El diputado y secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez, reveló que los trabajadores fueron “víctimas de una extorsión por parte del gobierno nacional en su ambición de modificar las condiciones”, en relación al acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, que implica congelar los salarios por dos años -desde junio de 2018 hasta junio de 2020- a cambio que de no haya despidos ni suspensiones.
“Hemos sido presionados incluso con la posibilidad de reducir un 30 por ciento nuestros ingresos actuales”, contó Martínez, quien remarcó que “producto de esta extorsión, hemos aceptado esta alternativa para no perder nuestros puestos de trabajo”. “No nos dejaron alternativas ante las amenzas de despidos. Es como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el ´dunga dunga´”, reconoció.
En diálogo con el programa Mañana Sylvestre, en Radio10, Martínez justificó la decisión de aceptar el acuerdo porque en Tierra del Fuego “no hay trabajo, encabezamos los niveles de desocupación del país” y que se trata de una provincia “muy alejada, condenada a la exclusión”.
“La gobernadora venía siendo obsecuente de las políticas del gobierno nacional pero en esta circunstancia hizo una convocatoria para defender los puestos de trabajo”, dijo el sindicalista respecto de la actitud de Bertone. El acuerdo con los trabajadores llegó en el marco del proyecto del gobierno nacional para reducir progresivamente los impuestos a los productos electrónicos importados, que pasará en 2018 del 17 al 10,5 por ciento y llegará a un 2 por ciento en 2023. Según trascendió, el Ejecutivo quería llevarla hasta 0, y Bertone aseguró que ello implicaba directamente la disolución de la provincia.
