Desde Santa Fe
La Cámara Federal de Rosario (sala A) dictó ayer una resolución histórica en un "incidente de nulidad por cosa juzgada fraudulenta" que planteó el fiscal Walter Rodríguez en el caso del vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe. Es la primera en materia de fraude bancario en la Argentina, según fuentes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). "Lo que refulge en esta causa que lleva más de 25 años de iniciada sin que persona alguna fuera a citada a prestar declaración indagatoria es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto 'delito de guante blanco' que habría culminado en la pérdida por parte del Estado provincial de su herramienta financiera más importante y centenaria, con un quebranto de entre 500 y 1.000 millones de dólares", sintetizó la Cámara.
El fiscal solicitó la "nulidad por cosa juzgada fraudulenta" al descubrir que era una "investigación fingida que debe dar paso a una "pesquisa genuina". Y la Cámara le dio la razón: 1) Anuló una resolución del ex juez federal Víctor Brusa de junio de 1993 que había dispuesto el "sobreseimiento provisional de la causa" y su archivo. 2) Y declaró que hoy ya "no existe" ningún "obstáculo procesal, ni de índole jurídica diversa, para continuar seriamente el proceso". Pero al mismo tiempo consideró "insólita" la actitud del juez federal Reinaldo Rodríguez de declarar su "incompetencia" a 25 años de iniciada la causa y pasarla al fuero ordinario como lo resolvió el 1º de julio, cuando la Cámara aún no había resuelto el incidente que definió ayer.
Ya en abril, la Cámara había anulado otra resolución del juez Rodríguez de junio de 2013 que absolvió por prescripción a los 44 imputados, todos ex directores del Banco y varios de ellos, ex ministros de Víctor Reviglio. El fallo de Brusa, en 1993, y el del juez Rodríguez, en 2013, están en línea, pero ¿qué pasó en esos 20 años? La Procelac descubrió que la causa estuvo casi 14 años en "extraña jurisdicción" y "sin impulso procesal" en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Santa Fe. Y otros cinco años, en el propio tribunal de Rodríguez, desde 2008 a 2013, donde el entonces secretario penal Miguel Abásolo (hoy juez federal de Rafaela) se la pasó a su reemplazante. "Existe un notorio perjuicio ocasionado por la demora de 14 años en los cuales las actuaciones estuvieron fuera de la órbita correspondiente y aún después", cuando se devolvió el expediente en 2008, tampoco "se adoptó decisión alguna", dice el primer voto del camarista Fernando Barbará.
El fiscal Rodríguez pidió la "nulidad por cosa juzgada fraudulenta" en octubre de 2013, a poco de su primer contacto con el expediente y solicitar el dictamen de Procelac. Una de las resoluciones impugnadas era la de Brusa de junio de 1993. Y otra, la del juez Rodríguez, de junio de 2013, en la que éste declaró "extinguida la acción penal" y absolvió a los 44 imputados por "prescripción". El juez se tomó casi dos años para rechazar el planteo, en agosto de 2015.
Desde entonces, la Cámara tomó tres decisiones: en diciembre de 2013, reabrió la causa y ordenó al juez que produzca las pruebas que solicitó el Ministerio Público. En abril de 2016, anuló el fallo del juez Rodríguez de junio de 2013 que intentó cerrar el proceso por prescripción. Y ayer, anuló el fallo de Brusa de 1993 y declaró que "no existe obstáculo jurídico para continuar seriamente el proceso".
La Cámara consideró "insólita" la decisión del juez Rodríguez de declarar su incompetencia a 25 años de iniciada la causa. Recordó que el incidente de nulidad por cosa juzgada fraudulenta lo planteó el fiscal un año antes, en setiembre de 2015, de que "el juez se declarara incompetente", el 1º de julio de 2016. "La competencia de las cámaras de apelación es originaria de ellas que la delegan en los jueces de primera instancia", entonces, "mal podrían éstos restar atribuciones a su superior en el Poder Judicial, aún cuando procedieran con absoluta buena fe", dijo la Cámara. Un reto al juez Rodríguez, pero también una ironía que habilita preguntas sobre su "buena fe".
El reproche de la Cámara a la "insólita" incompetencia del juez es un también un revés para el fiscal de Rosario, Bruno Netri, quien dictaminó a favor del "incompetente" y solicitó al tribunal que se "abstuviera de resolver" el incidente de nulidad por cosa juzgada fraudulenta. La Cámara no sólo desestimó su pedido, sino que anuló la resolución de Brusa de 1993.
Netri es el sobrino del ministro de la Corte Suprema de la provincia, a quien Miguel Lifschitz premió con un cargo de vocal de la Cámara Penal de Santa Fe (a pesar de que salió último en el concurso) que la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de noviembre, por 31 a 10.
