Una eventual intervención generará fuertes movilizaciones, mientras la incertidumbre sigue impactando en la economía: más de 900 empresas sacaron su sede social de Cataluña y el gobierno central rebajó su previsión de crecimiento para 2018 al 2,3%. No obstante, no será inmediata: el artículo 155 requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado español, que podría reunirse en los últimos días de octubre. El trámite prolongado “permite que los actores tengan más margen de maniobra para una eventual negociación”, dijo el politólogo Pablo Simón, mientras el gobierno central gana tiempo para “ver si se resquebraja la unidad dentro del bloque independentista y finalmente van a elecciones” regionales. El 155, nunca usado a fondo en España, podría dar lugar a que el gobierno de Rajoy asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control por ejemplo de su policía, los Mossos d’Esquadra. Los independentistas catalanes alegan que están legitimados para proclamar la secesión por el referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional, en el que el sí ganó con 90% de los votos pero con una baja participación (43%), según cifras del Ejecutivo catalán. El clima es tenso desde que el lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña.