Con una oficina en el barrio Las Flores desde el 20 de octubre de 2014 y otra más reciente -desde 2016‑ en el Centro de Salud Libertad que atiende a la comunidad qom, el programa de Acceso a la Justicia (Atajo) del Ministerio Público Fiscal de la Nación recibió más de 1300 consultas que se convirtieron en expedientes, con seguimiento y búsqueda de soluciones, que ascienden al 97 por ciento. Concebido por la Procuradora Alejandra Gils Carbó como una garantía de atención hacia los sectores más vulnerables, el programa Atajo participa también de la red Re.Te.Ger, que formó a promotoras y promotores en violencia de género en los barrios. Además, algunas de sus intervenciones tuvieron impacto mediático: Carina había hecho 40 denuncias por violencia hacia su ex pareja, pero en la justicia provincial no habían prosperado. Además, no tenía donde vivir y sufría discapacidad. Con el seguimiento de Atajo, en contacto con el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), se logró condenar al agresor y que la Municipalidad le diera una vivienda, en cumplimiento de la ordenanza que estipula un cupo de las casas construidas por el Estado para víctimas de violencia machista.

El programa Atajo no está contemplado en el proyecto oficialista para reformar el Ministerio Público Fiscal, que la semana pasada no pudo avanzar en el Senado pero sigue latente. "Somos un punto de referencia para toda la población del barrio Las Flores", contó Gino Cali, uno de los integrantes del programa. "Nos preguntan qué van a hacer si nosotros no estamos más", agregó.

 

"Somos referencia para la población del barrio Las Flores. Nos preguntan qué van a hacer si no estamos más".

 

El riesgo es elocuente en boca de Stella, una vecina que en febrero pasado concurrió a la oficina de Estrella Federal y Guardia Morada, en Las Flores, porque no le habían pagado su pensión por discapacidad. En cinco meses le restituyeron el derecho. "Cuando me sacaron la pensión, ellos hicieron todo y a los cinco meses la empecé a cobrar de vuelta. Siempre voy ahí, ahora están también con mi caso, que no me quieren dar una vivienda, pero yo no tengo donde vivir", dice Stella, y refiere una pesadilla. "Soñé que lo echaron a Pablo (Codarín) y yo decía 'qué voy a hacer ahora', porque sinceramente es el único que me ayuda, ayuda mucho a la gente. Si se va, si lo sacan, no sé qué vamos a hacer". En el sueño, ella llegaba a la oficina y no encontraba a nadie. "No estaban más, y empecé a preguntar qué pasó, habían sacado todo, y se fueron, los echaron y yo empecé a angustiarme, la verdad, porque digo qué hago ahora, dónde los sigo, donde los busco, no tenía número de teléfono, nada. Me empecé a desesperar en el sueño, quién me va a ayudar ahora", relató Stella.

"El 97 por ciento de las consultas recibidas fueron resueltas o derivadas de manera formal para su resolución. Casi el 60 por ciento se debieron a seguridad social y problemas laborales, y también recibimos muchas problemáticas de familia: tenencia de los hijos, cuota de alimentos o régimen de visita", confió Codarín. "Muchas veces, una consulta por alimentos termina dejando al descubierto un caso de violencia de género", agregó Cali.

En Las Flores, una vecina portadora de VIH no podía terminar con una relación violenta, porque su marido le decía que le iban a sacar a sus hijos por la enfermedad. Al concurrir a Atajo y conocer sus derechos, tuvo herramientas para defenderse. Luego, concurrió a un taller de violencia machista. "Así pudo dar el primer paso para salir", dijo Codarín.

"El acompañamiento para lograr su empoderamiento es una de las claves del trabajo de Atajo, que va más allá del sistema de justicia. En Re.Te.Ger, Carina (la víctima que recibió una vivienda), estaba transformada, generando lazos",  relató Cali.

 

"Muchas veces, una consulta por alimentos termina dejando al descubierto un caso de violencia de género".

 

Atajo también intervino en la irrupción policial del 2 de abril pasado en el barrio qom de Rouillón y Maradona. "El programa Atajo es muy importante para la comunidad, viene resolviendo varias situaciones que conocemos y llevamos al centro de salud. Ellos asesoran en todo lo que tenga que ver con los derechos, y sobre todo con una mirada intercultural. No es sólo un equipo que aborda situaciones de acceso a la justicia, sino también la perspectiva de querer escuchar un conocimiento ancestral, que se desconoce en Tribunales. Muchos de nuestros derechos, que están escritos en la Constitución Nacional y las leyes, no son tenidos en cuenta por jueces ni abogados, que no están preparados. Este equipo realmente sí lo está", expresó Ricardo López, referente de la comunidad qom. La oficina de Atajo funciona en el centro de salud ubicado en 25 de mayo y Aborígenes argentinos.

"Los abogados que no transitan estas experiencias, difícilmente se puedan representar lo que significa Atajo y las dificultades que tiene la población más vulnerable para ejercer sus derechos", expresó Codarín, quien consideró que "más allá de quienes la integren, Atajo representa una forma de administrar justicia, donde se tiene en cuenta la perspectiva del justiciable y no sólo del propio sistema".

Para Cali, la verdadera descentralización se consigue "yendo a los lugares marginales, donde las cosas suceden y muchas veces hay barreras desde el conocimiento, el lenguaje, lo económico, que impiden a las personas ejercer sus derechos".

La experiencia de Atajo da vuelta como un guante la relación entre el sistema penal y la población más vulnerable. Mientras la mirada tradicional es selectiva, en tanto era el único sector al que se persigue, este programa los sitúa como sujetos de derecho, pasibles de una intervención reparadora del Estado. En todo caso, se trata de una mirada completa, cuando se combina con las Procuradurías de Narcocriminalidad, Criminalidad Económica y Violencia Institucional, entre otros organismos que hoy están en la cuerda floja.