La empresa Litoral Gas reveló ayer en la audiencia pública celebrada en Santa Fe su pretensión de incrementar para el año entrante un 31 por ciento la tarifa de usuarios residenciales, y de 28 por ciento para las pymes. El planteo de la distribuidora mereció el rechazo de la Defensoría del Pueblo, y el reclamo desde la Secretaría de Energía de ampliar la red de cobertura en las localidades que la compañía abastece. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) convocó a la audiencia pública que se realizó en la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, con la presencia de representantes de empresas distribuidoras de gas natural y envasado, de gobierno y de organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos.

Litoral Gas fundamentó su intención de aumentar tarifa con el argumento histórico de las prestadoras de servicios: tres lustros de tarifas congeladas con una inflación acumulada del 1000 por ciento, que hicieron retroceder las inversiones a un nivel mínimo: "garantizar la seguridad y la operatividad del servicio", destacó Leandro Carrero, de la empresa. Tras sostener que es necesario subir a los clientes residenciales el 31% y un 28 % a las Pymes (así como unos 20 centavos a cada metro cúbico de GNC), el vocero de la empresa advirtió que ese porcentaje sólo cubrirá la operación del sistema, sin incorporar nuevas áreas de servicio.

Para hacer obras, brindó dos alternativas, ambas con cargos fijos a pagar por los usuarios. En un caso, un aporte por cliente de $19 mensuales; y otra de $40, con unos 1.900 millones de pesos de inversión.

Por su parte, la secretaria de Energía Verónica Gesse reclamó "prioridad uno" para la extensión del servicio en las localidades que ya lo tienen (antes que la extensión de nuevas redes en poblaciones que aún no accedieron al sistema) y puso especial énfasis en la necesidad de que la compañía distribuidora realice obras en la ciudad de Rosario y otras urbanizaciones de su cordón metropolitano.

Además, consideró que no sería justo con los usuarios que ya cuentan con el servicio que se agregue a sus facturas un cargo especial para desarrollar nuevas redes. Consideró que la planificación de las inversiones para ampliar el número de localidades con servicio es parte de las obligaciones del concesionario.

"Nosotros creemos que las obras prioritarias son aquellas que tienen que solucionar las localidades que ya están servidas con gas, y donde no se pueden brindar nuevos servicios a urbanizaciones nuevas o a nuevos corredores inmobiliarios, como Rosario. No pueden ampliar usuarios porque se hacen necesarios refuerzos en los gasoductos existentes", explicó luego José Luis Parrino a Rosario/12. El estado provincial no objetó el porcentaje que pide Litoral Gas, pero sí fue enfático en la necesidad de las obras.

El que sí se opuso fue el Defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, quien recomendó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) "no aceptar la propuesta de Litoral Gas en los términos en que se ha formulado" y pidió "la realización de un análisis integral de la propia concesión". En ese sentido, pidió que se tenga en cuenta la "relación entre costo de vida y las políticas salariales".

Al tomar la palabra, Lamberto reiteró el pedido que viene realizando en las diferentes audiencias: "Insistimos en que toda programación de cuadros tarifarios, como lo estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Cepis, debe tener presente de manera insoslayable la situación socioeconómica de los usuarios, que la verdadera proporcionalidad, gradualidad y razonabilidad de las tarifas se dará siempre que se tenga en miras las subas de todas las tarifas de los servicios públicos y de los precios generales de la economía y, además, la recuperación de los ingresos del usuario, quien es un solo sujeto que debe afrontar la totalidad de estos gastos".

El Defensor del Pueblo recordó que Litoral Gas propuso un incremento promedio del 31 por ciento considerando todas las categorías, "pero con un plan muy reducido de obras dentro del área ya con servicio, que sólo se compromete a realizar con la condición de que se acepte todo lo que la empresa exige".

Asimismo, Litoral Gas pretende una actualización cada 3 meses y no una adecuación cada seis meses (conforme el índice de precios por mayor con el límite, para usuarios residenciales, del índice que mide salarios), como planteó el Enargás.