Después del mediodía, cuando ya había terminado el horario de atención al público en Comodoro Py, Alejandro Vandenbroele se presentó en la fiscalía de Jorge Di Lello y pidió ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados. Un trámite breve bastó para que el juez Ariel Lijo aceptara el pedido y el hombre acusado de haber actuado como testaferro de Amado Boudou se convirtiera en inminente arrepentido. Di Lello y Lijo tramitan tres causas en las que Vandenbroele está imputado: una es el caso Ciccone (ya en etapa de juicio oral), donde está señalado como prestanombre para el levantamiento de la quiebra y la compra de la imprenta a través de la firma The Old Fund; de esa misma empresa se investigan en otro expediente el cobro de 7,6 millones de pesos de un consultoría irregular para la renegociación de la deuda de Formosa con el Estado cuando Boudou era ministro de economía; y por último, la investigación en la que quedaron detenidos el ex vicepresidente y su socio y amigo José María Nuñez Carmona por lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

En el Gobierno estaban al tanto del pedido que haría Vandenbroele. Hace tiempo, incluso desde antes de que empezara el juicio por Ciccone, crecía la expectativa oficial de que aportara algún dato comprometedor para los funcionarios del kirchnerismo. Poco después de que solicitara la protección, el fiscal Di Lello convocó a funcionarios del Programa de Protección para acordar los pasos a seguir. Quedar incluido en ese sistema le proporciona un lugar seguro, vivienda y custodia, en principio de la Policía Federal. Podría cambiar de identidad también. Todavía la fiscalía no fijó fecha para su declaración. Para que pueda ser considerado “arrepentido” deberá aportar información que sea novedosa y sustancial para la investigación, previo a la elevación a juicio oral. La causa donde está señalado como quien puso buena parte del dinero para el levantamiento de la quiebra de Ciccone a través de The Old Fund no tendría injerencia, pero sí en las otras dos aunque, en rigor, están interrelacionadas.  Si la información es útil para los investigadores, si además contribuye a evitar que un delito se siga cometiendo, podrá aspirar a una reducción de la pena. Podría ser la pena mínima en grado de tentativa, que para el caso de Vandenbroele podría traducirse en una pena en suspenso, mientras que Boudou y Núñez Carmona ya están presos.

El nombre de Vandenbroele se hizo conocido en 2012 cuando su ex esposa, Laura Muñoz, lo denunció públicamente como supuesto testaferro de Boudou. La semana pasada, en el juicio sobre Ciccone, reiteró: “Vandenbroele me dijo que trabajaba para Boudou y el nexo era Núñez Carmona. Me dijo que estaban haciendo un negocio con Formosa”. Tanto el ex ministro de Economía como Vendenbroele negaron siempre tener relación alguna. Sostienen que ni se conocen, y de hecho no hay prueba directa (como una foto o conversaciones) que acredite un vínculo. Por eso, entre las especulaciones sobre qué podría aportar el segundo como arrepentido, todo indicaría que si alude a Boudou sería a través de lo que revele sobre Núñez Carmona. En tribunales las apuestas indican que también salpicaría a funcionarios de Formosa -el gobernador Gildo Insfrán, en rigor, ya está implicado– y hay quienes imaginan que podría apuntar a algunos nombres que quedan revoloteando en el caso Ciccone (que tiene un tramo aún en investigación en el juzgado de Lijo) como el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta, en rigor ya señalados por el ex vicepresidente como las personas vinculadas con el levantamiento de la quiebra de la imprenta.

¿Por qué están presos Boudou y Núñez Carmona pero Vandenbroele no si todos serían parte de una asociación ilícita? Cuando el juez Lijo dispuso detenerlos, señaló en relación a Boudou el poder y vínculos que podía conservar pese a no ser más funcionario público; sobre Núñez Carmona remarcó que tiene cuentas y negocios en el exterior (había pedido viajar a España tiempo atrás por razones comerciales). Vandenbroele, señalan en el juzgado para justificar su situación diferenciada, no tiene cuentas ni negocios fuera del país. La realidad es que hace tiempo se especula con la posibilidad de que ventile datos vinculados al resto de los imputados. Le habría pedido, antes, 1 millón de pesos al Gobierno a cambio de dar información, pero le dijeron que no. Al final tuvo que acordar con la fiscalía, que es la posibilidad que prevé la llamada ley del arrepentido.