“Fue un discurso poco nutrido en materia económica”, coincidieron las y los especialistas consultados por Página 12. “Más allá de la caracterización sobre el estado de la economía a la que nos tiene acostumbrados, con sus críticas al excesivo peso del sector público y mucho anabólico de adjetivos, faltaron referencias sobre la política macroeconómica”, sostuvo Sergio Chouza, economista y director de la Consultora Sarandí. “Había expectativas de que clarificara un poco su programa económico: la competencia de monedas o dolarización, o cuándo avizora la salida del cepo. Pero solo dijo generalidades, ‘que cada vez se está más cerca’”, indicó.

Al respecto del Pacto de Mayo, Alejandro Vanoli, director de la consultora Synthesis y ex presidente del Banco Central, observó: “Un acuerdo implica un equilibrio entre posiciones conservadoras y progresistas, no una imposición desde una parcialidad, que en este caso es extrema. Solo los acuerdos son sustentables y generan seguridad jurídica genuina”. En igual dirección, Martín Burgos, miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, afirmó: “El anuncio del Pacto de Mayo parece una tregua en un conflicto que escaló demasiado y en el cual ya no se encontraba el sentido, porque era una pelea de Milei con los aliados. Sus 10 propuestas son del mismo tenor que las de la Ley Bases, con lo cual en materia de propuestas seguimos alrededor de los mismos temas, hay un encono”.

“Los 10 puntos del Pacto de Mayo ya los conocemos, son las premisas de las etapas más difíciles de la historia económica argentina”, sentenció Cintia Gasparini, directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz). “Lamentablemente, se están volviendo a cuestionar algunos consensos que la academia y la sociedad habíamos alcanzado. Es paradójica la referencia del presidente a ‘hacer algo diametralmente distinto o lo que se ha hecho en el pasado’”.

El gasto público y los jubilados

“La reducción récord del gasto público en estos casi tres meses de gobierno fue a costa de decisiones unilaterales e ilegítimas, como el desfinanciamiento a la Educación Superior, a las provincias y el recorte de las jubilaciones y los salarios de los docentes”, sostuvo la economista. “La cifra del gasto público equivalente al 25 por ciento del PIB invocada por el presidente es bastante aleatoria: solo la tienen países de bajos ingresos en el mundo pero está muy por debajo de la mayoría de economías avanzadas”.

Además, dijo que “no hay ninguna evidencia empírica --o por lo menos no la mostró el actual Gobierno-- de que ello redunde en niveles de equilibrio fiscal sostenibles”. En igual sentido, Vanoli señaló que “reducir el gasto al 25 por ciento del PBI es extremo e implica un gran recorte en el sistema previsional que representa la mitad del gasto, partiendo de la base de que tampoco proponen alterar el pago de intereses de la deuda externa”. “Uno de los grandes problemas del modelo neoliberal de 1990 --que inspira este Pacto de Mayo-- fue el déficit fiscal provocado en gran parte por la privatización del sistema jubilatorio y un elevado endeudamiento público indispensable para sostener el modelo”, agregó Gasparini.

La recaudación

“El resultado fiscal no depende solo del gasto sino también de los ingresos tributarios, que a su vez dependen de la actividad económica que en estos últimos dos meses se derrumbó. Si la reforma tributaria que impulsa el Gobierno reproduce lo que había anticipado en la Ley Bases --como la eliminación del impuesto a los Bienes Personales e incentivos a grandes empresas--, la recaudación y la equidad se verán comprometidas”, aclaró la investigadora de Unpaz.

“En el ‘mientras tanto’, la cuestión de la inflación y la distribución sigue acuciante, y la caída de la recaudación tributaria puede generar más conflictos con las provincias al achicarse la torta. Pareciera que esa dinámica de reducción de la actividad y de la recaudación va a tener su rol en las discusiones que se vienen, pero no queda claro que el equipo económico esté atento a esa cuestión crucial”, completa Burgos.

La política macroeconómica

“Por fuera de la invitación a un diálogo más institucional, mediante el Pacto de Mayo, el presidente fue poco claro respecto de cuáles van a ser las políticas concretas para resolver los dilemas macroeconómicos”, advirtió Chouza. “Sobre la política monetaria y cambiaria tenemos que presumir que continuará con ‘el esquema la licuadora’ de ajuste en el gasto público y la emisión, pero faltaron referencias a la política productiva. Ni siquiera mencionó la palabra industria. Tampoco hizo referencia a la crisis generalizada de ingresos, con salarios de economía centroamericana y superprecios en dólares”, agregó.

“El presidente ya no es analista que va a tirar títulos a la televisión diciendo que Argentina en 120 años será el país con más altos ingresos del mundo, lo cual tiene una clara reacción en el electorado. Tiene que dar precisiones de cómo vamos a alcanzar ese horizonte”, continuó el director de Sarandí.

En tanto, respecto de los planteos centralmente fiscales que planteó el presidente, Vanoli observó: “Los tres primeros puntos están planteados en forma extremista: 1) La propiedad privada debe ser respetada, pero también debe cumplir una función social acorde a la Constitución y la doctrina social de la Iglesia, 2) El equilibrio fiscal es deseable pero es importante también que se propongan políticas de crecimiento, con una tributación anclada en quienes más capacidad contributiva tienen, eliminando privilegios y también el gasto público cuando es injusto, no con una licuadora generalizada que golpea a salarios y jubilaciones, 3) Por último, los países deben poder tener déficit para compensar efectos negativos sobre las economías de situaciones impredecibles, como en la crisis global 2008 o la pandemia”. Es un planteo más amplio que apunta a complejizar el debate.