Adriana Díaz impulsó en el Consejo del Norte Grande una espacio para luchar contra la trata de personas ante el desmantelamiento del Gobierno Nacional de estos organismos. La diputada provincial por Unión por la Patria en charla con Catamarca 12 realizó un llamado a contraponer las políticas libertarias y analizó el espacio del oficialismo local en el contexto de la turbulencia política nacional.
El Norte Grande creó un organismo para combatir la trata de personas ¿Crees que puede ponerse en funcionamiento o es un gesto político para visibilizar la necesidad de cubrir este problema que no forma parte de la agenda de los gobiernos hoy?
La política implementada por el gobierno nacional de destrucción de instituciones que promueven medidas inclusivas y garantizan derechos, obliga a los estados subnacionales (provincias y municipios) a suplir esos roles. El problema es que gobernadores e intendentes no cuentan con los recursos imprescindibles para financiar esas medidas y garantizar esos derechos; un poco por las limitaciones propias de estas jurisdicciones y sobre todo porque la crisis económica provocada por el programa de ajuste fiscal y retracción de fondos a provincias y municipios ha gravitado muy negativamente en sus presupuestos. Pero la falta de recursos no puede inmovilizarnos.
Es preciso que exista un Estado que asista, contenga y promueva a los sectores de mayor vulnerabilidad en la sociedad. La articulación regional es, entonces, una alternativa virtuosa a la que hay que apelar al mismo tiempo de complementar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando con mucho compromiso en esta problemática.
¿En la crisis federal actual ves una oportunidad para que las provincias tomen mayor protagonismo e iniciativa?
Las provincias siempre deben tener una actitud proactiva y de protagonismo en el concierto nacional. Es una condición necesaria para el ejercicio del federalismo, claramente mencionado en la Constitución y las leyes de la república, pero que viene siendo tan poco visible en la práctica. El gobierno de Milei es el peor de los últimos 40 años, por lejos, en lo que respecta al respeto por las instituciones y el espíritu con el que fue concebida la República Argentina. Hace un ejercicio del poder autoritario y de vulneración permanente de los derechos de las provincias. Ha sometido a un ahogo a provincias y municipios, trasladando impunemente el déficit nacional a estos niveles de gobierno. El achicamiento del déficit nacional se ha logrado a costa de las provincias, municipios y el salario de los trabajadores y los jubilados! Es un escándalo lo que está sucediendo. La respuesta no puede ser otra que la generación de un contrapoder que se articule con las fuerzas del federalismo, que incluya a los estados, pero también a las fuerzas políticas, más allá de las diferencias que pueden existir entre ellas, y a las organizaciones sociales y no gubernamentales. No debe haber grietas en este empeño. Es muy triste ver, por ejemplo, a dirigentes libertarios de Catamarca y de otras provincias defendiendo al criminal ajuste nacional, que perjudica a sus vecinos, a sus amigos y familias.
La fuerza de las provincias unidas tiene que ser lo suficientemente potente como para modificar la lógica perversa del gobierno nacional, que ha incrementado la pobreza, la indigencia y la desocupación a niveles que no se veían desde la crisis del 2001.
Como parte de la alianza de Unión por la Patria, ¿cómo lees las diferentes posturas que han tomado el Gobierno Provincial y los legisladores nacionales frente a la Ley Bases?
Personalmente y desde una cuestión programática del Partido Intransigente, el cual presido en Catamarca, no acuerdo ni con un solo artículo de la llamada “ley Bases...”, que implica un retroceso de décadas en la estructura institucional de la Argentina y posibilita la implementación de políticas letales para derechos consagrados, habilita el saqueo de nuestro patrimonio y recursos naturales. Pienso que nuestros legisladores nacionales deben ser consecuentes con el mandato que se les otorgó desde Catamarca, ejerciendo una oposición fundada a todas aquellas políticas que vulneran nuestros derechos. Y la Ley Bases lo hace en cada uno de sus aspectos.
¿Crees que las diferencias en relación con la posición dialoguista del gobernador Jalil afectan el armado oficialista local?
Nadie puede estar en contra del diálogo político. Pero el diálogo es una construcción colectiva, donde existen interlocutores que intercambian opiniones, puntos de vista y eventualmente llegan a consensos para la implementación de políticas públicas. Milei no quiere diálogo, solo impone decisiones que sus interlocutores deben acatar sin objeción alguna. Cree que gobernadores, intendentes, legisladores están por debajo de su poder. Además, como dice el sociólogo Pablo Semán, que hace unos días visitó Catamarca, "Si a Milei le va bien, a los gobernadores les va a ir mal”. Y esto no se aplica a “un nombre”, le va a ir mal a las Provincias y su pueblo! La única opción viable es contraponer al modelo libertario o intentar forzar cambios en las políticas nacionales.
Respecto del armado político local, se trata de una alianza de distintas expresiones políticas y sociales entre las que puede haber disidencias, por supuesto, aunque en general en el espacio prevalece una perspectiva de un proyecto de raigambre nacional, popular, federal. Es muy importante y necesario mantener un debate abierto entre las fuerzas del oficialismo provincial, del cual formamos parte. Atravesamos un momento de turbulencia política, producto de la grave crisis económica provocada por el gobierno de Milei, nos toca a Catamarca también, aunque estoy convencida de que estratégicamente en la extensión del espacio hay más coincidencias que diferencias respecto de cuál es el proyecto que nos une y cuál es el proyecto que debemos enfrentar.
