Desde Posadas
Después del pacto entre docentes y policías de Misiones para armar un frente común de protesta frente al gobierno provincial que conmovió al país por lo novedoso e inesperado de semejante alianza, el miércoles dejó como saldo la toma del Ministerio de Salud de parte de personal autoconvocado que no adhirió a la paritaria a la baja propuesta de la administración de Hugo Passalacqua y aceptada por UPCN y distintas seccionales de ATE, entre ellas la más importante, que es la de Posadas.
La arremetida en el edificio ubicado en Junín y Tucumán de la capital misionera fue la consecuencia de varios días de reclamos salariales, negociaciones infructuosas y algunas acusaciones del personal de la salud, entre las cuales se destacan el impedimento que sufrió un delegado sindical para participar de la reunión conciliatoria del martes entre los gremios “dialoguistas” y los ministros de Salud Pública, Héctor González; de Hacienda, Adolfo Safrán (de los más cuestionados en todas las marchas y protestas) y de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, además del director de Liquidaciones Miguel Dos Santos.
Los sectores del personal de salud que no firmaron la acordada esperaban igualmente tener una reunión con Héctor González en el transcurso del miércoles, cosa que finalmente no ocurrió y agotó la confianza de quienes estaban desde el viernes pasado acampando en las veredas de Junín y Tucumán y cortando el tránsito en esa intersección ubicada a apenas tres cuadras de Plaza San Martín, uno de los corazones del centro posadeño.
Pocas horas después de ese episodio se sumó a esta escalada de protestas salariales la de los empleados de Energía de Misiones, quienes se manifestaron cerca del mediodía en La Rioja casi Ayacucho, precisamente frente al edificio de la empresa estatal que se encarga del suministro en toda la provincia. Esta acción tomó por sorpresa a propios y extraños, ya que no se recuerdan exigencias de esta naturaleza en el personal de abastecimiento energético de la provincia. Sin embargo, está claro que esta saga de movilizaciones, acciones, marchas y acampes comienza a dinamizar un efecto dominó de consecuencias impredecibles.
La muestra de esto último es la posibilidad concreta de que en el transcurso de hoy jueves se plieguen a las barricadas principales de avenida Uruguay (donde están apostados docentes y policías protestantes) distintos miembros de la industria yerbatera de Misiones, principalmente colonos que se ven estimulados a aprovechar la visibilidad que los reclamos contra el gobierno provincial adquirieron en la agenda nacional.
Esto le aportaría otra dimensión al conflicto, en principio porque obligaría a una procesión de autos e incluso tractores desde el frondoso interior misionero hasta la capital de la provincia, pero también porque --acaso por primera vez desde que se iniciaron las protestas—arrastra en la culpabilidad al gobierno nacional. Hasta ahora la administración Milei era un “enemigo” secundario que la ligaba más por carácter transitivo (por ser el autor material de la política de la motosierra y el mantra de “no hay plata” que afectó el presupuesto provincial), pero ahora toma lugar en el banquillo de los acusados toda vez que fue desde ese ámbito donde se propicia la apertura de importaciones que dinamitaría la yerba de Misiones en beneficio de la que se puede conseguir a mucho menor costo desde Paraguay y Brasil.
Se especula con que los yerbateros ocupen el sector de los policías en Uruguay y Félix Bogado, alrededor del Comando Radioeléctrico de Posadas, donde el subcomisario mayor retirado Ramón Amarila le sigue reclamando a miembros del gobierno provincial “que vengan y no tengan miedo, queremos dialogar. No nos gusta esa conducta de viejos capataces de campo a sus peones que no son propias de los tiempos que estamos viviendo. Queremos charlar y no nos vamos a ir de acá”. Los uniformados además abandonaron por primera vez su posta para marchar hacia la Casa de Gobierno, pasando previamente por los cortes y acampes de maestros y trabajadores de salud.
Sobre la misma avenida Uruguay, pero al otro lado de la calle Trincheras de San José, están ubicados los docentes, quienes el martes aceptaron abandonar el corte en la base del Puente Garupá y sumar músculo a una esquina que hasta ese entonces estaba dispersa, pero desde ese entonces prácticamente iguala en volumen y presencia a la de los efectivos. A diferencia de los policías, que no tienen sindicato y se referencian detrás de los liderazgos de Ramón Amarilla y su colega Germán Palavecino (los principales referentes y portavoces de la protesta uniformada), los maestros y profesores tienen que construir diariamente un sensible equilibrio entre distintas procedencias gremiales y territoriales.
Sin embargo, la expectativa es positiva, sobre todo después de la masiva Marcha de Antorchas de ayer entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Misiones y la conocida como Plaza del Mástil de Posadas. “Pensaban que siempre nos iban a tener sometidos porque esta gestión política es así”, apunta Carlos Lezcano, profesor de matemáticas y uno de los principales portavoces del variopinto colectivo docente. “No solo nos someten con un salario de hambre: hay una política educativa que busca destruir la formación del ciudadano con esquemas que impiden el desarrollo de una persona independiente, libre y crítica. Pero no importa: acá estamos todos y seguiremos resistiendo hasta el final”.
