Día de tensión en La Salada
Otro show con 2000 policías
Imagen: Télam

La feria de La Salada fue otra vez el escenario de un megaoperativo, con más de 2000 efectivos de la Policía Bonaerense, Federal y porteña, que desde temprano hicieron allanamientos en las tres ferias del complejo del Partido de Lomas de Zamora, en el marco de una investigación por falsificaciones de marcas, según fuentes policiales. Las inspecciones se iniciaron esta mañana por orden del juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, quien reunió en una sola investigación más de 60 causas abiertas en las que se denunciaba fraude de marcas.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a La Salada cuando todavía había clientes dentro, mientras el predio se empezaba a poblar por miles de policías con escudos y armas en las manos. Los oficiales de la Policía están aún llevándose del lugar bolsones a los que les pusieron el cartel "mercadería secuestrada". El jefe de seguridad de la feria Urkupiña, un ex policía bonaerense apartado por actos de corrupción, se entregó acusado de formar parte de una asociación ilícita.

El objetivo de la Justicia, dijeron,  es recabar pruebas sobre el negocio de la venta ilegal de vestimentas que también involucra los delitos de asociación ilícita, amenazas y extorsión, y ocupación ilegal del espacio público. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó sacar rédito político del hecho, como lo hizo anteriormente con otra decisión del mismo juez.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, advirtió que desde el Gobierno no van a "permitir que la necesidad se convierta en esclavitud". "Detrás de la adulteración de marcas y la evasión de impuestos hay, además, demasiadas cosas oscuras como trata de personas, sometimiento, amenazas, extorsiones ", aseguró.

El magistrado Villena dictó el 21 de junio pasado la detención de Jorge Castillo, el dueño del paseo comercial Punta Mogote, y otras 20 personas acusadas de conformar una triple asociación ilícita que cobraba permisos ilegales para la instalación de puestos callejeros donde habían sido prohibidos hace dos años. El hecho había comenzado a investigarse en 2015, cuando Cambiemos no estaba en el gobierno-, no obstante Bullrich lo enmarcó como uno más de la lucha contra "las mafias". 

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