Segunda vuelta electoral, dos candidatos e incertidumbre para la población entera. Así se muestran las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 13 de abril en Ecuador, con Luisa González como candidata por el partido Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, candidato por Acción Democrática Nacional (ADN) y actual presidente del Ecuador. En este segundo periodo de campaña electoral, se ha mantenido la aceptación y rechazo al gobierno de Noboa, y la polarización social entre el correísmo y el anticorreísmo. Esta coyuntura no refleja certezas, sino dudas y desconocimiento sobre el futuro del país.
En lugar de buscar conectar con la población indecisa, los candidatos optaron por dirigirse a sus votantes manteniendo los discursos polarizantes. Esta estrategia, evidente durante el debate presidencial del pasado 15 de marzo, no solo evitó esclarecer las propuestas, sino que también contribuyó a reforzar el desencanto y la falta de definición entre quienes aún no deciden su voto. Ante esta polarización e indecisión, la desafección política crece, alimentada por una población que vive agotada y con miedo entre la violencia y la falta de garantías públicas sobre derechos fundamentales como el trabajo, la educación e incluso servicios básicos como la electricidad.
La indecisión también se debe a que ambos candidatos tienen pendientes en común: la corrupción, deudas históricas con mujeres, pueblos y nacionalidades, barrios e incluso con la naturaleza. Frente a esto, existe un sector de la población que, como expresión de rechazo o de no representación por ninguna de las opciones, se decanta por el voto nulo. Si bien este tipo de voto es históricamente una forma de rechazo ideológico contra los candidatos e incluso contra el propio sistema electoral fallido, el impacto de este voto no incide en cambiar las condiciones urgentes que tiene actualmente el país. El nulo no tiene la capacidad para pelear en la cancha electoral, y si aspira a hacerlo, debería empezar por sumarse a disputar el poder del Estado en las urnas con propuestas que representen las necesidades actuales. Al fin y al cabo, uno de los dos candidatos va a ganar, y nuevamente tendremos que asumir la responsabilidad de decidir por la opción menos riesgosa frente a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos.
Ubicar a ambos candidatos en un mismo espectro de administración del Estado es un error. Sabemos que Daniel Noboa no es una opción y con este panorama, es crucial subrayar por qué la permanencia del candidato-presidente representaría un mayor riesgo para el país. Él llegó al poder sin proyecto político sostenible y sin equipos técnicos capacitados en administración pública, pero tenía un objetivo que evidentemente lo sigue cumpliendo: beneficiarse y enriquecerse utilizando al Estado. No es sorpresa su improvisación, pues es el heredero del Grupo Noboa, Emporio empresarial que concentra más riquezas en el país y conocido por su lucrativo negocio de la exportación del banano, y que ha estado involucrado en conocidos casos de explotación infantil y evasión de impuestos. Ahora, la familia Noboa no solo mantiene el control económico sino también estatal del país.
En sus 18 meses como presidente, Daniel Noboa ha gobernado a través de artimañas inconstitucionales que no responden a las necesidades del país. Por ejemplo, a través del Decreto Ejecutivo No. 111 del 9 de enero de 2024, declaró un Conflicto Armado Interno (CAI) a partir del cual se dispuso injustificadamente la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas para “garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. Asimismo, mediante la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno vigente desde el 12 de marzo, impulsó el incremento del IVA al 15%.
Lejos de reducir la inseguridad, la población ha vivido una serie de abusos de poder por parte de las Fuerzas Armadas que, hasta enero de 2025, ha llegado incluso a 33 casos de desapariciones forzadas, en su mayoría niños, adolescentes y jóvenes racializados de sectores abandonados por el Estado. Asimismo, han aumentado las muertes violentas en el país, resultando en enero de 2025 el mes más violento de la historia ecuatoriana, con 781 homicidios. No menos importante, la vulneración de derechos que ha vivido su vicepresidenta por parte de él mismo y sus aliados, muestran el irrespeto a su propia compañera y a la democracia que agoniza en el país.
Cada decisión de Noboa ha estado dirigida a desviar el foco de atención de su beneficio económico bajo el discurso simplista y punitivista de la mano dura para gestionar la crisis social. Bajo su gobierno, se ha consolidado un modelo de represión sin redistribución de las riquezas que refuerza la lógica neoliberal y evade atender las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades. La austeridad de este gobierno se ha sentido en cada interacción ciudadana con los servicios públicos: desde solicitar la renovación de la cédula de identificación hasta buscar una cita médica, pasando por la imposibilidad de habitar el espacio público en condiciones dignas y seguras. Sin empleo, educación y justicia, el ciclo de violencia no va a parar.
Luisa González, por su parte, carga con el peso de un pasado que divide: la RC representa tanto un periodo de estabilidad y expansión estatal como también de persecución para líderes comunitarios, autoritarismo e hiperpresidencialismo. Sin embargo, su propuesta actual parece asumir cierto aprendizaje de los errores, pues en la campaña ha buscado posicionarse como una figura con capacidad propia. Si bien esto no resuelve las tensiones alrededor de su partido, sí representa una opción que discute políticas desde una lógica de fortalecimiento de lo público. Aunque, advertimos desde ya que en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha continuará frente a su vocal postura en contra del aborto.
No se trata de romantizar ni olvidar el historial problemático de la RC5. De hecho, la ciudadanía debe exigir a los gobiernos de turno aspectos que no son negociables como los derechos humanos. Por eso, entre un gobierno que desmantela al Estado, y otro que con todas sus falencias defiende la inversión pública, la decisión debe ser crítica, pragmática y realista. Noboa encarna el continuismo de su enriquecimiento a costa de la inseguridad y la violencia que vive la población, sobre todo en la costa del país. El candidato-presidente representa la improvisación, el detrimento institucional y la criminalización de la protesta. Su reelección consolidaría un modelo de gobernabilidad sin proyecto sostenible para el país.
La participación política no empieza ni termina en las urnas. Frente al siguiente gobierno de turno, las personas necesitamos votar pero también continuar informándonos, organizándonos y resistir ante todo menoscabo de nuestros derechos. Si ninguno nos convence, es hora de que la izquierda, el movimiento feminista y demás espacios se organicen y disputen el poder del Estado en las urnas sin abandonar las calles. En estos momentos, es crucial decidir en qué condiciones vamos a seguir resistiendo por el presente y futuro de este país.
