La Fiscalía Regional envió informes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en los que advierte sobre movimientos y vínculos de imputados en la megacausa por fraudes inmobiliarios con personajes ligados al narcotráfico. Al tratarse de delitos de competencia federal, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos no puede avanzar en imputaciones, pero sí utilizar la información como "indicios" para probar la sospechada asociación ilícita entre los imputados "de guante blanco". La medida tiene que ver con un acuerdo para intercambiar y remitir información relevante que sea de interés para alguno de los órganos de investigación. Roberto Aymo, Leandro "Lelo" Pérez y el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, aparecen con vínculos claves. El dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, y el agente bursátil Jorge Oneto no serían ajenos. Relaciones con La banda de Los Monos y personas ligadas al sindicado narco asesinado Luis Medina complican a los acusados. Hoy la Cámara Penal decide sobre las prisiones preventivas y medidas cautelares.
Desde el momento en que los diez acusados fueron formalmente imputados por los fiscales Valeria Haurigot y Sebastián Narvaja, hablaron de sospechas acerca de que algunos de ellos receptaban dinero proveniente del narcotráfico, para maniobras de lavado. Ahora, en un informe que fue enviado a la Procelac, en los últimos días, la Fiscalía pormenorizó las acciones que involucran directamente a algunos de los sindicados por asociación ilícita, estafas, falsificación de documentos y hasta tenencia de armas.
Según pudo saber este diario, en dos oportunidades, el año pasado, Roberto Aymo y otra persona que aparece mencionada en la causa visitaron a Ariel "Guille" Cantero en al cárcel de Piñero, antes de que éste fuera trasladado al sur del país por una sospecha de fuga. De la investigación surge que cada uno se reunió con el líder de la banda de Los Monos, a solas. Tras ello, en una intervención telefónica surgió una comunicación que daba cuenta de esas reuniones, en la que uno de ellos le preguntaba al otro qué había dicho Guille sobre él. El tenor de la comunicación se asemeja ‑‑según la investigación‑‑ a la de dos empleados inquietos por saber qué dice de ellos su jefe. Además, en esas visitas se habría dado una orden por parte de Cantero, relacionada con la venta de determinadas propiedades de familiares suyos.
Aymo también intervino en el hecho investigado por la usurpación de un campo lindero al de la viuda del ex camarista fallecido Ernesto Navarro. Cuando lo consiguieron "de manera violenta", Aymo lo puso a nombre del prófugo Tránsito Retamar Portillo, tío de Andrés "Gitano" Fernández, quien está acusado de conducir el auto desde el que fue asesinado Diego Demarre (dueño del boliche en el que la noche anterior mataron a Claudio "Pájaro" Cantero). Por ese crimen está acusado Guille, como autor material. Según la acusación, viajaba en el asiento del acompañante, desde donde se disparó el arma homicida.
Además, Aymo aparece como uno de los compradores del VW Bora desde el que fue asesinado uno de los hermanos de Luis "Pollo" Bassi.
En tanto, De Gaetano figura como titular del sindicato de Monteros, que tiene apenas 60 adherentes y los únicos ingresos que le figuran son depositados por él mismo, tal como surge del legajo judicial. Sin embargo, llama la atención de los investigadores la propiedad del sindicalista en Pueblo Esther, con caballos de carrera, sauna y otras comodidades. Vale decir que se le encontraron varias armas, incluso entre las pertenencias de su madre discapacitada; y un chaleco policial. En una escucha se advierte que llama a la casa por un corte de luz y le dice a la familia dónde está guardada cada arma, para luego decir que él está yendo para allá. Además, la Asociación 18 de Julio, que fue allanada para la causa que lleva adelante la Fiscalía Regional, presentó recientemente una denuncia contra De Gaetano, ya que éste aparecía vinculado a la misma.
También sorprende que sin solvencia económica le compre los autos a Jaef, según este mismo declaró en una ampliación. Consta que eran autos de alta gama, usados, pero "bien pagados". Casi todos, Jaguar. También tiene un departamento en calle San Lorenzo, que cuando mataron a Medina --en 2013-- fue allanado porque era la dirección que figuraba en sus empresas. Estaba a nombre de la ex esposa del muerto. A la policía la recibió un pibe armado. Según la investigación, era el hijo de De Gaetano. También tiene un inmueble en calle Montevideo y un tercero, pegado a la torre Aqcualina. Además, usa una tarjeta de crédito adicional de Lelo Pérez, a quien le paga el alquiler del local de su sociedad, Palabra Santa SRL, que ‑como ya se dijo‑ prácticamente no tiene ingresos.
La sospecha que surge de la investigación es que ambos funcionan "como socios". Incluso tienen varios viajes juntos al exterior. Ambos tuvieron una denuncia anónima en Buenos Aires por la presunta exportación de "cocaína en gel". En uno de los viajes los demoró la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La causa fue archivada, supuestamente por el solo hecho de ser anónima.
El informe también arroja que Pérez tiene una investigación federal en la Unidad Fiscal conocida como UFI Armas, por la presunta provisión de armas a la banda de Los Monos. En tanto, la automotriz La Reyna, que era de su propiedad, está denunciada en la Procelac, por presuntos vínculos con Medina. En la causa aparece mencionado, además, un hombre que ocupó el lugar de Germán Tobo (asesinado en 2014), quien era socio de Lelo.
Según el estudio de sus situaciones patrimoniales, Aymo, Pérez y De Gaetano son "prácticamente pobres". Mientras que Jaef y Oneto aparecen en la célula llamada "fronting" porque "receptarían los fondos provenientes del narcotráfico". Surge de las escuchas que el segundo "tendría una mesa de dinero" y de ahí surgiría el vínculo con Lelo, que aparece en la carpeta "almacenero", encontrada bajo el televisor de la casa de Oneto. Jaef lo haría mediante la venta de autos, según consta en la investigación.
Lo que aporta la información a la causa madre, según consideran los investigadores, es que "existe una vinculación objetiva" con los llamados grupos narco. Para que se dé el supuesto tiene que haber tres cuestiones puntuales: que haya exteriorización inusual de bienes; que esos gastos no se correspondan con los ingresos declarados; y que haya vinculación con una actividad delictiva, capaz de justificar el flujo de dinero.
