EL AJUSTE A LOS JUBILADOS> El experto en cuestiones tributarias y economista Jorge Gaggero analiza las reformas impositiva y previsional
Sin base sólida ni equidad
En un texto exclusivo para Cash, el especialista Jorge Gaggero evalúa que las reformas tributaria y previsional son muy dañinas para los jubilados y los ciudadanos menos afortunados y, por el contrario, beneficiarán a los más ricos. Señala que el capítulo más importante es el cambio previsional, en sintonía con las recomendaciones del FMI. Para advertir que en el período de la convertibilidad este tipo de medidas no pudo compensar la pérdida de competitividad, la destrucción de empleo y la dinámica perversa que ese régimen generaba y que llevó finalmente a su caída.
Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda.Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda.Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda.Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda.Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda.
Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. 
Imagen: Jorge Larrosa

La propuesta de reforma tributaria enviada Congreso Nacional esta semana se intenta en simultáneo con una reforma previsional, más oscura y menos publicitada. Ambas resultarán muy dañina para los jubilados y los ciudadanos menos afortunados y, por el contrario, beneficiarán a los más ricos. Ninguna de las dos ayudará a sostener a una macroeconomía sin claro destino (estratégico, al menos).

A ellas se suma, además, el impulso de una redistribución de fondos federales a favor de la Provincia de Buenos Aires (históricamente perjudicada), también a costa de los fondos previsionales y de la mayor parte de las restantes provincias. Más una fuerte presión sobre todas las jurisdicciones subnacionales para que reduzcan severamente su presión fiscal. Todo ello en el marco de una política de gastos, pautada en el Presupuesto Nacional para 2018 y con metas de mediano y largo plazo que apunta a una tardía caída del déficit fiscal y un más lejano y eventual alivio del hoy creciente proceso de endeudamiento externo del país. 

El análisis de estas políticas debería hacerse en conjunto, de modo integrado, para poder evaluarlas con seriedad desde el punto de vista económico, financiero y fiscal. Lo tributario, lo primero que “se pone sobre la mesa”, no puede ser tratado en forma aislada. Por ello, la primera y más importante crítica que debe hacerse al gobierno es que presenta por separado cada una de unas iniciativas que interactúan entre sí. Están faltando, además, muchos números cruciales –no sólo para el conjunto, sino también para la mayoría de sus capítulos– en las presentaciones que hacen los funcionarios.

Dada la ambición del cambio que se está insinuando, resulta fundamental que la presentación de todas estas iniciativas fiscales se haga de un modo sistémico y completo –y con sus claros números a la vista– para que quienes deban discutirlas, sobre todo el Congreso Nacional, puedan advertir con claridad las cuestiones más relevantes en juego y juzgar sobre el conjunto de ellas y sus partes.

Parches

El modo de discutir que propone el gobierno nacional –al presentar una sucesión de “parches”, aparentemente desvinculados– fue impuesto desde sus inicios, en ocasión de la discusión acerca del pago a los “fondos buitre” que dio inicio al presente “nuevo ciclo de endeudamiento externo”. Muchos diputados y senadores votaron entonces esa ley sin saber qué estaban habilitando. En especial, ignoraron las consecuencias que traería aparejadas. Lo mismo sucedió con la ley de “blanqueo de capitales” y de “reparación histórica” para los jubilados.

En cuanto a la reforma tributaria, el impacto total que el gobierno estima –después de cinco años de aplicación– resultaría en una caída de los ingresos públicos nacionales del orden del 1,5 por ciento del PIB. En cambio, sólo la reforma del ajuste de las jubilaciones, pensiones y la AUH (el cambio en la fórmula, aprobada por ley con amplio consenso hace tan poco tiempo), de concretarse, tendría un impacto inmediato y mediato muy superior. Es mucho más importante entonces el cambo previsional que se intenta, en sintonía con las recomendaciones del FMI. Desde el punto de vista de los grandes números, la variable crítica es la previsional (que incluye además una generosa rebaja de aportes patronales, “a la Cavallo”) no la propiamente tributaria. 

Esto es así, debe aclararse, si exceptuamos los impactos de todo tipo esperables de la reforma laboral que (de avanzar) sería –esto es casi obvio– muy superior. 

Ajuste

Dadas las metas de reducción del déficit fiscal definidas para los próximos años, el ajuste más importante se intenta en el nivel del gasto público, no en el campo impositivo. Todo esto se conecta directamente con el proceso de endeudamiento externo. La severa caída del gasto que implicaría la reducción en jubilaciones apuntaría entonces a reducir en el futuro la toma de deuda externa adicional y poder afrontar, mientras tanto, los pagos de la que se acumule hasta ese entonces, con sus crecientes servicios de intereses. La fórmula macro-fiscal oficial es, en síntesis: leve caída adicional de la imposición nacional (la más importante el gobierno la concretó mediante decretos y resoluciones, sin acudir al Congreso hace dos años, apenas asumió) y más severa de la provincial, más reducción muy relevante de las prestaciones previsionales y otros gastos públicos sociales (AUH, educativos, sanitarios y otros rubros redistributivos), más sendero de reducción del déficit fiscal, y más ampliación del “espacio fiscal”, a costa de las caídas mencionadas del gasto público, para asegurar  los pagos externos que genera el creciente endeudamiento. La fórmula perfecta del FMI, desde siempre y en todas partes.  

Pactos

En el campo tributario las iniciativas que apuntan, además, a estimular la inversión y/o mejorar la competitividad empresarial, no son menores. Pero es necesario destacar que la experiencia histórica, sobre todo la del período de la convertibilidad, muestra que en este campo los “grandes esfuerzos” perseguidos –expresión favorita de un gobierno que los pide en forma desmedida a los desfavorecidos, mientras se beneficia a sí mismo y al establishment al que pertenece– resultan inútiles cuando el modelo económico en el que deberán insertarse estas reformas tira para abajo, no para arriba, al nivel de actividad. 

En el período de la convertibilidad este tipo de medidas no pudo compensar la pérdida de competitividad, la destrucción de empleo, y la dinámica perversa que ese régimen generaba y que llevó finalmente a su caída. Lo que quedó de aquélla época, además de la más severa crisis económico–social de la historia argentina, fue (es todavía) un sacrificio fiscal enorme e inútil para intentar compensar los efectos perversos de las condiciones macroeconómicas imperantes y de un creciente endeudamiento externo. Deben recordarse, por ejemplo, los Pactos Federales Fiscales (I y II) que impulsó Cavallo durante la primera parte de los años 90, que no sirvieron para nada (salvo para mejorar los márgenes empresarios de un modo no sostenible y muy injusto).

Ideología

El riesgo de que hoy ocurra lo mismo es muy alto. Ya no tenemos convertibilidad, pero sí una política económica neoliberal, que abre fronteras en un momento global muy complicado. El gobierno impulsa estas reformas inspirado en una ideología que desprecia el rol del Estado orientador de lo esfuerzos colectivos y como compensador de desequilibrios, que apunta a desregular de modo irresponsable en el plano financiero (algo muy peligroso, ya se sabe) y que abre de modo irresponsable la economía, tanto para las finanzas como para el comercio. 

Con alta probabilidad, el impacto negativo de la política macroeconómica será, entonces, muy grande, muy gravoso para el país y, en especial, para los menos afortunados. Será también muy superior al efecto positivo –marginal y, en todo caso, demorado en el tiempo– que el gobierno podría esperar de algunas de las medidas “pro-inversión” del paquete de reformas enviado al Congreso.

Impuestos

Sin pretensión de abordar en detalle unas medidas que recién han sido dadas a conocer en su letra chica, y cuyos alcances e impactos –como ya se señaló– en muchos casos no han sido precisados por el gobierno, puede señalarse que:  

  • Las personas ricas, que deberían contribuir al sostenimiento del fisco en mucha mayor medida que hoy (y que desde hace medio siglo), no son alcanzadas de modo significativo. Ni la base ni las alícuotas del impuesto sobre las ganancias son extendidas (por el contrario se reduce el impuesto a quienes reinviertan); la imposición a las rentas financieras será marginal (se estima que pesará apenas O,2 punto del PIB) y deficiente (mientras subsista alta inflación) y no se gravan otras “ganancias de capital” (que es el modo en que los ricos acumulan); el impuesto nacional “a la riqueza” permanece en el modo catatónico al que lo redujo la ley del blanqueo; y no se impulsa el restablecimiento por parte de las provincias –hoy sólo rige en la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos– del impuesto a la herencia que eliminó Martínez de Hoz (que podría brindar una recaudación del orden de 0,5 punto de PIB)
  • Se quiere instalar una política pro-inversión, que en verdad tiene su origen en Chile, durante el gobierno de Pinochet, y que tuvo un impacto económico importante en ese país, aunque fue negativa en su efecto distributivo. Para el modelo económico que inauguró Pinochet, sustancialmente vigente hoy, fue central. Lo que se hizo en Chile y ahora la Argentina quiere replicar (aunque con otra dimensión) es dar la posibilidad a los accionistas de pagar una cifra menor en Ganancias si en lugar de redistribuir dividendos la empresa los invierte. En Chile se favoreció la reinversión de modo muy fuerte; para ello el fisco sacrificó en promedio, cada año, aproximadamente 4 puntos del PIB. Esto fue el reverso del estímulo a la inversión empresaria. Es lo que se llama, técnicamente, “gasto tributario”: lo que, como consecuencia de políticas públicas de promoción al sector privado, el fisco de un país pierde o deja de percibir por tributos legislados a favor de tales sectores. Un impuesto a las ganancias sobre las empresas que se percibía pleno, empezó a sufrir quitas en la medida en que los accionistas reinvertían en la empresa.

Es una medida enorme de promoción a la inversión. El problema es cómo se regula la aplicación de estos fondos que el Estado resigna. Porque si no se regula pueden ir a inversión especulativa (construcción de countries, por ejemplo). No tendría sentido, entonces, que el Estado resignase esos fondos si no se asegurasen efectos positivos en el empleo y en la producción.

Una parte central de la acumulación privada chilena, el famoso “milagro chileno”, se basó en esta medida, que puede ser pro-inversora, pero no pro-productiva. Y desde el punto de vista de la redistribución, resulta regresiva. Las consecuencias de esa medida explican en gran medida el “modelo chileno”: se ha verificado en forma simultánea una caída de la pobreza y un aumento en los niveles de desigualdad social. El “regalo” de recursos a la inversión privada no habría generado una redistribución progresiva sino lo contrario.

* Economista.