Desde Santa Fe.
Más de 20 hechos se le imputaron al procurador de la Corte Suprema Jorge Barraguirre ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Los 19 fiscales y defensores de primera y segunda instancia de Santa Fe que lo acusan justificaron el pedido de cesantía por supuesto "mal desempeño" como imperativo para frenar la "escalada de violencia laboral y funcional" del magistrado. Sólo los fiscales lo denunciaron por 17 casos de "maltrato", "acoso laboral" o "intromisión indebida" en causas judiciales, dos de sus colegas, Elena Perticará y Laura Botbol por "violencia de género" y un tercero, Rubén Díaz, por "discriminación funcional por la edad o por enfermedad". Los defensores sumaron su propia lista de cargos. Y dos abogados penalistas y un funcionario de Tribunales otras tres denuncias autónomas para que se agreguen a la causa, en la Legislatura. Según los denunciantes, la solicitud de juicio político era "la única alternativa posible para impedir el avasallamiento funcional y la violencia laboral" de Barraguirre dirigida en "muchos casos a la intromisión indebida" en causas sensibles como las que involucran al viceministro de Justicia y Derechos Humanos y presidente del Consejo de la Magistratura Leandro Maiarota y al ex administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof.
Rosario/12 pudo reconstruir los hechos sustanciales que le imputan a Barraguirre:
1. "Maltrato, violencia laboral y de género" contra Perticará e "intromisión" en una causa que investigaba a Maiarota, cuando éste era síndico de una empresa privada. La fiscal "fue coaccionada y maltratada reiteradamente" para que no apele el sobreseimiento del funcionario y lo deje firme. Entre las "presiones" le explicaba que el "imputado" era un "buen tipo", con quien "habían viajado juntos a Colombia".
2. "Intromisión indebida" en la causa por la catástrofe del Río Salado de 2003 en la que intervino primero como fiscal de Estado (y contestó "la demanda de los actores civiles") y luego como procurador de la Corte (e impartió "instrucciones" a los fiscales que intervenían, Mariela Jiménez y Jorge Andrés) Una "intervención incompatible" por la que fue recusado por la defensa.
3. "Violencia laboral y de género" contra los fiscales Carlos Rolando y Laura Botbol para que "actúen en determinado sentido en distintas causas". El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2017, cuando ambos fueron citados por Barraguirre a su despacho, donde los increpó y les pidió la renuncia. Un trato "arbitrario, intemperante y violento", lo calificó Rolando, quien dijo que el procurador estaba "desencajado" y le anunció que si él caía "se iba a llevar a varios de nosotros". Rolando le contestó que él no renunciaba, pero Botbol "visiblemente angustiada, entre sollozos, manifestó su intención de renunciar".
4. "Violencia laboral" contra el fiscal Juan Pablo López Rosas, a quien presionó para que convalide el archivo de una causa que investigaba a dos legisladores por supuesto "tráfico de influencias". López Rosas pretendía apelar la resolución del juez, pero Barraguirre lo intimó para que no lo haga, incluso delante de un testigo: el abogado Germán Corazza. López Rosas dijo que en su carrera nunca antes había padecido un "trato anómalo y violento de un superior" y ese fue el "principal motivo" para adelantar su jubilación.
Las fiscales Perticará y Botbol lo acusaron por "violencia de género" y Díaz, por "discriminación funcional por la edad".
5. "Maltrato y violencia laboral" contra el fiscal de Cámaras Miguel Angel Molinari. Uno de los hechos sucedió en 2013, en una del Consejo de Fiscales, en Venado Tuerto, donde Barraguirre reprendió a Molinari, se tomó los genitales con ambas manos y le dijo que "se pasaba por los huevos lo que opinara" el ex fiscal general de la provincia Julio de Olazábal. Molinari ofreció once testigos (siete fiscales y cuatro funcionarios de la Procuración). El segundo episodio ocurrió a fines de 2016, cuando Barraguirre irrumpió en el despacho de Molinari, le gritó, lo amenazó con sanciones, y repitió "el gesto obsceno de agarrarse los genitales". Molinari ofreció como testigos a los fiscales Rolando, Díaz y Gerardo Alesso.
6. "Violencia laboral y funcional" contra el fiscal de Cámaras de Vera, José Mántaras. En otra reunión del Consejo de Fiscales, en noviembre de 2016, Barraguirre le hizo una escena por "disentir" con él y lo echó del recinto del Colegio de Magistrados de Santa Fe. Uno de los testigos, el fiscal Rolando describió la situación como "tensa e inusitada" que concluye cuando el procurador ordenó a Mántaras de "muy mala forma que se retirara por el solo hecho de opinar distinto".
7. "Maltrato" al ex fiscal y hoy juez de la Cámara Penal Jorge Andrés porque éste "no apeló un pedido de libertad" en una causa. Los fiscales Rolando y Díaz que conocen el hecho ‑por el relato del propio Andrés‑ solicitaron a la comisión de Juicio Político que requiera el "testimonio" del magistrado para "echar luz" sobre el apriete. Rolando dijo que Andrés lo vivió como "maltrato y amenaza de sanciones" y Díaz lo calificó como "maltrato, violencia laboral e intromisión en la esfera de discrecionalidad técnica" de su colega. Andrés se encontró con ellos cuando regresaba del despacho de Barraguirre y les contó "totalmente angustiado e indignado" que el procurador le "gritó y llegó a pedirle la renuncia".
8. "Discriminación funcional por edad o por enfermedad". La fiscal Perticará relató que Barraguirre les comentó que en la "etapa de conclusión de causas" tenía la intención de "descartar" a los fiscales "viejos o enfermos" (en relación a uno de ellos que tenía problemas de salud). Les dijo a ella y a sus colegas Gerardo Alesso y Díaz que los que "estábamos grande y cerca de jubilarnos", los enviaría al Ministerio Público de la Acusación.
9. "Injerencia indebida". La fiscal Botbol aportó dos "hechos nuevos". Uno ocurrió en setiembre "después del pedido de juicio político‑ cuando un funcionario de la Procuración, Leandro Luján, le pidió por orden de Barraguirre copia de una pericia contable en la causa que investiga a Vorobiof por supuestas "negociaciones incompatibles" y "peculado". El segundo sucedió en octubre con "un nuevo pedido en copias en otra causa". Los dos son un "fiel reflejo" de la "continua y sistemática" "intromisión del procurador en causas que corresponden a la esfera de los fiscales", agregó Botbol.
