Los once imputados en la megacausa que investiga estafas inmobiliarios y presuntas maniobras de lavado de dinero, seguirán con prisión preventiva. Aunque uno de ellos -el empresario Jorge Oneto- obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. El Tribunal de Apelaciones de Rosario ratificó así ayer la decisión del tribunal de primera instancia.

Los fiscales del caso se mostraron "conformes" con esta decisión, que avala lo resuelto por la jueza Mónica Lamperti. A otro de los imputados -Pablo Abdala- le ajustaron el monto de la fianza que pasó de 800 a 400 mil pesos. Otro punto importante de la decisión judicial de ayer es que a cinco implicados se les quitó la figura de "asociación ilícita" pero se agregó el "agravante de la actuación en banda".

Los fiscales de la causa, Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, hablaron con la prensa sobre la resolución de apelación de prisiones preventivas en la causa por fraude inmobiliario, encabezadas por el juez de segunda instancia, Daniel Acosta. El fiscal Narvaja dijo que "la resolución del Tribunal de Apelaciones en general confirmó al decisión de la jueza en primera instancia sobre las prisiones preventivas y fianzas". Narvaja indicó que al imputado Oneto le confirmaron la prisión preventiva, pero será beneficiado con "prisión domiciliaria". A otro de los acusados, Abdala, al que se le había impuesto una fianza de 800 mil pesos, "se le ajustó a 400 mil".

Otro detalle muy importante de la última resolución del Tribunal es que "a cinco personas se les quita la figura de la asociación ilícita, pero les agrega un agravante, que es la figura de la banda", señaló el fiscal. Por su parte, la fiscal Haurigot confió que "estamos muy conformes conque se haya confirmado la resolución de primera instancia" de la doctora Lamperti. Y ratificó que "las prisiones preventivas quedan todas confirmadas, en un caso pasa a ser domiciliaria". Sobre los siguientes pasos de la megacausa, en la que el Estado provincial fue aceptado como querellante esta semana, la fiscal expresó que "volvemos a primera instancia y a revisar en base a esto los pasos a seguir por la Fiscalía".

Termina de esta manera una semana en la que hubo movimientos en torno a la megacausa por estafas y lavados. El lunes se ampliaron las imputaciones a algunos de los acusados: a Leonardo Pérez, Luis María Kurtzemann y Roberto Aymo se les imputó el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil; a Maximiliano González De Gaetano, tenencia ilegal de arma de guerra, además de una ampliación de la imputación por la propiedad de Montevideo 1967; a Eduardo Torres, tenencia ilegal de arma de guerra; y a Juan Bautista Aliau, apropiación indebida de tributos.

El miércoles pasado la Justicia aceptó sumar como querellantes en la megacausa a la Provincia, a pedido del propio gobernador Miguel Lifschitz, y al agente inmobiliario Juan Marcelo Borghi, quien asegura haber comprado de buena fe uno de los inmuebles involucrados en la causa.

El 12 de octubre pasado, doscientos cincuenta efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), personal de AFIP, Procelac, el Banco Central y la UIF participaron de una veintena de allanamientos ordenados por la jueza Mónica Lamperti, a pedido del fiscal Sebastián Narvaja. "La investigación comenzó por denuncias de propietarios a quienes les sacaron la casa por juicios fraudulentos, usurpación o falsificación de documentos. Se trata de maniobras complejas: fraudes cometidos con propiedades, destinados a quitarle el inmueble a sus titulares legítimos, y de la mano de eso se cometieron delitos de falsedad por parte de escribanos. También tenemos en investigación maniobras de lavado de activos, que apuntan a poder lograr que esas propiedades desapoderadas a sus dueños legítimos pasen de mano en mano con el fin de buscar apariencia de legitimidad de los bienes adquiridos", detalló Narvaja sobre la maniobra delictiva.

Si bien no hay montos de dinero en efectivo, se habían tasado las propiedades involucradas en sumas de entre 40 y 50 millones de pesos. "Lo que tenemos acreditado hasta el momento es que escribanos y contadores funcionaron como facilitadores de las maniobras de lavado, en las que terminaron siendo beneficiadas personas con altos recursos económicos", dijo el fiscal en ese momento.