Un ejemplo de las presuntas irregularidades podrá verse, según los expertos del Observatorio de Tarifas de la Umet, en la audiencia pública que tendrá lugar el viernes 17 sobre el precio de la generación eléctrica y su traslado a las tarifas de Edenor y Edesur.
El mismo día una audiencia se producirá a continuación de la otra.
La primera de las audiencias del 17 fue convocada por el Ministerio de Energía para considerar el incremento del precio de generación que se trasladará a las tarifas que apliquen Edenor y Edesur. Explicado por Rebasa: “Dicho de otra manera, considerar el porcentaje de subsidio estatal a los usuarios sobre el costo de la generación que se retira, que se elimina, y su consiguiente traslado a la tarifa”.
Después, en el mismo lugar, en el palacio de Obras Sanitarias, comenzará otra audiencia convocada por el Ente Nacional Regulador de Electricidad, el ENRE. Debe analizar la inclusión de los montos de subsidio a los precios de generación eliminados en la audiencia anterior. Y debe discriminar la participación de esos incrementos tarifarios entre las diferentes categorías de usuarios.
En palabras de Rebasa: “La casi simultaneidad permite conjeturar que hay una decisión ya tomada sobre los porcentajes de aumento. No se concibe su traslado inmediato de una a otra sin tomar en cuenta las consideraciones de la primera audiencia y sin haber adoptado con tiempo la decisión administrativa que corresponda”.
A Rebasa no le parece mal convocar a una audiencia pública sobre el costo de la generación. Proviene de la decisión de la Corte Suprema en el fallo Cepis de la Corte sobre el gas, “decisión válida para todo servicio público similar”.
“Lo que no es serio es dar todo por hecho, tener la decisión ya tomada y sin las formalidades de rigor y convertir la audienciapública en un mero paso protocolar, sin debate real de lo que se diga en ella”, dijo Rebasa. “Es menoscabar el sentido de la audiencia pública y es como mofarse de ella.”
Otro requisito de la Corte que no se cumpliría en las audiencias convocadas para esta semana sería el de contar antes con “información adecuada y veraz”.
Explicó Rebasa que el expediente del Ministerio de Energía no dice con claridad cuánto subsidio pretende eliminar respecto del costo de generación eléctrica nacional, “y ése es el dato central y el objetivo principal a considerar en la audiencia pública”. El Ministerio presentó cuadros y datos “con cierto tono publicitario, de uno de los cuales se podría suponer cierta magnitud de eliminación del subsidio pero sin poner a consideración de los usuarios, a quienes convoca, el porcentaje real y concreto con números que pretende”. Según el director del OTA “esa sola circunstancia podría anular la audiencia pública”.
El costo mayorista es lo que cuesta al país producir electricidad y lo administra la empresa Camesa. Hasta el mes pasado el megavatio hora costaba alrededor de 1200 pesos. Luego de las audiencias el costo podría pasar a costar unos 1400 pesos.
En la parte de la tarifa que se refiere a generación de energía, que representa alrededor de la mitad del valor total, los usuarios residenciales pasarían a pagar entre 850 y 900 pesos el megavatio hora cuando hoy pagan 640. En la parte de la tarifa relacionada con la distribución a cargo de Edenor y Edesur, la revisión tarifaria integral aprobada ya fue del 18 por ciento antes de las audiencias. La duda es cuánto del nuevo precio de 850 o 900 pesos se trasladará a la segunda parte de la tarifa. El aumento total en diciembre podría estar entonces un 30 por ciento. En febrero también hay ya aumentos previstos.
“Si hubo antes un aumento del 1000 por ciento, como efectivamente pasó, y ahora el aumento nuevo es del 30, el total de incremento desde diciembre de 2015 es un 1300 por ciento”, dijo Rebasa.
Los 850 o 900 son el plan del Ministerio de Energía de reducción de subsidios. No hay una razón técnica sino la implicancia de una decisión de quitar subsidios. “Si uno supone que hay que quitar parte de los subsidios, la gradualidad debería ser más suave y según la capacidad de pago de la población de acuerdo con lo que dijo la Corte en el fallo Cepis”, dijo Rebasa. “Las decisiones políticas son opinables, y así como yo digo que la gradualidad debería ser más suave otros dirían que es conveniente que fuera menos suave. Incluso teniendo en cuenta ese punto, hacer una quita de subsidios de este modo es exagerado y abrupto.”
“El fallo Cepis dice que un aumento no puede atacar los ingresos ni la vida digna porque todos los aumentos se suman y, juntos, quitan la posibilidad de una vida digna”, dijo Rebasa. “Todo se va alejando de lo razonable y lo gradual.”
El 75 por ciento de la producción de gas es local. El 25 por ciento se importaba y esa parte estaba subsidiada. Hoy, sin embargo, bajó el precio porque bajó el petróleo pero el Estado sigue pensando la composición de la tarifa como antes. Entonces la quita de subsidios en gas debería ser aún más cuidadosa que en electricidad. “Es un regalo a las petroleras”, dijo Repar.
Añadió: “Los documentos del Ministerio de Energía y Minería nunca explicaron de dónde asumían que en el 2017 habría un subsidio de 2227 millones de dólares (que sería un valor inferior al 40 por ciento del monto de 5700 millones de dólares indicados en la presentación del Ministerio en la audiencia pública de septiembre de 2016) cuando ya sabemos que la importación se redujo al 50 por ciento. Es como una confesión que de hecho invalida el valor de subsidio que sería necesario descontar”.
En diciembre el Ministerio de Energía proyecta elevar el precio del gas en boca de pozo hasta llegar a los 5,02 dólares por millón de BTU. “En los Estados Unidos es de tres dólares”, dijo Repar con vistas a sus argumentos en las audiencias del miércoles 15.
