Desde Santa Fe.

El vicegobernador Carlos Fascendini valoró el "consenso" político con el que salió la reforma a las leyes 13.013 y 13.014 que extendió el control externo de la Legislatura a fiscales y defensores de grado ‑con el mismo proceso que se aplica a los jefes del Ministerio Público de la Acusación (MAP) y del Servicio de la Defensa Penal‑ y consideró que será "muy difícil" que Miguel Lifschitz vete "una ley que salió por unanimidad" en el Senado y en la Cámara de Diputados, como ya pidieron el fiscal general Ricardo Baclini y la defensora general de la provincia Jaquelina Balangione y hasta lo sugirió el presidente de la Corte Suprema Daniel Erbetta. Fascendini dijo que "no sabe" cuál será la decisión de Lifschitz, si el gobernador utilizará la potestad del veto o no, sólo se limitó a ponderar que la ley salió por "un acuerdo muy amplio", que derivó en la sanción "unánime" en ambas Cámaras. La votaron  hasta los legisladores más críticos a la remoción del ex defensor general Gabriel Ganón ‑y su reemplazo por Balangione‑ y el pase de funcionarios socialistas y radicales al Poder Judicial y al Ministerio Público, entre ellas la ex presidenta del Consejo de la Magistratura María Cecilia Vranicich, quien hoy investiga a fiscales desplazados de causas sensibles para la Casa Gris. 

Fascendini no esquivó el diálogo, cuando Rosario 12 le preguntó por el revuelo que generó el asunto. La reforma extiende el control de la Legislatura a fiscales y defensores de primera instancia que "podrán ser removidos" por el "mismo procedimiento" y "las mismas causas" previstas para la "remoción" del fiscal general y la defensora general. La ley salió por "consenso", "se aprobó por unanimidad de todos los bloques" en las dos Cámaras, dijo el vice. "Más allá de eso, los planteos de tipo constitucional o legal seguramente se analizarán en la Fiscalía de Estado para ver su hay algún aspecto que observar".

‑Ya hay pedidos al Poder Ejecutivo para que vete la ley.

‑Se lo está analizando y se verá, pero desde ya que es muy difícil vetar una ley que salió por unanimidad ‑sorprendió.

‑¿Es difícil vetarla?

‑Sí, salió por unanimidad, salvo que haya aspectos técnicos que ameriten una inconstitucionalidad, que es lo que se está analizando.

‑Por su respuesta ¿debo interpretar que no habrá veto?

‑No lo sé, eso lo va a decidir el gobernador ‑cerró Fascendini.

El lobby para que Lifschitz vete la reforma está disponible en las páginas oficiales del Ministerio Público y la Defensa. La que responde a Baclini publica trece pronunciamientos de fiscales, defensores y magistrados y la que dirige Balangione catorce, que son los mismos y casi en el mismo orden.

El proyecto nació en el Senado el 30 de noviembre, en la última sesión del período ordinario. Lo firman los cuatro presidentes de bloques: Armando Traferri (PJ), Felipe Michlig (UCR), Lisandro Enrico (radicales del sur) y Emilio Jatón (socialismo). Y se presentó en el recinto, cuando ya había un acuerdo con Diputados que negociaron los jefes del interbloque del Frente Progresista, Eduardo Di Pollina y Rubén Galassi. "La sanción de la ley es el resultado de un extenso proceso de estudio entre todos los bloques de ambas Cámaras", dijo Traferri. "Es un acuerdo muy amplio y pocas veces visto entre los legisladores de todo el arco político de la provincia: el socialismo, el peronismo, el radicalismo, Cambiemos, el Partido Demócrata Progresista e incluso diputados de bloques unipersonales que votaron la ley de manera unánime".

Un diputado que pidió reserva de identidad contó cómo se negoció el acuerdo entre ambas Cámaras. Di Pollina ‑dijo la fuente‑ se encargó de defender el proyecto en la comisión de Labor Parlamentaria, que reúne a todos los jefes bloques. "Es una reforma al Ministerio Público de la Acusación que por su propia auditoría se controla a sí mismo. Lo que se pide es que haya un control externo de otro poder, que es el Poder Legislativo. Nosotros estamos de acuerdo. A todos nos pareció bien  porque la Legislatura es un poder plural que mejora la posibilidad de defenderse ante presiones del poder político y económico. Esto es lo que pasó", agregó la fuente. Y por eso, votaron la ley los diputados más "críticos" a la "colonización política del Poder Judicial como quedó a la vista" en el desplazamiento de fiscales que investigaban a funcionarios políticos. O en el caso de Ganón, puntualizó.