El fiscal José Luis Caterina imputó ayer a 13 policías y 4 civiles por haberse quedado con partidas de dinero destinadas al combustible de las patrullas. Según detalló ante el juez Gustavo Pérez Urrechu, las maniobras se hicieron de dos maneras: una mediante sobrefacturación, y otra a través de cargas ficticias, nunca realizadas. El perjuicio económico mensual de los últimos diez meses fue estimado en unos 45 millones de pesos. La mayoría de los uniformados están sospechados de cometer los delitos de peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario y cohecho pasivo. También algunos están investigados por falsedad ideológica con diferentes grados de participación. Todos los involucrados siguieron la audiencia mediante videoconferencia. La acusación se retomará este miércoles por la tarde, donde se resolverá la petición del Ministerio Público de la Acusación de que queden presos 16 de los 17 sospechosos. La única exceptuada sería una empleada administrativa de la estación de servicio Puma.

Los policías que llegan a la audiencia fueron identificados como el comisario Rodrigo Domínguez (jefe Secretaría Privada de la Unidad Regional II); comisario supervisor Gerardo Ramírez (jefe Garaje URII); comisario Juan Pablo Pigozzi (jefe de la Brigada de Orden Urbano BOU); el inspector Mario Brest y el comisario Fabián Fantín (jefe y subjefe de Caballería y Perros); inspector Juan Alberto Villordo (encargado de combustible de Motorizada); inspectora Nancy Plomer (por fuera de la órbita del combustible pero habilitada por su pareja López); inspector Franco Cuesta (como jefe de Logística de la Policía de Investigaciones PDI); subinspector Javier Arce (por Cuerpo Guardia Infantería); subinspector Jorge Delgado (por División Logística); subinspector Fernando Ceballos (por el Grupo Táctico Multipropósito); subinspector Gustavo Bazán (Garaje) y el subinspector Sergio “Pata Corta” López (encargado del combustible por Comando Radioeléctrico).Por su parte, los civiles imputados fueron Daniel Alberto Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos relacionados con el manejo de la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 –ubicada cerca de la Jefatura de la Policía, en la zona sudoeste de Rosario–, donde según la causa se “concentraron” la mayoría de las operaciones

Según la imputación, los responsables del combustible en distintas secciones de la policía retenían las tarjetas que debían permanecer en los vehículos oficiales, y las utilizaban para efectuar operaciones fraudulentas: cargaban combustible en menor cantidad de la declarada o directamente registraban cargas inexistentes. Estas operaciones eran validadas con documentación apócrifa y planillas manipuladas, generando un perjuicio millonario al erario público.

Para concretar las maniobras, el fiscal explicó que los agentes involucrados concentraron las tarjetas de débito denominadas “visa flota” –que en realidad debían estar a disposición de cada móvil o chofer para el momento de la carga– y realizaron una facturación por encima del combustible entregado, o una carga fantasma, es decir, sin entrega de la nafta.

Según el legajo, los policías mentían en las rendiciones de cuenta, tanto en las planillas elevadas como en los tickets rendidos. En tanto, los responsables de la estación de servicio que funcionaba bajo la firma “Gas Auto Tiferno S. A.” fueron considerados “una pieza fundamental” en el desvío de recursos.

A modo de ejemplo, desde Asuntos Internos se relevó que 85 móviles policiales figuraban fuera de servicio en julio de 2024, sin embargo, aparecen realizando cargas de combustible, de acuerdo a un informe que data de agosto del año pasado. Otro caso fue el del patrullero Fiat Cronos N° 10.770 del Comando Radioeléctrico que consumió 730 litros, cuando su recorrido hecho marcaba que debió haber demandado 560 litros.

En su planteo, el fiscal explicó que el punto de partida de la investigación fue un anónimo que llegó a su oficina el 10 de julio de 2024 a través de correo postal donde se manifestaba que varios empleados policiales estaban realizando negocios y enriqueciendo su patrimonio con el combustible de los móviles. Por fraudes similares en el pasado, la recarga se realizaba mediante el sistema Visa Flota.

En septiembre, indicó el fiscal, la unidad de Asuntos Internos presentó informes sobre verificaciones en la sección Garage Oficial, a cargo de Ramírez, en la cual se detectaron inconsistencias en carga de combustible en móviles del Comando Radioeléctrico. Además se realizó un seguimiento aleatorio por GPS de los patrulleros. Se descubrió que solían posicionarse en la estación de servicios Puma, pero en horarios distintos a los que se consignaban en las facturaciones.

Las unidades relevadas cargaban más nafta de la que gastaban, unos 14 litros por cada cien kilómetros, cuando deberían haber gastado, en promedio, unos 8 litros por esa distancia. El seguimiento a un auto Fiat Cronos elegido como patrullero testigo arrojó un desfasaje entre el kilometraje y el consumo: había facturado 170 litros por encima de lo necesario para cubrir su recorrido. Además, se descubrió que algunos vehículos en desuso aparecían en las listas de carga de combustible.

En un paso siguiente de la pesquisa se constató que varios funcionarios de distintas áreas de Jefatura iban con frecuencia a a la estación de servicios Puma, pero esas visitas no se correlacionaban con las cargas mediante la tarjeta Visa Flota.