La ley 26.573, sancionada en diciembre de 2009 e implementada a partir de 2010, establecía al Enard como ente autárquico que se nutría a partir del impuesto de 1% a la facturación de la telefonía móvil. Esto permitió, entre otras cosas, sostener económicamente a deportistas de alto rendimiento, que en los últimos Juegos Olímpicos fortificaron el proyecto deportivo nacional con tres medallas doradas: Los Leones en hockey, Santiago Lange y Cecilia Carranza en vela, y Paula Pareto en judo. Sin embargo, la reforma tributaria aparece en los planes del Gobierno. Y uno de los temores de los deportistas es que se vea afectado el presupuesto para el deporte de alto rendimiento. Durante los últimos días, los deportistas argentinos salieron al cruce en las redes sociales. E impusieron el hashtag #BanquemosAlEnard. Ante esta respuesta, el Gobierno recalculó los pasos a seguir. Finalmente, Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), se puso al frente de esta lucha. Mantuvo reuniones con el ministro de Economía Nicolás Dujovne. Y las partidas de dinero, según oficializaron, estarán garantizadas. Así y todo, las reglas del juego han cambiado. Desde ahora, el deporte olímpico estará fiscalizado por la Secretaria General de la Presidencia, como ya se hizo con la Secretaría de Deporte con el tambaleante Carlos Mac Allister a la cabeza. El Gobierno mete su mata en las estructuras del deporte, una formidable caja de resonancia para hacer política.