Luego de que se filtrara el propósito del Gobierno Nacional de modificar la Ley de Glaciares, la diputada Elisa Carrió subió a las redes sociales una carta pública dirigida al secretario de Minería, Daniel Meilan, advirtiéndole que la Coalición Cívica se opondrá a cualquier iniciativa a favor del lobby minero y sostuvo que la intención de avanzar sobre esas fuentes de agua dulce "implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos".

"La Coalición Cívica ARI ha sido impulsora de la ley de Glaciares que defiende intereses vitales para la Argentina, ni más ni menos que el acceso y cuidado del agua de toda su población. ", sostiene el comunicado firmado por Carrió como presidenta del bloque de la CC y por la secretaria general del partido, Maricel Moro. La ley —que creó el régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial— fue votada en julio de 2010, con la oposición de los legisladores de las provincias cordilleranas, los más proclives al lobby minero. 

Carrió advirtió sobre "los trascendidos públicos respecto de la iniciativa de la Secretaría" y le recordó a Meilan que cualquier modificación de la norma en cuestión "implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos". De esa manera, Carrio apuntó contra sus aliados del PRO y la UCR, sin mencionar a los máximos dirigentes de la alianza gobernante y obviando la reunión del martes pasado entre el presidente Mauricio Macri y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, en la Casa Rosada.  

"No cejaremos en la defensa de estos derechos y valores básicos. Es por esto que, lo notificamos que una propuesta legislativa de estas características tendrá nuestra oposición y lucha dentro y fuera del Congreso de la Nación", sentencia el comunicado de la Coalición Cívica.  

La legislación —cuyo cumplimiento es investigado por el juez Sebastián Casanello tras los tres derrames producidos en la mina Veladero, administrada por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold— fue aprobada por primera vez en octubre de 2008, pero la ex presidenta Cristina Kirchner vetó la normativa, al compás del pedido de los gobernadores cordilleranos, y ante la inminente apertura del proyecto binacional Pascua Lama, que permanece frenado por la justicia chilena.

La normativa volvió a debatirse en 2010, a partir de una propuesta inicial de la entonces diputada Marta Maffei e impulsada por el ex diputado Miguel Bonasso, que terminó fusionándose con un proyecto presentado por el ex senador Daniel Filmus en la Cámara alta. La ex presidenta desistió de vetar la norma por segunda vez, y desde entonces, permanece vigente.  

Ante los rumores de que el gobierno de Cambiemos busca modificarla para permitir a las mineras que avancen sobre esas reservas estratégicas de agua, tal como lo reconoce la normativa, los organizaciones ambientales y las asambleas ciudadanas salieron a repudiar el intento.  “Parecería que Macri tiene las prioridades cambiadas: se preocupa más por cuidar las ganancias de las empresas mineras que por proteger el medio ambiente, salvaguardar la salud de la población, los glaciares y el agua potable”, le dijo a PáginaI12 Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.