Ddesde Santa Fe

La ley que cambió el mecanismo de remoción de los fiscales y dejó a tiro de la Legislatura a aquellos que se animen a investigar al poder político detonó otro escándalo nacional. El Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores de todo el país alertó ayer que la norma puede "aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley", la consideró un intento de "colonizar" el Ministerio Público de la Acusación y solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que se pronuncie y "haga escuchar su voz rectora" sobre el asunto. Mientras la Asociación de Fiscales de Santa Fe solicitó una audiencia a Miguel Lifchitz para pedirle lo que ya le sugieren varios de sus ministros: que vete la ley para frenar una escalada que va a derivar en recursos de amparo y planteos de inconstitucionalidad, en Tribunales. Ayer a la tarde los fiscales se habían convocado a otra asamblea extraordinaria y esperaban que también se pronuncien los jueces, a través del Colegio de Magistrados de Santa Fe

Rosario/12 ya informó que la ley inspirada por los senadores y el voto de los diputados salió el jueves, en el cierre de las sesiones ordinarias y en medio de un canje de 50 leyes, entre ambas Cámaras. La reforma adjudica a la Legislatura el poder de investigar y remover de sus cargos a fiscales y defensores de grado, con lo cual despoja de esa competencia a la auditora del MPA y al Tribunal de Disciplina que integran el fiscal general, un fiscal regional, un diputado, un senador y un abogado. Los legisladores creen que si ellos pueden denunciar, investigar y remover a los jefes del MPA y de la Defensa Pública ûcomo lo hicieron con Gabriel Ganón‑ también pueden controlar y echar a los fiscales y defensores de primera instancia.

Y más, si los fiscales investigan causas sensibles para el poder político. La modificación no está disociada de hechos resonantes: las pesquisas de los fiscales de Rosario Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack que pusieron bajo la lupa los manejos de legisladores ûy les costó una denuncia de 16 senadores‑ y las investigaciones de los fiscales de Santa Fe Roberto Apullán y María Laura Martí al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al intendente de Santa Fe José Corral, que significó que fueran apartados por su propio jefe, el fiscal regional Carlos Arietti.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo Apanowicz dijo que la ley que sacaron los senadores no tiene antecedentes en el mundo. Y confirmó que le pidieron una audiencia a Lifschitz para solicitarle que vete la ley, como le sugieren varios de sus propios ministros. Apanowicz dijo que si no hay veto, impugnarán la norma en Tribunales, con amparos y planteos de inconstitucionalidad.

La Asociación de Fiscales ya dijo que la ley "afecta la independencia de poderes" y deja  los fiscales "completamente vulnerables" ante el poder político porque si alguno se anima a investigar a "personas con incidencia política" corre el riesgo de "ser destituidos a través de una simple votación en la Legislatura".

Ayer, el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores de todo el país y el Consejo Federal de Política Criminal compartieron la "grave preocupación" por la reforma legislativa que deja a los fiscales en una "situación de inestabilidad y precariedad" para investigar al poder político y podría "aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley".