Quizás me adelanto a los acontecimientos: por lo visto no estamos todavía inmersos en una crisis económica de enormes proporciones. No todavía. No se ha alcanzado la desocupación masiva que podría esperarse, ya que ésta aparentemente no supera la mitad de la fuerza de trabajo. No se manifiesta (todavía) una caída sustancial del producto global (aunque existen indicios de que desde que asumió el actual gobierno, éste ha caído, pese a las manipulaciones estadísticas de “economistas” oficiales para afirmar lo contrario). Pero lo que sí es cierto, y es difícil de rebatir, es que las medidas de política económica que están siendo implementados por el gobierno de Cambiemos en todos los órdenes, apuntan en esa dirección: a que nos encaminemos hacia una importante crisis económica. 

Desde los años 30, las políticas económicas de los países centrales, aunque también de países del Tercer Mundo, se encaminaban en muchos casos a superar las crisis que periódicamente se manifestaban en los países capitalistas de la época, adoptándose medidas destinadas a hacer frente a las mismas. En la actualidad en nuestro país esto no ocurre: es la política económica misma la que nos conduce a una creciente situación de crisis. Y si bien ésta todavía no se manifiesta en toda su magnitud, todo apunta a que en el futuro tendremos que enfrentarla plenamente. En efecto, son las medidas de política económica, implementadas y por implementar, por el actual gobierno las que nos inducen a pensar que inevitablemente nos encaminamos hacia una crisis en serio, con todas las de la ley. Y que se trataría no solo de una crisis económica, sino también, social (lo económico siempre es social), institucional, político, cultural. 

¿Por qué pienso que todo apunta en esa dirección? En lo esencial, porque lo que impulsa el gobierno es un programa económico basado en premisas falsas, que no sólo no resuelven los problemas de fondo que presumiblemente tiene la economía nacional. No resuelven ni la inflación, ni el estancamiento, ni la pobreza , para mencionar solo algunas cuestiones más generales. Todas esas variables son agravadas sistemáticamente a partir de las actuales políticas. 

Uno de esas premisas en que se basa la política económica del gobierno lo constituye la idea de que la inflación se debe al déficit fiscal, y que las medidas para presumiblemente reducir ese desequilibrio ponen coto al proceso inflacionario. Para ello el gobierno se propone –en forma muy poco keynesiana por cierto– reducir tanto el empleo como el salario, considerando a ambos elementos esenciales del déficit fiscal (y ahora también las jubilaciones, las asignaciones por hijos).

Sin embargo, se trata de una premisa falsa: esos ajustes –en salarios, jubilaciones y también, por ejemplo, en gastos en salud, educación, ciencia– no reducen el déficit fiscal, y menos aún el proceso inflacionario. Si además son medidas que se aplican conjuntamente con aumentos extraordinarios en las tarifas públicas, reducciones de las retenciones, y de las tarifas aduaneras promoviendo la “libre” importación de bienes del exterior, no sólo no se reduce el déficit fiscal (lo aumenta), tampoco se pone coto al proceso inflacionario (se lo impulsa). Y además se trata de  medidas que son netamente recesivas y regresivas. O sea, que no sólo no controlan el proceso inflacionario sino que además generan recesión y una regresividad creciente en la distribución del ingreso a nivel nacional. Quizás se presupone que en algún momento cuando nos hallemos con una desocupación y recesión masiva entonces sí podría pensarse de que se reduciría  el proceso inflacionario. O sea que la profundización de la crisis es necesaria para “resolver” el problema inflacionario, lo cuál también sería una premisa falsa. 

Como complemento de esa estrategia, aumenta el endeudamiento. ¿Para qué? Para reducir el déficit fiscal: con nuevo endeudamiento aumentan los “ingresos fiscales”, que presumiblemente habrían de reducir el déficit fiscal. Para colmo de males, cuando tengamos que pagar la deuda se volvería a los problemas de siempre: la aplicación de nuevos ajustes para obtener nuevo endeudamiento para pagar los servicios de la deuda ya acumulada. Y que ese nuevo endeudamiento externo eventualmente también deberá pagarse. La historia conocida que hemos pasado en 2001/2002. Además aumenta las tasas de interés, promoviendo nuevo endeudamiento bajo la premisa (también falsa) de que así se reducirá el proceso inflacionario. Al igual que con las demás medidas, no sólo no se reduce el proceso inflacionario, sino que tampoco contribuyen a reactivar la economía, todo lo contrario. 

Cabría preguntarse si a los grandes intereses que sustentan estas políticas les interesan, en ultima instancia, “resolver” la crisis que se asoma como inevitable en el horizonte. En lo esencial, se ha puesto de moda hablar de la necesidad de la aplicación de los llamados “ajustes”. Surg0e entonce la presunción de que estos ajustes son necesarios e inevitables (no se sabe por qué) y que si no fuesen aplicados nos enfrentaríamos con ellos en el futuro (afirmación que tampoco tiene base de sustentación alguna). Por todo esto “todos” debemos realizar los sacrificios necesarios para resolver los problemas de la actualidad. Lo cuál no es una premisa o postulado sino una proposición de difícil cumplimiento: cómo comparar las realidades de sectores de altos ingresos con los de bajos ingresos. Presumir que el sacrificio de un desocupado de bajos ingresos es equiparable al de uno de altos ingresos, que tiene millones depositados en los paraísos fiscales, es también otra premisa falsa.  

No es difícil de vislumbrar que se trata de un modelo que conduce a una mayor regresión económica y social. Y que si esto es así difícilmente podríamos suponer de que se estaría promoviendo una determinada institucionalidad democrática. O sea, que no sólo seguiremos teniendo crisis, también habría un deterioro creciente de la institucionalidad democrática.

* Profesor de la UBA. Investigador del Conicet jubilado.