El ex presidente de la Generalitat, que fue citado el próximo jueves por la Justicia española junto con otros trece funcionarios, acusados de rebelión y sedición, adelantó, además, que acatará el “reto democrático” de las elecciones del próximo 21 de diciembre, y que si sus resultados implicaran “ralentizar la construcción de la república” independiente de cataluña, sería un precio “asumible”.
Pocas horas antes de recibir la citación judicial, Puigdemont subrayó que "nosotros respetaremos el resultado del 21D", pero se preguntó si lo hará también la administración central. "¿Van a respetar el resultado o no? Si no habrá dos tipos de votantes en Catalunya, de primera y de segunda”, advirtió esta tarde al subrayar que los independentistas consideran la nueva cita electoral como un “plebiscito democrático" contra la intervención del Gobierno español.
Basándose en la aplicación del artículo 155, que permitió la intervención de la región, esta tarde la jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, les dio a los 14 convocados a indagatoria un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros. En caso de que no lo hagan, se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra.
"Podemos asegurar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones desde aquí", expresó el líder secesionista en una multitudinaria conferencia de prensa en el club de periodistas de Bruselas, donde quiso dejar claro que "nadie abandonó" su cargo, a pesar de que él y su gobierno fueron destituidos por el Ejecutivo español. No obstante, el dirigente catalán denunció la "politización de la Justicia" española y la "ausencia de imparcialidad", de ahí que, insistió en que su traslado a Bruselas busca "libertad y seguridad" y las "garantías jurídicas que no se dan en Cataluña y España".
En consecuencia, advirtió que no regresará a su país hasta obtener la garantía de que tendrá "un proceso judicial justo" frente a un Estado español que lo quiere "meter en la cárcel" por "cumplir" su programa electoral, y que se quedará en la capital belga el tiempo que "considere necesario". En el preciso momento en que el presidente de la Generalitat brindaba la conferencia de prensa, el Tribunal Constitucional español suspendía en forma cautelar la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes en el Parlament, por voto secreto.
Lamela, quien lleva adelante la causa por sedición, en la que están involucrados el ex jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendenta del cuerpo, Teresa Laplana, y los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, citó a declarar el próximo jueves y viernes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros cinco ex integrantes de la Mesa imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación por haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes que llevaron a la declaración unilateral de independencia.
