El abogado José Viola vinculó su despido como profesor de la Universidad Católica de Salta a una represalia por haber representado a las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo en la causa por violencia de género contra el arzobispo de Salta, Mario Cargnello. 

El letrado realizó un descasrgo en el que detalló pormenores de esa causa por violencia de género e informó que están a la espera de una sentencia, también la vinculó a otras causas que se abrieron de modo paralelo, dos contra la priora del Convento, que ya fueron archivadas.

El 4 de marzo último, Viola fue notificado por la UCASAL de su despido "sin causa" tras desempeñarse como profesor desde hace más de 20 años. El abogado y docente realizó entonces un descargo dirigido a otros docentes de la institución, pero que trascendió por redes sociales luego de que lo compatiera una colega suya.

"Me hubiese gustado que se exprese la 'causa real' del despido", dijo Viola y lo vinculó a una represalia en su contra por haber patrocinado ad honorem a la priora del Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas en la denuncia por violencia de género contra Cargnello. El letrado también mencionó que antes ya había sido despedido el abogado Juan Casabella Dávalos, que también representó a las monjas en una causa.

En abril de 2022 las Carmelitas Descalzas hicieron una denuncia penal luego de que agotaran las "vías internas dentro de la Iglesia" y cuando "no hubo más remedio", aseguró Viola. También denunciaron esa vez al obispo emérito Martín de Elizalde y luego agregaron al cura Lucio Ajaya, y al juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval. 

Aunque el abogado afirmó que el calvario de las monjas venía de hace muchos años, dijo que "la gota que rebalsó el vaso" fue lo que pasó en octubre de 2020 en plena pandemia de covid-19, cuando "en un velorio de una religiosa carmelita hubo violencia física, psicológica y verbal". Esto, de hecho, fue lo que trascendió al conocerse la denuncia contra Cargnello. El abogado mencionó que "por decoro, no se hizo público el video" que da cuenta de esta situación pero que fue aportado como prueba en el expediente.

"Con esto quiero dejar en claro que la denuncia de violencia de género no tuvo jamás un sesgo anti-católico. Todo lo contrario. Las religiosas carmelitas no solo creen, sino que además "militan -con su cuerpo- el mensaje evangélico", señaló Soria. "Su adhesión a las Apariciones de la Santísima Virgen es coherente con esa fe", añadió respecto a la devoción por la Virgen del Cerro, que no tiene reconocimiento oficial de la Iglesia Católica.

Calumnias que aislaron al Convento

El abogado aseguró que luego de la denuncia contra Cargnello hubo calumnias y difamaciones que provocaron "un total aislamiento" del Convento San Bernardo. "Después (...) nadie más tocó la puerta, nadie más llamó. Nadie. Incluso no volvieron a visitarlas las personas que lo hacían asiduamente", afirmó.

A esa situación se sumó la clausura de la iglesia del Monasterio porque tenía el techo roto. Viola recalcó que pese a ser un Monumento Histórico Nacional, las monjas "lo tuvieron que arreglar con sus propios medios económicos".

El abrazo feminista

Sobre la manifestación realizada por organizaciones del colectivo feminista de Salta, que el 3 de mayo de 2022 abrazaron al Convento de las Carmelitas Descalzas, en muestra de apoyo a las monjas que pese al voto de silencio se atrevieron a denunciar violencia de género, Viola aclaró que "Las hermanas no organizaron dicho acto, pero sí se alegraron de que personas que no piensan como ellas hayan tenido humanamente la valentía de defenderlas ante semejantes circunstancias, demostrando ante todos que el poder pierde su poder cuando la persona se mantiene fiel al bien común".

A diferencia, el abogado señaló que después de la denuncia "personas anónimas pegaron carteles en las puertas y paredes del Monasterio con afirmaciones agraviantes: 'aborteras, enemigas de la Iglesia, feministas'", entre otras descalificaciones.

Por otro lado, mencionó que luego de las primeras medidas judiciales, llegó un comunicado de una dependencia del Vaticano, “Dicaterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica", que hacía una serie de recomendaciones, "pero tenía errores garrafales". "A pesar de estar dirigido a la Priora, este comunicado fue publicado en la web del Arzobispado, en la web de la UCASAL y dio lugar a una 'medida insólita': a pesar de que existía una orden judicial perimetral, el sacerdote Loyola Pinto fue -por orden del Arzobispo Cargnello- personalmente hasta el Monasterio a 'leerles en voz alta' el comunicado", resaltó. Esto le valió la perimetral también al vicario judicial.

Viola sostuvo que el Dicaterio luego emitió un decreto,el 22 de septiembre de 2023, "adoptando prevenciones para proteger a las religiosas" pero no tuvo la misma difusión que las primeras recomendaciones.

También recordó que ante la denuncia de "violencia económica", "se insinuó que las monjas eran manipuladas por el administrador de algunas propiedades y un colaborador, que las haría pasar necesidades apremiantes. Hoy esta denuncia está archivada, luego de una investigación exhaustiva. Las carmelitas del Monasterio San Bernardo jamás pasaron necesidades y tuvieron (y tienen) cubiertas todas sus necesidades alimenticias y médicas", sostuvo.

El letrado resaltó que en dicha causa "Cargnello instó esta investigación económica, sin darse cuenta de que con ello saldría a la luz que en el año 2001 él mismo 'pidió prestado' al Monasterio San Bernardo la suma USD 9.000 que todavía no devolvió tal como lo reconoció -expresamente- ante la propia jueza de violencia".

De víctima a acusada

Viola también se refirió al trasfondo de las denuncias realizadas contra la priora por privación ilegítima de la libertad de dos religiosas y aseguró que fueron archivadas porque no hubo delito.

El abogado recordó que dos monjas salieron del Monasterio San Bernardo ayudadas por "sus hermanas biológicas" a fines de diciembre de 2022 y a los pocos días solicitaron el archivo de la causa de violencia "actuando con una absoluta falta de libertad". "Esto es muy fácil de entender si se comprende la 'ascendencia absoluta' que todo arzobispo tiene sobre la familia de quienes abrazan la vida religiosa", consideró.

Luego la hermana biológica de una religiosa denunció a la priora del Convento por privación de la libertad. Según Viola, esta situación se dio luego de que la mujer concurriera al Juzgado de Violencia Familiar y de Género con el abogado Eduardo Romani, defensor particular de Cargnello. Todo ello devino en la apertura de una investigación en la que llegó a ordenarse un allanamiento al Convento San Bernardo. "Providencialmente, en esos mismos momentos la Jueza de Violencia, se encontraba dentro Monasterio verificando personalmente la situación de las religiosas; obviamente sin que existiese privación de la libertad alguna", aseguró.

En otro caso, de modo similar la hermana biológica de otra monja "fue también la artífice de otra salida sui generis. Esta religiosa carmelita concurrió al Hospital Materno Infantil a hacerse quimioterapia y ahí quedó internada. La priora quiso visitarla, pero en el hospital se lo impidieron, al punto que tuvo que labrar un acta por Escribano. Ya entrada la noche, la religiosa se dio un alta voluntaria y se retiró con sus dos hermanas biológicas (una religiosa). Como la Priora desconocía el paradero, efectuó una denuncia, en virtud de la cual la policía le informó que estaba con sus familiares", sostuvo el abogado.

Viola recalcó que a la internación de la monja la decidieron "los médicos Escudero y Ojeda", mientras que la autorización para el alta de internación la dio el médico "Arias" que también asistía antes a las Carmelitas Descalzas en el Convento pero que "por decisión de la Comunidad (religiosa) dejó de serlo, ya que se oponía a que se realice la denuncia de Violencia de Género".

"¿Cuál es la prueba entonces de que las religiosas y sus familias actuaron bajo presión? Para muestra basta un botón: ambas religiosas se presentaron en el expediente de Violencia con el patrocinio letrado de la Dra. López Peralta. Sin embargo, por causalidad ('el diablo pone la tapa, pero no la olla'), abrimos el expediente electrónico y vimos que los escritos de esta religiosa fueron realizados por el Dr. Eduardo Romani”. "Todo está en una Escritura Pública", sostuvo el abogado Viola.

Ni la UCASAL ni el Arzobispado respondieron a las consultas de Salta/12 sobre este tema. Tampoco quiso pronunciarse el presidente del Colegio de Abogados de Salta, Sergio Díaz Lenes. El Instituto Jurídico de Género de Salta dio a conocer en 2022 que cuando quisieron presentarse como amicus curiae en la causa por violencia de género, el Colegio (entonces presidido por Pedro Burgos) les impidió tal acción.