Durante su gestión al frente del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó hizo política: fortaleció, entre otras, las áreas encargadas de investigar los delitos de trata, de violencia contra las mujeres, los crímenes de lesa humanidad, la violencia institucional, la criminalidad económica y la narcocriminalidad. También promovió el acceso a la Justicia a través de la creación de las unidades Atajo, oficinas territoriales pensadas para los sectores más vulnerables. El PRO quiere instalar que vendrá un funcionario despojado de política, pero el diseño de la política criminal no puede dejar de ser, como su nombre lo indica, una cuestión política. Gils Carbó eligió las prioridades para su gestión. Y está a la vista que no eran las mismas que tiene el Gobierno. 

Mientras Gils Carbó fue procuradora avanzaron los juicios promovidos por diferentes fiscales contra funcionarios del gobierno anterior. Los fiscales, incluso los que no simpatizaban por distintas razones con ella, pudieron ejercer su trabajo con normalidad. El único conflicto se dio con José María Campagnoli, quien se victimizó alegando que no lo dejaban investigar al empresario Lázaro Báez. Lo cierto es que Campagnoli había iniciado una causa paralela a la que ya tenía su colega Guillermo Marijuán, a quien nadie puede “acusar” de ser afín al kirchnerismo. Campagnoli se armó una causa en la que no tenía competencia, pero fue presentado como un prócer. El PRO lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. 

El Presidente anunció desde el primer día de su gestión que quería la cabeza de la procuradora. Como no tenía los votos en el Poder Legislativo, probó con el Poder que le es más fiel. Se iniciaron dos causas judiciales, una penal y otra administrativa, que como en una operación de pinzas buscaron cercar a la funcionaria. Se complementó con hostigamiento, la publicación del número de teléfono de su hija, que recibió toda clase de amenazas y el llamado constante en las redes sociales a escracharla. Con este escenario y el resultado de las elecciones del 22 de octubre, el Gobierno anunció que modificaría –y al parecer sería acompañado por sectores de la oposición– la ley Orgánica del Ministerio Público para poder sacar a la procuradora sin los dos tercios del Senado que establece la norma, en espejo con el mecanismo correspondiente a los jueces de la Corte Suprema. 

En su carta de renuncia, la procuradora dijo que dejaba la gestión con la esperanza de que esa decisión “disuada reformas que rompan con el equilibro que debe regir en el sistema de administración de justicia”. La ley que el Gobierno quiere cambiar establece la “autonomía funcional y la independencia” del organismo “sin sujeción a instrucción o directivas emanadas por órganos ajenos a su estructura”. También dice que, de la misma forma que se necesitan dos tercios de los presentes en el Senado para sacar al procurador, se necesitan dos tercios para nombrarlo (o nombrarla, merecería una mención aparte el hecho de que sale una mujer de un lugar de poder. No hay muchas). Esto implica que si no se modificara la ley haría falta al menos un mínimo consenso entre distintas fuerzas políticas para designar al sucesor o a la sucesora. Gils Carbó pidió que no se carguen la autonomía e independencia del Ministerio Público, porque ya tienen lo que querían. Falta ver qué hará el Gobierno, siempre en nombre de la República. Y la oposición.