El contrapunto del juez Casanello y el organismo en una causa en la que está involucrada Cristina Kirchner
Una UIF que funciona con tono “partidario”
La UIF le pide al juez que indague a la ex presidenta y Casanello le responde que lo respalde con pruebas. Llamativamente, la sala II de la Cámara Federal intimó al juez a avanzar. La UIF actuó muy distinto con Macri y con Arribas.
El juez federal Sebastián Casanello le reclamó a la UIF que colaborara con la investigación.El juez federal Sebastián Casanello le reclamó a la UIF que colaborara con la investigación.El juez federal Sebastián Casanello le reclamó a la UIF que colaborara con la investigación.El juez federal Sebastián Casanello le reclamó a la UIF que colaborara con la investigación.El juez federal Sebastián Casanello le reclamó a la UIF que colaborara con la investigación.
El juez federal Sebastián Casanello le reclamó a la UIF que colaborara con la investigación. 

 Desde abril último tres veces se repitió esta secuencia: la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en la causa sobre lavado de dinero que tiene como principal exponente a Lázaro Báez, pero cuando el juez le preguntó qué pruebas ofrecía, el organismo no le dio nada de nada. La última vez, Casanello le indicó a la UIF que, ya que no le proporcionaba evidencias, colaborara con el análisis de toda la documentación secuestrada en seis cuevas financieras, donde quizá pudieran aparecer elementos importantes para la causa. La respuesta fue que esa no era su tarea. En una nueva resolución que firmó ayer, el juez reiteró que la UIF está jugando un papel “partidario” que no le corresponde. La advertencia es alarmante, ya que se trata de una repartición supuestamente experta en detectar maniobras de lavado de activos y de colaborar en las investigaciones del tema. En este expediente en particular actúa en tándem con la Oficina Anticorrupción: son querellantes pero no colaboran con  la pesquisa, sólo piden indagatorias con efectos políticos. La UIF también ha sido clave en favorecer el cierre de expedientes de gran trascendencia, como Panama Papers y el que involucraba al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la recepción de transferencias de Odebrecht, y el de Panamá Papers.

Mientras Casanello volvía a advertir ayer que la UIF no actúa de manera objetiva y cumpliendo las funciones que le corresponden, el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema publicaba una resolución de la Cámara Federal que, paradójicamente, le insiste al juez en que tiene que dar una respuesta sobre el llamado a indagatoria a la ex presidenta y buscar él las pruebas. Es un razonamiento novedoso, porque sería como decirle –por ejemplo– en un caso de narcotráfico, que vaya él mismo a hacer las tareas de inteligencia a lugar donde se sospecha que se están realizando actividades ilegales. La UIF debe hacer también lo que se conoce como “inteligencia financiera”. El fallo de la Cámara lleva la firma de su presidente, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ambos de la Sala II. Irurzun es uno de los jueces de máxima influencia en Comodoro Py y, además, jefe de la oficina de escuchas que depende de la Corte.

La Sala II de la Cámara ya le había indicado que debía apuntar a la indagatoria de CFK en función de evidencias que hay en otros expedientes judiciales contra ella. El argumentó que no se puede juzgar dos veces por lo mismo a una persona, y que quedaba a la espera de otras posibles pruebas. La causa a su cargo quedó centrada en maniobras de lavado en las que se pudo comprobar un circuito donde, dinero de origen dudoso era sacado del país por Báez y allegados y vuelto a ingresar. En la nueva resolución de ayer, señaló que la UIF “mantiene las falencias” anteriores y “sigue sin identificar la prueba concreta en la que asienta su pretensión” de que la ex presidenta sea llamada a indagatoria. El organismo le había planteado una generalidad en estos términos: “lo cierto es que son numerosas las cuentas radicadas en el exterior que se encuentran siendo investigadas por sospecha de lavado de activos y que las distintas fuentes con las que cuenta la Unidad han identificado como directamente vinculadas con la ex presidenta o su fallecido esposo”. Casanello volvió a explicar que “fue exclusivamente a partir de esa afirmación que, entonces, se le remarcó que ésa era y es la prueba que se necesita y que como organismo especializado en lavado de activos debe proporcionar”. Citó la ley que alude a lavado de activos que dice que la UIF debe “colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley”. En ese sentido, Casanello le reclamó a la UIF lo que se niega a hacer: analizar la documentación que fue secuestrada en allanamientos realizados en seis financieras: Maguitur, Provalor, Turimar, Forex, Cohen y cuevas que estarían vinculadas a Ernesto Clarens, que es un financista a quien se ligaba con los Kirchner. De acuerdo al razonamiento de la UIF y la Cámara debían empezar por ahí. Sin embargo, el organismo se niega a analizar esa documentación. Son “distintas entidades financieras que habrían participado de la expatriación del dinero de Báez”, describe el juez. Uno de los procesamientos contra Báez y sus cuatro hijos los considera beneficiarios de un entramado de sociedades que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares. Los procedimientos en las financieras buscan rastrear si el dinero está vinculado con otras personas. La UIF, curiosamente, se niega destapar esa olla.

En los gobiernos anteriores, la UIF funcionó dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. Mauricio Macri la llevó al Palacio de Hacienda. Al frente puso a Mariano Federici, ex funcionario en el Fondo Monetario Internacional. La promesa era la de eficiencia en la lucha y prevención del lavado. En Comodoro Py un diagnóstico se repite en juzgados y fiscalías: la UIF ya no presenta denuncia en base a reportes de operaciones sospechosas, una de sus misiones, y deja los pedidos de la Procuraduría antilavado (Procelac) a mitad de camino. Lo que está claro es que la tendencia es que el organismo se presenta como querellante pero investiga lo que le parece, o con mínima información saca grandes conclusiones. Así lo hizo para desvincular a Arribas de las transferencias por unos 850 mil dólares que habría recibido en una cuenta suiza, y que pese a estar documentadas planteó una imposibilidad de avanzar más allá de una sola reconocida por él de 70 mil dólares. En el caso de Panamá Papers, donde el implicado era el presidente Mauricio Macri, dijo que no veía nada compatible con lavado de dinero.