diferente, entendiendo que un modelo económico es un conjunto de instrumentos de política económica que contribuyen a delinear un país u otro. La grieta es aquella que divide o separa quienes son los argentinos que tienen derecho a vivir dignamente y quienes no, es la grieta que el presidente Mauricio Macri dijo en campaña que iba a cerrar y ha hecho exactamente lo contrario. Después de doce años de persistente mejora en las condiciones de igualdad en la Argentina, la desigualdad vuelve a avanzar. Las políticas económicas de este gobierno han configurado deliberadamente otra vez un país donde los únicos que ganan pertenecen al diez por ciento más rico. Las ganancias de este sector son a expensas de los segmentos populares y también de la clase media.

–¿Cómo interpreta la reacción del oficialismo ante los medios críticos y los funcionarios judiciales que no fallan de acuerdo a sus deseos?

–Sin dudas se trata de un gobierno intolerante. El disenso es parte de la convivencia democrática y lo que viene sucediendo con los medios de comunicación y con los periodistas que no opinan como el gobierno quiere que opinen, es un ejemplo muy claro del nivel de intolerancia que tienen. Desde la asunción de Macri se vienen cerrando medios opositores, se los asfixia económicamente o se los persigue de una u otra manera. La intolerancia recorre todos los órdenes. El caso de Milagro Sala, una dirigente social opositora a este gobierno que también despertó no sólo la intolerancia del gobierno nacional sino también del gobierno de Jujuy. El resultado de esto es que tenemos una presa política en el país. 

–Luego del escandaloso escrutinio en las PASO, Unidad Ciudadana volvió a plantear dudas sobre lo que pueda suceder este domingo. ¿Cree que pueden repetirse las irregularidades?

-La cantidad de irregularidades en las primarias fue un escándalo a escala internacional, fuimos titular de diarios en el mundo por la manipulación de que hizo el gobierno. Ahora se plantea un escenario complejo de cara al 22. A las denuncias que presentó Unidad Ciudadana no hubo respuesta, lo cual genera por lo menos un marco de incertidumbre. Las PASO en la provincia de Buenos Aires tenía trascendencia para todos los argentinos y nos fuimos a dormir a las cinco de la mañana sin saber el resultado, con la imagen de un gobierno irresponsable festejando un triunfo que nunca obtuvo, cuando la ganadora había sido Cristina Kirchner.

–¿A dónde apunta la denuncia de Unidad Ciudadana?

–Nosotros solicitamos auditar el software con el que se realiza la carga de la información y tampoco hemos tenido respuesta frente a este requerimiento. Deberemos estar muy atentos a todo lo que suceda el día de la elección y al recuento. Por otro lado preocupa el preanuncio que hizo Adrián Pérez diciendo que no podían garantizar los tiempos y la calidad del conteo de votos, una cosa insólita porque este sistema rige en el país desde hace mucho tiempo. 

–El Gobierno ya adelantó un aumento de tarifas antes de fin de año. ¿Cómo ve el futuro de la política económica del macrismo?

–Uno ve cosas insólitas. La partición de la factura de gas en cuatro cuotas está fuera de la escala de imaginación. Pero no sólo eso, el gobierno anuncia en un contexto de déficit récord la profundización de una política de apertura e importadora. Esta política de apertura importadora más los acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio van a deteriorar severamente las cuentas externas de la Argentina. Pero nuestra mayor preocupación es la reforma en contra de los trabajadores. Es una reforma integral que atenta contra el trabajo de los argentinos, contra el salario, contra los convenios colectivos y contra las organizaciones de los trabajadores. Van a dejar totalmente desamparado al trabajador, aboliendo los convenios colectivos de trabajo, una reforma que nos coloca prácticamente en el siglo XIX y que viene a satisfacer una obsesión histórica de Macri.

–¿Cree que los salarios son el siguiente punto en la agenda política del gobierno?

–Para el presidente el salario es un costo que debe ser recortado y el objetivo final es una reforma brutal que buscarán imponer después de las elecciones. Si se observan los resultados en otros países de la región donde ya se instrumentaron reformas de este tipo, como en el caso de México, la reforma se impuso en 2012 y México tiene un salario mínimo de 130 dólares, en Argentina es de 500 dólares. La brecha entre los 500 y los 135 de México dan un poco la medida del ajuste que se quiere imponer sobre la espalda de los trabajadores. Y eso no es todo porque se está preparando a pedido del FMI una reforma previsional. En su agenda figura desfinanciar el Estado y profundizar la política de endeudamiento que supone un riego para las generaciones futuras.