Los abogados de 19 de los 22 procesados bajo las figuras penales de "intimación pública" y "resistencia a la autoridad" tras la represión del 1 de septiembre en Plaza de Mayo apelaron la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, al considerar que se trata de una "imputación genérica" y con "absoluta orfandad probatoria", sostenida en elementos presentados por la propia Policía de la Ciudad, que llevó adelante detenciones "al voleo". Las querellas adelantaron que solicitarán el sobreseimiento de los procesados,advirtieron que hubo "una orden preexistente de generar provocaciones" y expresaron la "certeza de enfrentar una nueva instancia de criminalización de la protesta".  

La apelación presentada ante el juzgado de De Giorgi resalta que un tercio de los detenidos fueron trabajadores de prensa que registraban el accionar policial, por lo que calificaron de "deliberadas" las detenciones y se reservaron el recurso extraordinario de llevar la causa ante la Corte Suprema por estar en juego "el derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades". 

Las querellas —integradas por Ismael Jalil, Matías Aufieri, Lilén Camila Reyes, Luciana Martín, María del Carmen Verdú, entre otros letrados— subrayaron la "absoluta orfandad probatoria" y las "actas falaces" construídas de "forma fragmentaria y contradictoria, incurriendo en omisiones, alteraciones y falencias injustificables" redactadas por la Policía de la Ciudad para argumentar las detenciones arbitrarias contra los 31 detenidos aquella noche del 1 de septiembre, cuando 250 mil personas marcharon en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

Los abogados indicaron que el propio De Giorgi reconoce en el procesamiento cómo "en el acto de las indagatorias ha quedado palmariamente demostrada la falsedad de las actas de detención". 

Para ejemplificar algunas de las falsedades redactas en las actas policiales, los abogados reiteran los casos denunciados públicamente de los reporteros gráficos de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza, quienes figuran como detenidos en Plaza de Mayo, cuando existen registros fotográficos y de video que los ubica en en San José y Avenida de Mayo, a 15 cuadras de Casa de Gobierno. En la apelación se advierte que el propio policía que realizó las detenciones "sin advertir que se está autoincriminando" señaló en su declaración testimonial que fue "increpado" por los periodistas para evitar la detención de Gabriela Sánchez, quien figura ser arrestada en el cruce de  San José y Avenida de Mayo. 

"Tan precarias son tales actas de detención, que en ocasiones ni siquiera consignan el horario de la detención, lo que, a su vez, se reprodujo en las imputaciones formuladas en las indagatorias", advierten los abogados sobre las actas falseadas por la Policía y tomadas por válidas por el juez De Giorgi. "Se comprueba que la ausencia de análisis profundo en las etapas instructorias", lamentan los letrados en otro fragmento.

La apelación insiste en que los hechos descriptos en las actas no encuadran en la figura de intimidación pública al sostener que la Policía de la Ciudad recurrió a descripciones genéricas como “tirar piedras”, “tener una actitud hostil”, “empujar el vallado”, “cubrirse la cara”. En el caso del fotógrafo de ATE Carlos Guerra, las actas policíales señalan que “tenía una cámara de foto en actitud hostil”, mientras que en el caso de Cristián Vázquez —un joven detenido cuando salía de su trabajo en una empresa de sistemas— figura detenido junto a otras cuatro personas, entre ellas Guerra, al "arrojar botellas de vidrio, cascotes y otros elementos" en Plaza de Mayo.   

"En modo alguno, con un mínimo de razonabilidad y verosimilitud pueden desprenderse imputaciones del calibre de la intimidación pública", advirtieron los abogados y agregan: "Tenemos ciudadanos y ciudadanas arbitraria y discrecionalmente detenidos, cuya resistencia a tal circunstancia lesiva en modo alguno puede constituir delito".

En ese contexto, la apelación denuncia "enfrentar una nueva instancia de la política estatal de criminalización de la protesta, que corre pareja con la política represiva que motivó la necesidad de movilizarnos el 1º de septiembre", en referencia a la desaparición de Maldonado. 

Por último, exigieron también que se desestimen los "embargos absolutamente confiscatorios y completamente desfasados de los hechos puntuales imputados" ordenados por De Giorgi, quien cargó contra los procesados con embargos de entre 1 millón y 5 millones de pesos.

"Desconoce cuál es la actual situación económica de nuestros asistidos", sostuvieron los abogados y sentenciaron que es "una muestra palmaria y patética de la superficialidad con la que se resolvió cómo proceder en obrados y de la precariedad absoluta de argumentos".