Beneficio para Estados Unidos
Filtraciones de las offshore

Offshoreleaks, Swissleaks, Luxleaks, Bahamas Leaks, Panama Papers y, desde el 4 de noviembre de 2017, Paradise Papers. La sucesión de megafiltraciones no se detiene. El hackeo y divulgación de los 1,4 terabyte de archivos secretos de Appleby, una empresa radicada en Bermudas que como Mossack Fonseca se dedica a vender los vehículos necesarios para desplazarse por las guaridas fiscales, es la expresión más reciente pero no será la última. A escala global, las grietas abiertas durante los escándalos echan luz sobre el funcionamiento de los intermediarios en el entramado de servicios financieros offshore; mientras que, a nivel local, dejan al descubierto las maniobras de fuga y evasión diseñadas para las grandes corporaciones, los dueños de esas empresas, los herederos, los políticos y las celebridades. La proliferación de megafiltraciones exige incorporar a ese análisis bidimensional un tercer elemento de carácter sistémico: la disputa de poder al interior de la red de guaridas fiscales por la apropiación de una porción mayor de la renta generada por el negocio. 

En una batalla donde los contendientes parecen ser Estados Unidos, Rusia y China, lo que está en juego es la localización de los 32 billones de dólares administrados a través del mundo offshore. Un 32 seguido de doce ceros que equivale a sumar el PIB de toda la Unión Europea y multiplicarlo por dos. La exposición de los dueños de esos fondos es un jugoso daño colateral. A pesar de la intensidad de la pelea, el negocio de los paraísos fiscales está lejos de desaparecer. La continuidad del secreto bancario y el mundo offshore está garantizada ya que los abusos revelados por cada filtración no son prácticas aisladas sino la forma dominante a través de la que se organizan los negocios a escala planetaria. 

Pasaron ocho años desde que se conoció la primer sentencia de muerte para el mundo offshore. “La era del secreto bancario ha terminado”, dispuso el G-20 en el documento final de la cumbre de presidentes de Londres a comienzos de abril de 2009. El estallido de la crisis internacional había convertido al foro de países en el espacio de discusión de la economía global y, ese año, la red de guaridas fiscales quedó en el ojo de la tormenta. Las autoridades estadounidenses y europeas las señalaban como una de las responsables de la crisis. El cuestionamiento desconocía la existencia de paraísos como Delaware, Florida y Nevada en los Estados Unidos, al tiempo que entre las grandes guaridas europeas, como Suiza, no cabían dudas de su enorme poder de resistencia a cualquier tipo de presión. El resultado del debate fue la publicación de una lista negra de paraísos fiscales. La tarea quedó a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desa- rrollo Económicos (OCDE), pero la laxitud de los criterios de la institución permitió que sus listados de enclaves offshore se vaciaran en pocas semanas. Bastó que los países que habían sido señalados como ovejas negras expresaran su compromiso para firmar algunos acuerdos de intercambio de información con otras jurisdicciones, muchas veces entre los propios paraísos fiscales. 

El secreto bancario no desapareció pero el G-20 no fue inocuo. La masiva firma de tratados registrada a partir de la última crisis internacional no afectó el tamaño de los depósitos alojados en los paraísos sino que indujo una relocalización de fondos al interior de la red global de servicios financieros offshore. A partir de los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), los investigadores Niels Johannesen y Gabriel Zucman identificaron que los recursos declarados en el sistema bancario de 18 paraísos fiscales osciló alrededor de los 2,7 billones de dólares entre 2007 y 2011. Pero, a pesar de la aparente estabilidad en el tamaño del mundo offshore, la firma de los tratados fiscales estuvo acompañada por una importante caída de los depósitos en aquellas guaridas que se comprometieron a compartir información sobre los presuntos evasores de impuesto y lavadores de dinero. “Las ganancias y pérdidas en los depósitos bancarios están correlacionadas con la cantidad de tratados firmados por cada paraíso. Chipre solo firmó dos tratados y experimentó un incremento del 60 por ciento en los depósitos mientras que Guersney firmó diecinueve acuerdos y registró una caída del 15 por ciento. Nuestra evidencia sugiere que los evasores responden a la firma de los tratados transfiriendo los depósitos hacia otros paraísos dejando prácticamente inalterada la cantidad de fondos administrados en los paraísos fiscales”, explican Johannesen y Zucman en su investigación. 

Las estimaciones realizadas por los economistas representan un piso para las respuestas del mundo offshore a los tratados para el intercambio de información bancaria y fiscal ya que esos datos no contemplan las cáscaras societarias en Bahamas, Panamá, Uruguay o Belice diseñadas por Mossack Fonseca o Appleby para ocultar la identidad de sus clientes. Los registros del BIS muestran que en 2011 alrededor de 550.000 millones de dólares, el 25 por ciento de los depósitos existentes en la red global de guaridas fiscales, provenían de paraísos como Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán. Investigaciones judiciales abiertas a partir de los Panamá Papers o el caso HSBC Private Bank de Ginebra muestran que la relocalización de fondos al interior de la red no se limita a la firma de acuerdos bilaterales. Las megafiltraciones tuvieron un efecto similar.

La cumbre presidencial del G-20 en 2009 fue el puntapié inicial para el intenso proceso de reorganización que experimenta la red global de servicios financieros offshore. La disputa por el negocio global de 32 billones de dólares no está resuelta. Por eso, antes que anticipar el fin de una era, las megafiltraciones, las presiones para la eliminación del secreto bancario, las iniciativas para el intercambio de información y el golpe a la credibilidad del secretismo de paraísos fiscales parecieran favorecer a otras plazas que se presentan más seguras para esos capitales. Quien hoy lleva la batuta es Estados Unidos que convoca a los capitales radicados en el resto de las plazas offshore a través del secreto y los beneficios fiscales. Ofrece atención personalizada las 24 horas los 365 días del año desde Delaware, Nevada, Florida, Wyoming, Arizona y Georgia.