“Milagro hablaba con el oficial y le dijo que lo único que quería era que la dejen ir a mi hija a la casa. No escuché ninguna amenaza. No puedo creer que hayan inventado todo esto.” María Molina declaró en la segunda audiencia de la denominada "causa de las bombachas", con la que el Poder Judicial de Jujuy volvió a sentar en el banquillo de las acusados a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por la supuesta amenaza a dos policías en 2014. Los abogados defensores de Sala ratificaron que el juicio oral, cuyos alegatos serán el próximo jueves, "es una vergüenza" para la Justicia y resaltaron la declaración del oficial Ruben Eduardo Vázquez, quien minimizó la supuesta amenaza por la que la dirigente social fue llevada a juicio.
La causa se armó en octubre de 2014, cuando María Belén Vargas denunció que una mujer vendía ropa robada a su madre en una feria de la capital jujeña, pero fue ella la que quedó detenida. Su madre, María Molina, que integraba la Tupac Amaru, le pidió a Milagro que interceda para conseguir la liberación de la joven. Según la comisario Angela Cabero, patrocinada por los abogados Gastón Morales —hijo del actual gobernador Gerardo Morales— y Luciano Rivas —actual secretario de Gobierno jujeño—, en el llamado que recibió esa noche por parte de Milagro, la dirigente amenazó con hacer volar la comisaría.
El otro policía denunciante en la causa fue Vázquez, pero en la segunda audiencia del juicio minimizó lo ocurrido aquel día. “Me dijo que hablaba con Milagro Sala, me preguntó si le iba a entregar o no las cosas a la compañera. La señora se molestó porque le dije que no lo iba a hacer y entonces me dijo que era un incompetente y que iba a poner una bomba, pero no la tomé en serio”, relató el oficial.
Vázquez, indicó que recibió un llamado de la comisario en el que le comentó que fue amenazada, pero descartó recibir una orden especial al respecto: “Comenté la situación con otros compañeros, pero no lo tomaron a pecho. Había mucha gente para atender y cuando estábamos cenando más tarde lo comentamos”.
Otro de los testigos llevados por la querella fue el sargento Marcelo Ramon Salazar, quien consultado por la defensa si alguien concretamente le había dicho que iban a atentar contra la comisaría, respondió que fue algo que “le pareció a él”. Salazar también indicó que habían dado orden de "quedarse en la comisaría porque había una guardia mínima, por si atentaban contra la comisaría”, pero no supo decir quién dio la orden ni en qué consistía.
La querella también volvió a citar ante el Tribunal Oral Criminal Número 2, constituido por los jueces Antonio Llermanos, Mario Puig y Luis Ernesto Kamada, al testigo Pablo Alejandro Llampa, un cuartelero que en la primera jornada de audiencias dijo que sólo había escuchado unos comentarios sobre un llamado de la comisario Cabero, pero nada más. Sin embargo, el fiscal Darío Osinaga insistió en preguntarle si recordaba algo más de lo que había declarado 24 horas antes.
“La verdad que esto es una mafia de la justicia”, exclamó Sala desde su lugar y continuó: “Llevenme al penal y notifíquenme de la condena por cédula. Lo que estoy viendo me da vergüenza como argentina. El señor fiscal está apretando al testigo para que diga algo que el muchacho ni se acuerda.Traten de no hacer esta burrada. Soy negra pero no estúpida”.
El miércoles, en el primer día de audiencia, Sala ya había señalado que llegaba al juicio oral a la espera de una sentencia, dando a entender que el tribunal ya tenía tomada posición para declararle culpable. Milagro volvió a aprovechar el contacto con la prensa para expresar sus denuncias y recordó que el hijo del gobernador es el responsable de manejar los “bonos verdes con los que han endeudado la provincia por generaciones”, además de pedir que se investigue el enriquecimiento de Freddy Morales, actual secretario general de Gobierno. ”Ahí no se investiga nada. Únicamente investigan a la negra Milagro, a la india, a la coya, pero a ellos no”, reclamó.
Las últimas en declarar fueron María Belén Vargas y su madre María Molina. Al finalizar la audiencia, Gómez Alcorta aseguró: “Este es un juicio que es una farsa, es una vergüenza y es una vergüenza para el Poder Judicial de Jujuy. Tenemos la certeza de estar defendiendo a una presa política en una provincia donde no tiene ni una sola posibilidad de ejercer el derecho a la defensa”.
El TOF 2 jujeño se negó a continuar con la audiencia, a pesar de que los testimonios finalizaron a las 11, y convocó para el jueves 7 de diciembre la audiencia de los alegatos, que los abogados de Sala solicitaron sea pública.
