La Fiscalía de Esquel imputará al médico de la Policía Federal Argentina Werther Augusto Aguiar, quien participó del operativo de custodia del cuerpo encontrado en el río Chubut, como el responsable de la filtración de las fotografías del cuerpo de Santiago Maldonado, en ese entonces todavía sin identificar, que se mantuvo en custodia en la morgue local antes de ser trasladado a la Morgue de la ciudad de Buenos Aires, donde finalmente fue identificado. La familia ya pidió "una investigación independiente", en línea con sus últimos reclamos en la otra causa por la desaparición y muerte de Maldonado.

Cuando la identidad del cuerpo hallado el 17 de octubre todavía no había sido verificada, a través de las redes sociales se difundió la imagen de un cadáver recostado sobre una mesa y vestido con ropa de lana y una campera celeste. Algunos medios de comunicación inclusive llegaron a publicarlas. Ahora, el Ministerio Público Fiscal realizará una imputación formal contra el médico de la PFA. 

A poco de conocerse la noticia, los familiares del joven tatuador reiteraron que los intervinientes sean independientes, en consonancia con la solicitud que hicieron al juez Lleral para que intervenga un grupo extranjero en la investigación que no tenga vínculos con las fuerzas de seguridad locales. 

"Por estas cosas es que insistimos en pedir una investigación independiente. ¿Quienes harán el peritaje del teléfono de Werther Augusto Aguiar? ¿La misma Policía Federal? ¿O la Gendarmería?", se preguntaron desde el facebook oficial "Aparición con vida de Santiago Maldonado". "¿Se entiende la gravedad del tema cuando una fuerza tiene que investigarse a si misma?", insistieron y concluyeron con otro interrogante: ¿Cómo va investigar seriamente una fuerza a otra, cuando todas dependen del Ministerio de Seguridad que está cargo de Patricia Bullrich?

Las autoridades de la fiscalía informaron que secuestraron el celular de Aguiar y que ordenaron realizar un peritaje para establecer “si existen o existieron” en el aparato secuestrado las fotos extraídas así como también "si fueron borradas, si fueron enviadas por alguna aplicación, mensajes de texto o correo electrónico y, en caso afirmativo, que se extraiga toda la conversación del día en que fueron enviadas y los tres días posteriores".

La difusión de las fotos provocó en su momento malestar en el juzgado, que se había propuesto mantener absoluta reserva del caso, en el marco de la causa que investigaba la desaparición del joven artesano, después de la represión en la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen. 

Fuentes del juzgado de Gustavo Lleral estaban seguros de que podrían identificar al autor de la filtración porque en el lugar donde se tomaron las fotos estaban (además del magistrado) otras tres personas: el perito de la familia, Alejandro Inchaurregui, y dos miembros de la Policía Federal.

Lleral se excusó de la investigación de la filtración por haber sido uno de los cuatro partícipes del operativo, y la causa recayó entonces en el juzgado federal de Rawson, a cargo de Hugo Sastre.