El principio de acuerdo llegado entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno nacional por el desembolso de 4700 millones de dólares, contempla el pago de los vencimientos de deuda que deberá afrontar el Estado hasta abril. Es una parte del total de 7500 millones de dólares que Argentina deberá pagarle al Fondo durante el 2024. Este acuerdo se da en un contexto donde las políticas económicas llevadas a cabo por el ministro de Economía Luis Caputo apuntan a un ajuste ortodoxo con el objetivo de llegar al equilibrio fiscal reduciendo el gasto público, fortalecer el balance del Banco Central acumulando reservas y corregir las distorsiones de los precios relativos liberalizando todo tipo de intervención del Estado en los precios de la economía para alcanzar la estabilidad macroeconómica.

Si bien estos puntos convencen al FMI lo suficiente como para liberar los desembolsos para los vencimientos no se dan fondos adicionales debido a la incertidumbre que presenta el plan que, si bien en un principio parece ser más ajustador que las metas establecidas anteriormente por el fondo no solo presentan una mayor dificultad en su cumplimiento, sino que tampoco corrigen los desequilibrios macroeconómicos que permitirían pagar la deuda.

La inducción a una recesión acompañada con niveles de inflación mensuales de dos dígitos hace que la principal preocupación de los trabajadores no solo sea llegar a fin de mes debido a la pérdida de poder adquisitivo sino también conservar sus puestos de trabajo. Desde las primeras medidas tomadas en el ministerio de Economía, la caída en las ventas del sector de consumo masivo y de los combustibles marcan un rumbo que continuará a lo largo del año y extenderá sobre los demás sectores de la economía real lo que finalmente se traducirá en una mayor caída de la demanda, de la inversión y por consiguiente en un aumento del desempleo. A esto hay que sumarle que durante los próximos meses vendrán los aumentos tarifarios sobre los servicios públicos como luz, gas y transporte que tendrán subas por encima del 100 por ciento que agravarán la situación aún más.

Un deudor insolvente

El Fondo Monetario, como cualquier otro acreedor, busca que el deudor tenga la capacidad de hacer frente a sus compromisos, pero para esto es fundamental que las medidas a tomar no interfieran destruyendo al sector privado e imposibiliten que el país tenga posibilidad de crecer y así poder pagar la deuda.

Haciendo referencia a la política fiscal podemos encontrar que con la caída de la actividad y la inflación corriendo en torno al 20 por ciento mensual la recaudación caerá en términos reales alejando la posibilidad del superávit primario del 2 por ciento que espera el gobierno. 

En cuanto al balance del Banco Central y su meta de acumulación de 10 mil millones de dólares de reservas netas también encontrarán dificultades, ya que la tasa de interés real negativa y la alta inflación juegan a favor de la suba de los dólares financieros ampliando la brecha cambiaria que hay con el dólar oficial y generando efectos de pérdida de competitividad sobre las exportaciones, por lo que no solo tendrán problemas en la entrada de dólares sino que también podrían llevar a ocurra otro salto devaluatorio con las mismas consecuencias sobre los ingresos que ya se han vivido en diciembre.

El gobierno no optó por un plan Bonex, pero la licuación de los ahorros privados debido a la diferencia entre la tasa de interés y la inflación generó que la pérdida cayera sobre aquellos que están posicionados sobre plazos fijos para tratar de subsanar los pasivos remunerados del Banco Central quese ubican en torno a los 28 billones de pesos compuestos principalmente por pases que representan casi tres bases monetarias.

Una historia reciente

El préstamo del FMI tiene su origen en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri donde se aprobó el préstamo de 45 mil millones de dólares bajo la modalidad de acuerdo Stand-By cuyo objetivo consiste en la asistencia a corto plazo a países con desequilibrios en la balanza de pagos a raíz de crisis momentáneas. El préstamo significó un aumento considerable de la deuda pública que pasó de representar el 56 por ciento al 85  por ciento del PBI en 2018 y fue utilizado casi en su totalidad para cubrir la salida de capitales del país aprovechando la desregulación sobre el control de capitales que hubo durante la gestión macrista.

A principios del 2022 con el gobierno de Alberto Fernández se comenzó el proceso de renegociación de la deuda como forma de postergar el pago de los compromisos teniendo que asumir con las condicionalidades impuestas por el Fondo para lograr alcanzar las metas fiscales bajo el Programa de Facilidades Extendidas que, a diferencia del acuerdo Stand-By, necesita de revisiones periódicas por parte del Organismo con el fin de girar esporádicamente los desembolsos necesarios para pagar los vencimientos de la deuda anterior.

Si bien en 2022 se lograron cumplir las metas propuestas por el FMI tanto en términos fiscales como monetarios y de reservas, a partir del 2023 el gobierno no pudo alcanzar ninguna de las metas trimestrales lo que obligó al FMI a modificar los objetivos teniendo en consideración los problemas relacionados a la sequía. Aun así la gestión de Alberto Fernández terminaría con reservas netas negativas en 10 mil millones de dólares, una deuda comercial por importaciones de más de 20 mil millones de dólares y la caída del PBI en el último año.

Ley Ómnibus y nuevas proyecciones

Las exigencias del FMI al gobierno de Javier Milei aparte de las metas también contemplaban la aprobación de las reformas dentro de la Ley Ómnibus que, desde la óptica ideológica del oficialismo, eran las necesarias para que el país crezca, aumente sus exportaciones y reciba inversiones. La marcha atrás sobre el capítulo fiscal de dicha ley además de ser una derrota política del oficialismo representa la falta de claridad e improvisación que contradice lo acordado de palabra con el Organismo internacional sobre las metas fiscales y la búsqueda del déficit cero que en mayor medida se buscará mediante un mayor ajuste.

Los cambios en los pronósticos del fondo sobre la economía argentina para este año donde en un principio proyectaban un crecimiento del PBI del 2,8 por ciento y ahora esperan una caída del 2,8 por ciento son una señal del impacto negativo que tendrá la política económica y a su vez confirman que las medidas tomadas conducirán a la recesión. Aun así, el Fondo parece esperanzado por una recuperación del 5 por ciento en el 2025 aunque carente de fundamentos que puedan traducirse dado el contexto actual.

Lo acordado entre el gobierno y el FMI podría cambiar conforme transcurra el tiempo, pero de continuar con lo actualmente establecido no están garantizadas las condiciones para que se logren los objetivos propuestos ni que la macroeconomía presente mejoras, por lo tanto, en un horizonte de mediano y largo plazo los pagos referidos a los vencimientos de deuda con los acreedores internacionales aún generan una incertidumbre generalizada que se ve reflejada en la inestabilidad económica del país.

*Analista económico