Cuatro dirigentes de la UTA Seccional Jujuy que fueron detenidos por denuncia de una empresa transportista fueron liberados anoche pasadas las 21, tras una extensa audiencia en el Juzgado de San Pedro. Deberán regresar cada 30 días a esa localidad a firmar en el juzgado; además, la justicia les impuso una orden de restricción y no podrán acercarse a la empresa Argentina.
El secretario general de la Unión de Tranviarios de Argentina (UTA) delegación Jujuy, Sergio Lobo; el secretario gremial, Nicolás Abett; el protesorero, Marcelo Moyano, y el referente gremial Horacio Sánchez fueron detenidos a media mañana de ayer en sus domicilios, acusados de realizar “acciones gremiales” en la ciudad de San Pedro. Los cuatro fueron trasladados a esa localidad y alojados en la Seccional 9°, a 64 kilómetros de la capital jujeña.
La detención fue instada por el fiscal José Blanco, de la fiscalía de San Pedro, tras la denuncia de la empresa de transporte Argentina, de línea interjurisdiccional en esa zona. La empresa acusó a los gremialistas de imposibilitar el servicio de transporte el 3 de abril pasado por una protesta que impidió la salida de los colectivos.
Ese día los trabajadores de la empresa realizaban medidas de fuerza por el incumplimiento del pago de salarios y otros conceptos desde enero. Los ánimos se habían exacerbado porque la empresa no había acudido a la conciliación obligatoria previa.
Anoche, al recuperar la libertad Lobo agradeció el apoyo y la solidaridad recibida durante las horas en que estuvo demorado. "Hace rato venimos viendo que se quiere coartar la libertad de expresión, la libertad de reclamar por los salarios de los trabajadores. Lo único que hicimos el otro día fue pedir que (la firma Argentina) pague los salarios en tiempo y forma. Esta empresa hace bastante tiempo viene negreando a los compañeros, tienen varias denuncias en la Secretaría de Trabajo. A veces los tiempos políticos no son los tiempos de los trabajadores", aseguró.
Lobo denunció que con la detención y el encausamiento "coartan la libertad gremial. Nos prohíben acercarnos al predio de la empresa a realizar algún reclamo", con lo que "dejan a la deriva" a los trabajadores de esa firma. "Eso nos cuesta asimilar", lamentó. Pero enseguida avisó: "No vamos a bajar los brazos. Les pido a los compañeros estar juntos porque de lo contrario nos van a llevar puestos".
Las detenciones de los dirigentes de la UTA fueron repudiadas por diferentes sectores gremiales y políticos que calificaron esta acción como una persecución gremial y un acto de criminalización de la protesta.
Con el Código Penal
Del otro lado, el fiscal Blanco informó que el 3 de abril, a las 5 de la mañana, “los imputados representantes de la UTA Jujuy junto a 30 personas bloquearon el acceso (a la empresa), impidiendo la salida y el funcionamiento habitual del transporte de pasajeros”.
"La dirigencia obstaculizó la operación de la empresa, los manifestantes obligaron a los empleados y conductores a no realizar sus tareas y mantener cerradas las instalaciones", enumeró antes de afirmar que "Este acto de fuerza afectó a la comunidad local, incluyendo a alumnos, docentes, personal de seguridad y de salud, quienes dependen del transporte público para desplazarse y cumplir con sus responsabilidades diarias”.
La fiscalía le atribuyó a los cuatro gremialistas los delitos previstos en el artículo 158 del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a un año al "obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte de una huelga o boicot", así como al artículo 194, por “entorpecimiento de los servicios de transporte”. Sin embargo, el fiscal había anticipado que no se opondría a la liberación de los gremialistas.
Las detenciones y la imputación fueron repudiadas por la CGT Regional Jujuy, central que la integra la UTA, y delegados gremiales se trasladaron a San Pedro para interiorizarse del avance del proceso.
“A veces se juzga una acción gremial, pero no lo que genera esa acción gremial. Si los compañeros han tomado alguna medida gremial, lo hicieron en respaldo de sus trabajadores y por incumplimiento de las patronales”, sostuvo el secretario general de la CGT Jujuy, Freddy Berdeja. "Que los compañeros sean sancionados con detención, la verdad no nos parece y mucho menos en este gobierno que dijo que quería el diálogo”, añadió.
En tanto, el Partido Justicialista jujeño recordó que "Jujuy ya tiene una penosa y reciente historia de abusos por parte de la justicia y de quienes detentan el poder institucional. La defensa de los trabajadores, la tutela de estos y su organización, constituyen derechos y garantías que nunca dejaremos de reivindicar”. Y el Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) expresó: “la actividad sindical no es delito”.
Médico denunció amenazas
En otro acto que ha sido calificado como parte de las acciones disciplinatorias de la lucha social, el pediatra Rubén Camaño, secretario general en Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), denunció que fue agredido y amenazado por diez policías durante una guardia en el Hospital Zapala, en Perico. Tras conocerse el hecho, los policías acusaron al médico.
El hecho se conoció el martes último por un comunicado de repudio de la AMRA. El sábado 6 de abril "agentes de la policía de Jujuy amenazaron, agredieron e intentaron detener" a Camaño, denunció la organización. Dijo que el hecho ocurrió cuando el pediatra terminaba su jornada laboral y que los policías intentaron meterlo al camión celular mientras lo golpeaban y que el objetivo no se logró por la intervención de colegas del médico y del personal de seguridad del Hospital.
“Me amenazaron, (que) por qué defiendo a los médicos, y por qué me hago el malo con los policías. El día anterior había sido agredido por policías en el ingreso a Perico”, contó Camaño. Relató que el 5 de abril, cuando la guardia estaba colapsada, "un policía de civil, sin turno, se metió al Hospital" y pretendió que lo atendiera. El 6 fueron diez policías; "entre ellos un sargento", al que luego denunció, que "entró al Hospital con un cuaderno a tomar datos, y cuando se fueron me dijeron 'doctor, le van a hacer una denuncia por malos tratos y por falta de atención'. Me enojé porque soy pediatra, como voy a atender a un policía. Aparte, no peligraba su vida. A mí me parece que la intención era que yo me enoje y creo que se equivocaron”, narró el médico. Camaño denunció este hecho en la seccional de Perico.
El miércoles último, los policías publicaron su versión en redes sociales: afirmaron que fue el pediatra quien increpó al efectivo, "que a él policías de caminera de ciudad Perico lo habían tratado mal y por esa razón él no iba a atender a ningún policía e iba a hacer echar a los efectivos que en ese momento estaban de guardia”.
Camaño sostuvo que desde hace 10 años es perseguido por funcionarios del Ministerio de Salud: “Es todo un entramado político, judicial. Me cansé, en estos años tuve varias pérdidas y la persecución, las causas armadas, deben terminar”, aseguró. Y ratificó su lucha gremial: "Tenemos que defender a los médicos, apoyar en la lucha, repudiar la persecución y denunciar colectivamente, eso parece no les gusta”.
El médico dijo que también hay persecusión laboral a integrantes de la comisión directiva de AMRA y lo atribuyó a que "el único sindicato que enfrentó al gobierno (de Gerardo Morales) durante el covid fue AMRA, el resto no hizo nada. Éramos 50 afiliados y no nos callamos por el compromiso como profesionales y una cuestión humanitaria".
