El gobernador Miguel Lifschitz firmó un decreto que "endurece" la evaluación de la conducta de presos condenados que solicitan libertad o salidas transitorias. Se trata de una modificación que brinda normativas "más precisas" a los jueces que evalúan el otorgamiento de esos beneficios.
Lo que se propone es que el Servicio Penitenciario, en sus informes a la Justicia, evalúe las conductas de manera "más restrictiva", sobre la situación de "ofensores sexuales, reincidentes y otras categorías de condenados de mayor peligrosidad". A partir de ahora, se deberán valorar "parámetros objetivos que indicarían mayores o menores perspectivas de reinserción social" del detenido.
La medida del gobierno llega después de que este año se conocieran casos de presos condenados que, al obtener algún beneficio, cometieron graves delitos. Uno de ellos fue el caso de Ricardo Albertengo, condenado a 37 años por un crimen de 1994 y una toma de rehénes en una clínica estética en 2010. No volvió de una salida transitoria y en marzo de este año asesinó al policía Mauro Mansilla. Otro caso fue el de Andrés Soza Bernard. Mató a su novia de 16 años y recibió una condena a 13 años de prisión. Hace cuatro meses mató a Fabricio Zulatto, mientras gozaba de libertad condicional.
"Se considera oportuno otorgar mayores herramientas para valorar la evolución del condenado, a través de una regulación más precisa del término `concepto'. Es sabido que existen categorías de condenados que, por diversos motivos, logran adaptarse a los reglamentos carcelarios de modo artificioso, no pudiendo dicha adaptación ser tomada en modo alguno como indicio de recuperación", reza el decreto 4127.
