La Justicia procesó al docente universitario Anibal Prina por “intimidar” al presidente Mauricio Macri mediante el lanzamiento de huevos de gallina, y jactarse de ello en las redes sociales. El juez que dictó la medida basó sus fundamentos en el relato que los medios de comunicación hicieron sobre ese hecho ocurrido en La Pampa y le trabó un embargo por 3 mil pesos.

El hecho ocurrió el pasado 12 de octubre. Ese día, Macri estuvo en la capital pampeana, Santa Rosa, para participar de un acto de campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre último. Cuando la caravana presidencial pasó por la rotonda El Avión y un grupo de manifestantes arrojó huevos a los automóviles, con particular énfasis en el que viajaba el jefe de Estado.

Ese hecho no produjo daños en los rodados, los policías de custodia no neutralizaron a los manifestantes ni el acto proselitista del mandatario fue suspendido. A las pocas horas, Prina se jactó del “escrache” a través de su cuenta de Facebook: “Le recagamos a huevazos el coche” a Macri, posteó. Y justo lo leyeron los expertos en informática del Ministerio de Seguridad. Al día siguiente, la que se jactó fue ministra Patricia Bullrich: "Detuvimos al agresor del Presidente @mauriciomacri, Anibal Prina profesor y patotero”, escribió.

Según el juez federal subrogante de Santa Rosa, Facundo Cubas, al arrojar los huevos, Prina “infundió un temor público”, suscitó “tumultos” y “desórdenes”, y amenazó “con la comisión de un delito de peligro común”. Esas son las características del delito tipificadas en el artículo 211 del Código Penal, que el magistrado aplicó contra el profesor de Botánica en la Facultad de Agronomía de La Pampa.

Por ahora, el docente de 60 años de edad que se suma a la cantidad de personas que expresaron su rechazo al Presidente y a sus políticas de ajuste y fueron imputados por algún delito, no irá preso. Pero si se comprueba que por arrojar huevos hizo tambalear los cimientos de la figura presidencial, recibirá una condena de dos a seis años de prisión, tal la pena prevista el delito de “intimidación”.

Marcelo Mangas, abogado defensor del docente, anticipó que apelará la resolución. Fuentes judiciales citadas por los medios locales sostuvieron que las pruebas del dictamen judicial fueron las publicaciones del hecho en los medios de comunicación.