En el artículo publicado en "The Guardian", Puigdemont acusó al Gobierno español de "cometer una brutal ofensiva judicial" para llevar a cabo un "encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos". El líder independentista denunció "una clara falta de independencia y neutralidad" en la Justicia española y aseguró que seguirá "denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que son ahora evidentes en España".

                   En su artículo, Puigdemont denunció que la "Justicia española ha sido puesta al servicio de la agenda política del Gobierno" y pidió "justicia real" para él y sus ex compañeros de Gobierno, ocho de los cuales están en prisión provisional en España por presuntos delitos relacionados con el desafío independentista catalán.

                   Sus palabras llegan después de que el domingo él y cuatro de sus ex consejeros (ministros regionales) fuesen puestos en libertad provisional por la Justicia belga, que debe decidir si los entrega a España para que respondan en las investigaciones que llevaron al resto del "Govern" destituido a prisión preventiva.

                   La próxima cita ante los tribunales de Bélgica será el 17 de noviembre, según informó hoy la Fiscalía de ese país. La Cámara del Consejo estudiará ese día la orden de detención europea remitida desde España después de que los políticos catalanes no se presentasen ante la Audiencia Nacional en Madrid.

                   La Justicia española los investiga por diversos delitos vinculados al proceso independentista que culminó con el Parlamento catalán aprobando el 27 de octubre una resolución para crear una república soberana. La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel.

                   "En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática", tuiteó Puigdemont hoy en su primera reacción pública. El ex "president" y los otros otros cuatro políticos investigados tendrán que permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención enviada por España, comunicar su domicilio y acudir al tribunal cada vez que se los requiera. La Justicia de Bélgica tiene 15 días para decidir en primera instancia si los entrega a España. En caso de que haya apelaciones, el procedimiento puede extenderse hasta 45 días, según la legislación belga, aunque la europea permite ampliar el plazo a 90 días en casos excepcionales.

                   En tanto, en Cataluña la mirada está puesta en las elecciones regionales que se celebrarán el 21 de diciembre. El martes  se cumple el plazo para que los partidos que quieran acudir a las urnas en coalición las registren antes las autoridades electorales. Con ese límite, es de esperar que en las próximas horas se sepa si  Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont se presentan por separado o si reeditan la coalición Junts Pel Sì con la que ganaron las elecciones de 2015, una posibilidad que ganó fuerza las últimas horas tras las detenciones de ex consejeros del "Govern".

                   El PDeCAT apuesta por concurrir junto con ERC y por llevar como candidato a Puigdemont, quien pidió una lista única soberanista. Sin embargo, ERC es reticente y supeditó su inclusión en una lista única a que esta incluya a formaciones como la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y parte de Podem, la marca catalana del partido izquierdista Podemos.

                   Podem fue precisamente uno de los protagonista de la jornada por la dimisión de su líder, Albano Dante Fachin. La postura ante el desafío independentista había generado tensiones entre la dirección central de Podemos -encabezada por Pablo Iglesias- y Fachin por la cercanía de este último a los secesionistas.

                   Finalmente, Fachin presentó hoy su dimisión, abandonó el partido y reconoció haber tenido contactos con ERC y la CUP sobre la posibilidad de formar un "frente electoral".  Se abre así un escenario de división en el seno de Podem, que participó en las elecciones de 2015 dentro de la coalición Catalunya Sí que es Pot (CSQP), de la que formaba parte el grupo de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, Catalunya en Comú. Todavía está por ver si esa coalición volverá a presentarse como tal, pero las encuestas vaticinan que podría tener la llave para la formación de un Gobierno regional mayoritario tras los comicios.